La situación en Colombia es grave para su pueblo. A las injusticias y desigualdades históricas que benefician a un sector muy concentrado de la población que mantiene sus privilegios con la violencia y la represión, se le agregan los retrocesos ocasionados por el gobierno de Iván Duque, quien no solo demuestra una nula voluntad de cumplir con los Acuerdos de Paz firmados en 2016 entre las FARC y el Estado Colombiano, que criminaliza la protesta social y reprime con violencia las distintas movilizaciones.
Desde la llegada del acual presidente al gobierno, se contabilizan más de cien asesinatos de líderes y lideresas sociales, un incremento de la judicialización de las organizaciones campesinas, indígenas y negras, como también a movimientos populares que defienden la Paz con justicia social.
Los incumplimientos en los Acuerdos de La Habana y en los cientos de acuerdos logrados con la protesta social nuevamente han llevado al campo popular colombiano a las rutas y calles. Como sucede desde inicios de Marzo hasta la fecha con la “Minga indígena, social y popular en defensa de la vida, el territorio, la autonomía y la soberanía”, que ya lleva varias semanas de movilización para poder dialogar y resolver sus probemas básicos. La respuesta del gobierno ha sido la represión y la muerte, que al día de hoy suman once víctimas mortales, entre las que se encuentran mingueros, mingueras, y estudiantes que se han movilizado en defensa de la Minga, además de decenas de personas heridas.
En lo que respecta a la implementación de los Acuerdos de Paz, desde varias instituciones y organismos internacionales responsables de la observación y monitoreo se viene denunciando con preocupación el incumplimiento a lo acordado por parte del gobierno, que se verifica en la desfinanciación de las nuevas instituciones creadas para garantizar la paz estable y duradera, en el cuestionamiento a la Justicia Especial para la Paz y por sobre todo en la ausencia de las garantias para resguardar la vida tanto de ex combatientes y sus familiares, como de aquellos sectores que históricamente han sido afectados por las desigualdades que caracterizan al Estado colombiano y que ocasionaron el conflicto armado, como son las poblaciones campesinas, indígenas y negras.
Los organismos multilaterales internacionales y regionales como la OEA no se han pronunciado ni han denunciado las acciones violatorias de los derechos humanos que comete el gobierno colombiano, cuando paradójicamente, si se han pronunciado en muchos casos que son de conveniencia para la agenda injerencista de los EE.UU.
Por estas razones, las organizaciones sociales, políticas y sindicales de todo el territorio nacional han definido que el 25 de abril se realice un Paro Nacional en defensa de la vida de los líderes y lideresas sociales, en apoyo a la implementación de los Acuerdos de Paz firmados, en exigencia a la continuación de los diálogos con el ELN y en rechazo a las medidas económicas anunciadas por el gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo.
Como organizaciones y plataformas internacionales, preocupadas enormemente por lo que sucede en Colombia y la invisibilización en la opinión pública internacional, hacemos un llamado global a que nos solidaricemos con el pueblo colombiano en su voluntad de movilización en escenarios como la Minga, su compromiso con la construcción de la Paz con justicia social, para que exijamos internacionalmente el cumplimiento por parte del gobierno de Duque de los Acuerdos de paz, la reanudación de la mesa de diálogo con el ELN y denunciemos la violación sistemática de los derechos humanos en Colombia.
Este 25 de abril convocamos:
A realizar concentraciones, movilizaciones plantones a las embajadas y consulados de Colombia en todo los países.
A expresarnos a través de videos, fotos, pintadas, y acciones en las redes sociales.
A presentar cartas de denuncia en la cancillerías de nuestros países.
#DuqueRespeteLaPaz
#DuqueRespeteLosDerechosHumanos
