LOS CINCO EN ATLANTA: LA LARGA MARCHA HACIA LA JUSTICIA

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El pasado 9 de agosto, 28 meses despus que los acusados le haban presentado sus argumentos, la Corte de Apelaciones del 11 Circuito pronunci, finalmente, su veredicto revocando las injustas condenas que un Tribunal de Miami haba impuesto, hace ya ms de cuatro aos, contra Cinco jvenes antiterroristas cubanos. La decisin de la Corte de Atlanta no tiene nada de festinada. El proceso para que los acusados pudieran ejercer su derecho a apelar fue largo, complejo y azaroso.

Tuvieron que sortear un sinnmero de obstculos, violatorios de principios y normas internacionales y norteamericanas, que los oblig a defenderse en condiciones tan difciles que desafan la imaginacin. Pareca que nunca llegara su caso a la necesaria revisin por la Corte superior. Y luego los jueces de Atlanta para hacer justicia dedicaron un tiempo cuatro veces mayor que el empleado en la vergonzosa farsa miamense (1).

La decisin de Atlanta tiene una significacin verdaderamente histrica.

Para comprenderlo es necesario ubicarla en su contexto y repasar, aunque sea brevemente, sus antecedentes.

El 12 de septiembre de 1998 el FBI apres a Gerardo Hernndez, Ramn Labaino, Antonio Guerrero, Fernando Gonzlez y Ren Gonzlez. Fueron acusados de ser agentes no registrados del Gobierno de Cuba cuya misin era penetrar los grupos terroristas que operan impunemente en Miami para develar sus planes criminales. Ninguno de ellos tena antecedentes penales, nunca haban sido acusados de violar la ley o transgredir norma o regulacin alguna, no posean armas ni haban estado involucrados jams en actos de violencia o disturbios de ningn tipo. Sin embargo, se les neg la posibilidad de acogerse a la libertad condicional bajo fianza.

Por el contrario, desde el mismo da de su arresto fueron sometidos a confinamiento solitario, encerrados en el infame hueco y ah permanecieron durante 17 meses continuos. Se les impuso un rgimen de castigo completamente ilegal, ya que la ley norteamericana lo prev slo para delincuentes peligrosos que cometan actos violentos dentro de la prisin y limita ese trato a un mximo de 60 das. Se les haca imposible defenderse mientras en Miami estallaba una implacable y masiva campaa de prensa, en la que participaban oficiales del FBI, fiscales y autoridades locales, que los mostraba como a peligrosos enemigos culpables de los peores crmenes incluyendo el de intentar destruir a Estados Unidos(2). Condenados de antemano, sin juicio ni defensa posibles, sobre ellos caa un huracn de calumnias y amenazas.

Pero eso no bastaba a sus acusadores. Para asegurarse de que la justicia fuera irrealizable, la fiscala, de acuerdo con la jueza, clasific como secretas las supuestas pruebas inculpatorias buena parte de ellas propiedad de los propios detenidos incluyendo fotos familiares, cartas personales y recetas de cocina y de ese modo impidi acceder a ellas a los acusados y a los abogados defensores y al mismo tiempo le permiti al Gobierno utilizarlas arbitrariamente y manipularlas. Todava hoy la defensa est a la espera de que se le permita conocer esas pruebas. Infructuosamente lo reclam en reiteradas ocasiones al Tribunal de Miami y sobre ello apel a la Corte de Atlanta y aun no ha recibido respuesta.

En esas condiciones se inici el juicio el 27 de noviembre del ao 2000. Haban decursado 26 meses desde el da en que los Cinco fueron arrestados. Y no olvidemos que de esos 26 meses, 17 los haban pasado hundidos en el hueco.

El fraude judicial miamense concluy en junio de 2001 cuando un jurado dcil y amedrentado, que de antemano anunci el da y la hora exactas en que traera su veredicto, en pocas horas sin hacer una sola pregunta ni expresar la menor duda, los declar culpables de todos los 26 cargos. Para colmo conden a Gerardo Hernndez por algo el absurdo cargo 3, de asesinato en primer grado que la propia fiscala, reconociendo que no lo poda probar, haba pedido retirarlo (3).

Sorprendentemente, tras haber logrado tan fcil y rpidamente el veredicto deseado, la jueza demor 6 meses en dictar sus sentencias. Tard en hacerlo tanto tiempo como el que haba durado el juicio. Por qu? Acaso iba a modificar o rectificar en algn modo la conducta del jurado? Intentaba distanciarse siquiera ligeramente de la peticin fiscal?

Nada de eso. Las desmesuradas sanciones correspondieron literalmente a lo que el Gobierno le haba propuesto. Haca falta tomarse la mitad de un ao para responder? Por qu tanta dilacin?

