CHILE: Aymaras versus minera trasnacional

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Un lamento se le escapa a Antonio Mamani,
dirigente de Cancosa, al ver el estado de las
vegas y bofedales de la cuenca de Lagunillas,
donde se bañaba cuando niño y donde hasta hace
poco pastoreaban sus llamas y alpacas.

Las vegas son tierras húmedas y los bofedales
son ciénagas de páramo, ambientes típicos de humedal de la puna andina.

En 2005, la gubernamental Dirección General
de Aguas (DGA) estableció que este ecosistema se
había secado por la extracción de agua
subterránea realizada por la explotadora de cobre CMCC.

Miembros de la comunidad de Cancosa, en la
comuna de Pica, 170 kilómetros al este de la
ciudad puerto de Iquique, aseguran poseer títulos
de propiedad sobre ese vasto territorio,
confirmados a IPS por Bob Brkovic, abogado de la
gubernamental Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) de
Tarapacá.

Las vegas y bofedales, que se nutren de aguas
superficiales y subterráneas, están legalmente
protegidos desde 1992, sirven de forraje y
abrevadero de vicuñas, guanacos, llamas y
alpacas, principal sustento de muchas comunidades
indígenas aymaras, quechuas y atacameñas.

Aunque Cancosa se compone de más de 80
familias, unas 350 personas, en la aldea en plena
cordillera de los Andes, a 3.962 metros sobre el
nivel del mar, hoy no quedan más de 10 integrantes.

Otros 20 indígenas visitan el lugar para
cuidar su ganado y sus plantaciones de quínoa,
una planta alimenticia. Uno de ellos es Antonio
Mamani, quien entre 1994 y 2000 se desempeñó como
subdirector nacional de la Conadi y hoy trabaja
en Iquique como secretario ejecutivo de la
Asociación de Municipios Rurales de Tarapacá.

El resto han emigrado a zonas urbanas en
busca de trabajo y educación para sus hijos.
Pero, pese a su disgregación física, la comunidad
ha estrechado lazos para defender parte de su
territorio, que aspiran volver a ocupar.

AYUDA MUTUA

La relación con CMCC partió en los años 80,
cuando la minera era de propiedad de la
canadiense Río Algom. Tras la privatización de
los derechos sobre los recursos hídricos
dispuesta en 1981, la empresa solicitó derechos
de aprovechamiento de agua por 300 litros por
segundo del acuífero de la cuenca de Lagunillas, propiedad de Cancosa.

Según Mamani, CMCC se acercó a los aymaras
para entablar una relación de “ayuda mutua”: la
minera apadrinó a la comunidad y ésta le arrendó
en 1991 el predio Huantija por un periodo de 30
años. La suma pactada fue de 6.000 dólares
anuales, cancelada en cuatro cuotas trimestrales,
que al cabo del periodo sumarán 180.000 dólares.
Los aymaras utilizan ese dinero para diferentes
proyectos de desarrollo y actividades culturales.

La comunidad aceptó que CMCC realizara
“trabajos de exploración tendientes a encontrar
agua subterránea” e instalara los pozos
necesarios para “alumbrarla”. La única
“limitación” era la prohibición de efectuar
faenas en las vertientes y en la enorme laguna de Huantija aledaña al
bofedal.

CMCC, productor de 116.000 toneladas anuales
de cátodos de cobre que extrae de un yacimiento a
cielo abierto, comenzó sus operaciones en 1994.
El agua que saca del acuífero de Lagunillas a
través de tres pozos es trasladada por un
acueducto de 76 kilómetros hacia la mina ubicada
en la vecina comuna de Pozo Almonte.

En 2000, la empresa fue adquirida por la
británica BHP, que en 2003 se fusionó con
Billiton. Y en 2002, la comunidad notó que el
nivel de agua de la laguna había bajado y que las
cinco vertientes de agua dulce y el bofedal se
habían secado. “Nos sentimos engañados”, exclama Mamani.

La DGA constató en febrero de 2005 “un
manifiesto daño ambiental sobre casi la totalidad
del bofedal de Lagunillas”. “Las especies que
conforman el sistema vegetacional han muerto en
grandes sectores del bofedal y en otros su
condición es paupérrima”, dice un informe del organismo.

“El estado de degradación” era tal que “su
autorrecuperación o recuperación natural ya no es
posible”, remarcó la DGA, y consideró que “existe
suficiente evidencia que demuestra que se estaría
ante una desecación del humedal debido a las
extracciones de agua subterránea que realiza CMCC
en la cuenca”, pues el acuífero bajó en ocho metros su nivel.

CMCC, que dice bombear 125 litros de agua por
segundo, no reconoce su responsabilidad. La
afectación del bofedal se debió a una inundación
causada por las altas precipitaciones de 2001,
“evento natural que se combinó con un efecto
producto del bombeo, el que principalmente tuvo
consecuencias en el flujo natural de las
vertientes”, indicó una fuente de la empresa a IPS.

En marzo de 2005, la DGA recomendó a la
Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de
Tarapacá iniciar un proceso de sanción contra
CMCC por incumplimiento de obligaciones ambientales.

La minera se había comprometido a vigilar el
comportamiento de la cuenca y a informar
inmediatamente de algún impacto no previsto con el fin de revertirlo.

No fue hasta febrero de 2006, casi un año
después, que la Corema resolvió castigarla con
las multas más elevadas (40 millones de pesos,
unos 80.000 dólares) y enviar los antecedentes al
Consejo de Defensa del Estado (CDE) para demandar
judicialmente la acción de reparación de daño ambiental.

