Bolivia: Referendo constitucional

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La sesión del Congreso se dio en medio de un cerco del
edificio, iniciado el martes por los principales movimientos sociales
del país, que exigían justamente la aprobación de las dos consultas,
marcadas para el día 4 de mayo.

Más de dos tercios de los parlamentarios comparecieron, quórum
suficiente para el inicio de la plenaria. Algunos congresistas
opositores presentes, en número reducido, intentaron bloquear el
desarrollo de la sesión, mientras otros habían sido impedidos de entrar
al Parlamento por los manifestantes gobiernistas –dos congresistas
habían llegado a ser insultadas y agredidas-. Tales hechos hicieron que
la aprobación de los referendos fuese calificada de “ilegal”,
“autoritaria” y “antidemocrática” por la oposición.

Los simpatizantes del presidente Evo Morales afirmaron que la sesión fue
legítima, puesto que la mayoría del pueblo quería las consultas, pero
los opositores intentaban trabar el proceso, en nombre de intereses
oligárquicos. El Jefe de Estado promulgó, en la mañana del viernes, las
leyes de convocatoria.

“Esfuerzos”

“Hicimos todos los esfuerzos para encontrar un acuerdo, pero, como
respuesta, recibimos un rechazo brutal. Ahora, el pueblo es quien debe
definir con su voto si se aprueba o rechaza la nueva Constitución
Política del Estado”, afirmó el vicepresidente boliviano y presidente
del Congreso, Álvaro García Linera, tras la conclusión de la sesión
legislativa.

Desde la semana anterior, en el ámbito del Congreso, gobierno y
oposición buscaban compatibilizar la nueva Carta Magna con los estatutos
autonómicos –lanzados en diciembre por los departamentos de Santa Cruz,
Beni, Pando y Tarija (que conforman la llamada “media-luna”), en
respuesta a la aprobación de la Constitución. Sin embargo, el diálogo
avanzó poco. Es entonces que se inicia el cerco de los movimientos
sociales al Parlamento. El miércoles, las organizaciones habían dado un
plazo de 24 horas para la aprobación de los referendos.

La consulta dirimente debía ser aprobada hasta al 15 de enero, de
acuerdo con una resolución de la Asamblea Constituyente. El texto de la
nueva Constitución fue ratificado en detalle el 9 de diciembre, en
Oruro. La aprobación general, sin embargo, se dio el 24 de noviembre,
sin la presencia de la mayor parte de la oposición y en un colegio
militar de Sucre, mientras en el exterior se registraban duros
enfrentamientos entre la policía y defensores de la capitalidad para
esta ciudad. Tres manifestantes murieron. La oposición evoca esos
acontecimientos para calificar de ilegal la nueva Carta Magna.

Autonomías

En la sesión del jueves se contemplaba continuar en la búsqueda de
salidas a la crisis política. Sin embargo, acogiendo la sugerencia de un
congresista del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), se cambió el
orden del día para dar paso a la aprobación de la convocatoria a los
referendos.

Durante la sesión, el legislativo aprobó también una ley interpretativa
sobre un párrafo de la Ley de Referendos, según la cual la facultad de
convocar a consultas departamentales es de exclusividad del Congreso,
mientras no existan gobiernos departamentales conformados por órganos
ejecutivos y deliberantes elegidos por voto popular. En 2005, hubo, por
primera vez, elecciones para gobernadores departamentales, pero todavía
no han sido conformados los órganos legislativos en los departamentos.

Los departamentos de Beni y Santa Cruz ya habían llamado a referendos
sobre sus estatutos autonómicos y no pretenden anularlos. El primero
está fijado para el 1º de junio, mientras el segundo, así como los
referendos constitucionales, para el día 4 de mayo. Tarija y Pando
también esperan convocar sus consultas en algunos días.

Latifundio

En el caso del referéndum dirimente del artículo 398 de la nueva
Constitución, la población deberá decidir si una propiedad de tierra
deberá tener, como máximo, cinco mil o diez mil hectáreas. El texto
constitucional prohíbe el latifundio, considerándolo como la propiedad
improductiva de la tierra, la que no cumple con la Función Económica y
Social, la explotación de la tierra que aplica un sistema de
servidumbre, semi-esclavitud o esclavitud en la relación laboral, o la
propiedad que supera la superficie máxima establecida en la ley. La
consulta dirimente se refiere exactamente a la “superficie máxima” citada.

La reacción de la oposición llegó inmediatamente. El gobernador de Santa
Cruz, Rubén Costas, afirmó que la aprobación de los referendos en el
Congreso responde a la desesperación del gobierno al ver fracasar su
intento de querer ser totalitario. Los congresistas de partidos de
oposición como el Poder Democrático Social (Podemos) y el Movimiento
Nacionalista Revolucionario (MNR) han llamado ya a un desacato a la
decisión del Parlamento. .

– Igor Ojeda, es corresponsal de Brasil de Fato en La Paz (Bolivia)

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