Al concluir el juicio la jueza haba anunciado que lo hara en septiembre. Mientras ella se iba de vacaciones los Cinco eran sometidos nuevamente a confinamiento solitario. Esta vez permaneceran en el hueco durante 48 das y de l slo salieron tras numerosas gestiones de sus abogados. Esta nueva arbitrariedad tena un propsito evidente: dificultar al mximo la preparacin de sus alegatos, su nica oportunidad para hablar ante el Tribunal. En tal ocasin en lugar de pedir disculpas o rogar clemencia, como es usual que hagan los convictos, los Cinco denunciaron vigorosamente y desenmascararon a los terroristas y al Gobierno que los sostiene y ampara.

Pero algo ms ocurri en septiembre de 2001. El atroz crimen del da 11 haba estremecido a toda la sociedad norteamericana y al mundo entero y la jueza decidi posponer las sesiones de sentencia. Fue un aplazamiento inusitado: tres meses. No fue el luto ni el homenaje a las vctimas del horrendo ataque la causa de esa demora. Ms bien fue todo lo contrario.

Eran otras, completamente diferentes, sus razones. Lo que el Gobierno y ella se proponan hacer era, entre otras cosas, una vulgar afrenta a las vctimas de aquel infausto da. Necesitaban separar lo ms posible ambos acontecimientos y disponer del tiempo suficiente para asegurarse la mayor impunidad contando con la usual colaboracin de los grandes medios silenciadores de la informacin.

El Gobierno iba a culminar una maniobra concebida para dar apoyo y proteccin a los terroristas con quienes la familia Bush tiene estrechos y antiguos vnculos y a los que el actual inquilino de la Casa Blanca haba prometido retribuir en especie el escandaloso fraude que en el 2000 le haba permitido apoderarse de la presidencia.

Para ello la fiscala despus de solicitar las sanciones ms severas, desarrollara ante el Tribunal, con total desvergenza, su inmoral e ilegal teora de la incapacitacin: a los acusados adems de las excesivas condenas se les impondran restricciones muy especficas para que, una vez recuperada su libertad, no estuviesen en capacidad, nunca ms, de intentar cualquier cosa en perjuicio de los asesinos que son ntimos de los Bush y actan como dueos de Miami y desde all organizan y proclaman a los cuatro vientos sus fechoras contra el pueblo de Cuba.

Nunca ms volveran a ser hombres libres. Ms all de los aos de prisin, que incluyen cuatro sanciones de por vida, sufriran un rgimen especial, una suerte de inslito apartheid destinado a proteger a los terroristas. Habra lugares a los que ellos no podran acercarse, sitios que no podran visitar, calles por las que no podran deambular.

De controlar esas espreas e inconstitucionales, prohibiciones se encargara el FBI. El mismo FBI que los persigui, maltrat y fabric contra ellos la infame acusacin. El mismo FBI, por cierto, ante cuyas propias narices vivan, se desplazaban libremente y se entrenaron en el empleo de aviones como armas monstruosas la mayora de los terroristas que atacaron al pueblo estadounidense el 11 de septiembre.

La jueza acogi, desde luego, la solicitud que le hizo el Gobierno y la plasm con estas palabras en las sentencias dictadas contra Ren Gonzlez, condenado a 15 aos y Antonio Guerrero, condenado a cadena perpetua ms 10 aos, ambos ciudadanos norteamericanos por nacimiento: Como una condicin especial adicional de la libertad supervisada, se le prohbe al acusado asociarse con o visitar lugares especficos donde se sabe que estn o frecuentan individuos o grupos tales como terroristas, miembros de organizaciones que propugnan la violencia o figuras del crimen organizado(4).

Los abogados defensores notificaron inmediatamente su determinacin de apelar ante la Corte correspondiente. Pero, otra vez, la larga espera.

Transcurri todo el ao 2002 sin que el Tribunal de Miami trasladase a Atlanta el expediente del caso, requisito indispensable para que la Corte del Onceno Circuito pudiera iniciar el proceso de apelacin.

Ese ao ocurri algo que slo puede suceder en Miami. En junio el gobierno de Estados Unidos compareci como acusado, ante el mismo Tribunal Federal de esa ciudad, en una reclamacin por supuesta discriminacin en el empleo que indirectamente se relacionaba con Cuba (Ramrez vs. Ashcroft). Precisamente un ao antes ese Tribunal haba condenado a los Cinco despus de haberlos juzgado all por insistencia de la fiscala, que alegaba, entonces, que Miami era un centro cosmopolita donde era posible un juicio justo e imparcial para nuestros heroicos compatriotas.