Tras un año de alegatos de la empresa, en
mayo de 2007 la Corema —integrada por
autoridades locales, representantes de la
ciudadanía y organismos técnicos— decidió de
forma unánime mantener la multa, pero, en
votación dividida, no remitir el caso al CDE.

La intendenta (representante del gobierno
nacional) de la región de Tarapacá y presidenta
de la Corema, Antonella Sciaraffia, dijo a IPS
que se decidió no requerir la actuación del CDE
porque los “organismos técnicos” evaluaron
“positivamente” el sistema de mitigación que CMCC
inició en el sector hace un año, pese a que,
paradójicamente, éstos votaron a favor de seguir acciones legales.

“El principal (resultado del plan) es que hay
una reactivación de la vegetación en más de 60
por ciento del área del bofedal afectado, además
de un aumento en la cobertura” vegetal, aseveró a
IPS la minera. “Junto con ello, estamos aplicando
pruebas de propagación vegetacional asistida y
vamos a evaluar la reubicación del pozo más
cercano al bofedal hacia un punto más lejano”, agregó.

Pero la directora de la Comisión Nacional de
Medio Ambiente (Conama) en Tarapacá, Sandra Peña,
explicó a IPS que el bofedal se dividió en varias
parcelas y que en sólo una de ellas se observa una recuperación.

Además, Peña puso en duda la efectividad de
este “círculo cerrado”, dado que esa mitigación
del daño implica el riego artificial de las
vertientes con agua que la empresa bombea desde
el mismo acuífero afectado. “Yo no soy tan optimista como la empresa”,
aclaró.

Más aún, este plan todavía no ha sido
aprobado por la Corema, proceso que podría durar
un par de meses, y en el que se determinará si el
humedal puede ser rescatado, de qué forma y en
qué plazos, indicó la autoridad.

Asimismo, de oficializarse el proyecto, la
empresa deberá dejar establecido en algún
documento legal que se preocupará de la
reparación del sector después de terminadas sus
operaciones en 2016, añadió Peña. La empresa
asegura que su plan es a corto, mediano y largo
plazo, inclusive más allá del fin de la explotación de cobre.

ÚLTIMAS CONSECUENCIAS

Desilusionada por la lentitud de los
organismos públicos, la comunidad de Cancosa,
dotada de personería jurídica desde 1995 de
acuerdo con la Ley Indígena de 1993, presentó dos demandas contra CMCC.

La primera es por indemnización de perjuicios
por daño ambiental (por 40 millones de dólares),
interpuesta el 25 de abril de 2006, y la segunda
es por reparación de daño ambiental, entablada el
18 de abril de 2007. En ambos casos la discusión
de fondo está paralizada por la presentación de
recursos dilatorios de la empresa, aseguró a IPS
Rodrigo Muñoz, abogado que representa a los aymaras.

Ambos procesos pueden demorar hasta nueve
años en obtener un fallo definitivo. Pero Muñoz y
Brkovic creen que la comunidad obtendrá una
sentencia favorable por la contundencia de los
informes de la DGA, la jurisprudencia que se ha
sentado en los últimos años a favor de los
pueblos indígenas y el alto grado de movilización
de la comunidad, que cuenta con varios profesionales entre sus miembros.

Nancy Yánez, co-directora del Observatorio de
Derechos de los Pueblos Indígenas, que apoya a
otras cinco comunidades del norte con problemas
parecidos, aseguró a IPS que el caso de Cancosa
“es emblemático porque es una muestra de cómo
opera la minería en el altiplano”.

Lucio Cuenca, director del Observatorio
Latinoamericano de Conflictos Ambientales (Olca),
dijo a IPS que “no se puede desarrollar minería
en cualquier lugar. Es hora de ponerle límites”,
pues cada día hay más proyectos que se instalan
en la alta cordillera, cerca de glaciares o nacientes de cursos de aguas.

Para la Conade, la relación entre las mineras
y las comunidades indígenas ha sido “nefasta”,
pese a la gran cantidad de recursos que entregan,
porque han creado conflictos entre los grupos que
reciben apoyo y los que no, generando un cierto grado de “subordinación”.

Cancosa no se niega a un acuerdo con la
minera para recuperar el bofedal, pero esto
depende de la voluntad de la empresa de invertir
lo necesario. Piensan conversar directamente con
los dueños de BHP Billiton para exponerles el
caso y no descartan recurrir a instancias internacionales.

“Vamos a luchar hasta las últimas
consecuencias por defender nuestros derechos,
porque pensamos que el daño es muy grande. Nos ha
dañado un patrimonio cultural, que ya no puede
ser ocupado como destino turístico. Nuestros
padres se han ido con el dolor de haber entregado
inocentemente nuestra riqueza”, concluyó Fidel
Challapa, presidente de la comunidad.

*****

+ Foto del Bofedal de Lagunillas. Crédito:
Daniela Estrada (http://www.ipsnoticias.net/fotos/befedal_4.jpg)

+ PERÚ: El oro se va con el agua
(http://www.ipsenespanol.net/nota.asp?idnews=38759)

+ Compañía Minera Cerro Colorado (CMCC) (http://www.cmcc.cl)

+ Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (http://www.conadi.cl)

+ Dirección General de Aguas (http://www.dga.cl)

+ Comisión Nacional del Medio Ambiente (http://www.conama.cl)

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