Doce meses despus, sin sonrojarse, los mismos fiscales sostuvieron exactamente todo lo contrario: era imposible all un juicio adecuado respecto a nada que tuviese relacin con Cuba. La fiscala solicit y el Tribunal concedi trasladar la sede de aquel juicio a otra ciudad. Lo mismo que negaron a los Cinco que haban reclamado el cambio de sede una y otra vez, siempre para encontrar el cnico rechazo de quienes poco despus, cuando a ellos convino, en una rpida y fcil decisin tuvieron que admitir la verdad. Es difcil encontrar una prueba ms concluyente de la actitud dolosa, gansteril, de jueces y fiscales miamenses.

Ante esa obvia manifestacin de conducta impropia, arbitraria e ilegal los Cinco volvieron a solicitar la anulacin del juicio realizado contra ellos y que el asunto fuese transferido a otro tribunal fuera del lugar que ahora jueces y fiscales reconocan completamente inapropiado. Aunque parezca increble esta mocin de la defensa, que se fundaba en la misma lgica e iguales razonamientos que empleara el Gobierno, fue rechazada por los fiscales y denegada por la jueza. Unos y otros, no lo olvidemos, eran de Miami. Por eso la Corte de Apelaciones en su fallo del 9 de agosto de 2005 basa su decisin en gran medida en esa mocin de la defensa y censura la manifiesta injusticia de haberla denegado.

No fue hasta enero de 2003 que el expediente judicial culmin su largo y accidentado viaje hasta Atlanta. La Corte del Onceno Circuito fij para el 7 de abril el plazo para que los Cinco presentasen a ella sus escritos de apelacin.

Mientras los papeles quedaban estticos en Miami los Cinco fueron sacados de ah y trasladados a las prisiones de mxima seguridad que los albergan desde comienzos de 2002 y donde hasta ahora permanecen encerrados. Las autoridades que fueron tan morosas en enviar unos documentos a la principal ciudad de un estado vecino y que es uno de los principales centros de comunicaciones de Estados Unidos, supieron ser giles en dispersar a los Cinco por los ms distantes parajes de la geografa norteamericana. Cada uno en una prisin diferente, en cinco estados, lo ms alejados posible, separados al mximo entre s y de sus abogados y sus familiares.

Las familias de los Cinco residen en Cuba y requieren para visitarlos de un visado norteamericano concedido slo tras engorrosos y lentos trmites. A diferencia de cualquier otro preso, ninguno de los Cinco ha contado con ese derecho elemental: para tres de ellos las visitas no han sido semanales, sino al ritmo de una por ao, a Adriana Prez, esposa de Gerardo y a Olga Salanueva, esposa de Ren, se les ha negado sistemticamente las visas. Como consecuencia, Ivette, la hija de Olga y Ren, tampoco ha podido visitar a su padre.

Fue as que tuvieron que preparar los escritos de apelacin. Todos, por supuesto, en un idioma extranjero, sin las supuestas pruebas, sin la posibilidad de consultarse entre ellos, reducida al extremo la comunicacin con sus abogados, y sometidos a un rgimen carcelario de mximo rigor en el que, entre otras cosas, deban trabajar para pagar con su salario los costos del amaado proceso judicial en su contra.

Pero, ya se sabe, nunca se sacia el ojo de ver, ni el odo de or.

Cuando los Cinco se enfrascaban en esa dura y compleja tarea, en las circunstancias ms hostiles, maliciosa y deliberadamente impuestas por las autoridades federales, stas no agotaron su afn de venganza ni su empeo por impedir la justicia.

Para ello existe el hueco y dentro de ste la caja. Y all fueron enviados desde el 28 de febrero hasta el 31 de marzo de 2003. Cada uno, en sus cinco prisiones, en el mes decisivo para la apelacin, otra vez en confinamiento solitario sin contacto alguno con el mundo exterior. Para colmo ahora se les impidi toda comunicacin con sus abogados, se les prohibi hasta los contactos telefnicos y la correspondencia con ellos, se les despoj de los medios para escribir, ni una hoja de papel ni un pedazo de lpiz, y a alguno se le dej sin ropas, en medio del invierno y se le someti a tortura fsica (ruidos, luces y gritos inundando la caja 24 horas cada da)

Esta vez no hubo siquiera el intento de encubrir lo que buscaba el Gobierno. A los Cinco se les impidi acceder a sus documentos legales y a sus abogados no se les permiti comunicarse con sus clientes. Estas medidas las controlaba directamente la Fiscala del Sur de la Florida. Slo la denuncia internacional y la incansable exigencia de los letrados defensores oblig a las autoridades a flexibilizar esas medidas: Leonard Weinglass, abogado de Antonio Guerrero, pudo visitar a su cliente pero en condiciones tan vejaminosas que apenas le sirvi para comprobar las brutales violaciones al derecho a la defensa. Weinglass denunci la situacin ante la Corte de Apelaciones y pidi una prrroga al plazo para presentar los argumentos de Antonio que por la situacin descrita no haba podido completar. Al acceder a esta peticin Atlanta reconoci que estas medidas haban lesionado gravemente los derechos de los acusados y de sus defensores (5).

Ese fue, en apretado resumen, el largo camino recorrido por los Cinco para llegar hasta Atlanta. Avanzar en esa ruta fue una verdadera proeza.

Lo que vino despus fueron otros dos aos de espera. Los tres jueces se tomaron ese tiempo en analizar los argumentos apelativos de ambas partes; estudiaron las actas y todos los materiales relacionados con el caso; revisaron la jurisprudencia, sostuvieron una audiencia oral el 10 de marzo de 2004 en la que se prob la endeblez de los alegatos del Gobierno; pidieron informaciones adicionales a acusadores y defensores y siguieron trabajando hasta alcanzar su definitiva conclusin revocando los veredictos y las sentencias y anulando el juicio de Miami.

La anunciaron el 9 de agosto de 2005 pero los Cinco siguen encerrados en las mismas prisiones de mxima seguridad. All estn junto a personas que se suponen convictas de diversos crmenes, ellos, cada uno diferente a los dems en su crcel, nicos presos respecto a los cuales no existe hoy veredicto de culpabilidad alguna.

No importa al gobierno de Estados Unidos que la Corte de Atlanta los haya definido como hombres libres sobre los que no pesa ya sancin legtima. No le import antes que en mayo de este ao el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisin de Derechos Humanos de la ONU haba declarado que la privacin de la libertad de los Cinco desde septiembre de 1998 era arbitraria e ilegal.

Ya han pasado dos semanas de las tres que la ley concede al Gobierno para solicitar a la Corte de Atlanta que revoque su decisin. Aun Washington no ha dicho lo que har. Como si fuera poco acaba de pedir a la Corte que le conceda un mes adicional para seguir pensando si presenta su solicitud o no.

Mientras tanto los Cinco continan aislados en cinco crceles para criminales convictos. Sufriendo todos sus rigores, ellos, cuya falsa culpabilidad ya fue anulada por tres jueces dignos.

Ahora son Cinco secuestrados por un Gobierno que pisotea el derecho en todas partes. No slo en Abu Grahib y Guantnamo. Tambin en el territorio de Estados Unidos.

Qu hacer? Lleg la hora de gritar. La hora de exigir sin descanso. La hora de demandar hasta lograrlo que sean liberados inmediatamente, sin condiciones. Libertad para los Cinco ya. Nada ms. Nada menos.

NOTAS

(1) District Court No. 98-00721-CR-JAL. El documento emitido por la Corte de Atlanta tiene 93 pginas. Su decisin de revocar los veredictos y sentencias del Tribunal de Miami y anular el juicio anterior se bas en la negativa de ste a aceptar las varias solicitudes que se le hicieron para que el caso fuera trasladado a otra sede. Para fundamentarla fue necesario revisar la totalidad de las circunstancias que rodearon el juicio incluyendo las pruebas presentadas y otros aspectos del proceso realizado en la ciudad floridana. La extensin del texto y la amplitud de los ngulos que analiza le da un carcter inusual, como tambin lo tuvo el tiempo que les tom producirlo y la categrica unanimidad de los tres jueces que lo suscriben. Si en Miami se dio un espectculo que deshonra al derecho norteamericano, de Atlanta surge un ejemplo de tica y rigor profesional que va ms all de un proceso apelativo normal y demuestra la inocencia de los Cinco y la colosal injusticia de que fueron vctimas.

(2) El empleo de este argumento, evidentemente falso, dirigido a presionar al jurado exacerbando la hostilidad y los prejuicios de la comunidad miamense contra los acusados fue uno de los ejemplos que utilizaron los jueces de Atlanta para mostrar la conducta dolosa de la Fiscala del Sur de la Florida. Quien era entonces el Fiscal Jefe de ese distrito, el seor Guy Lewis, ya retirado, acaba de publicar un artculo el 18 de agosto en The Miami Herald donde repite la misma estpida calumnia: los Cinco, todava insiste l, haban prometido destruir a Estados Unidos.

(3) En su peticin urgente a la Corte de Apelaciones (Emergency petition for writ of prohibition), del 25 de mayo de 2001, la Fiscala reconoci que a la luz de las pruebas presentadas en el juicio, esto constituye un obstculo insuperable para Estados Unidos en este caso y probablemente resultar en el fracaso de la acusacin en este cargo(p.21) ya que impone una barrera insuperable a esta fiscala (p. 27). Tema el Gobierno que, por lo menos, es altamente probable que el jurado solicitar mayores explicaciones sobre este asunto (pp. 20-21). Sin embargo, aunque la Corte rechaz la peticin del Gobierno, nada parecido ocurri. Sin preguntar nada, sin titubear, todos los jurados declararon a Gerardo culpable en primer grado del supuesto crimen.

(4) Transcripcin de las audiencias de sentencia ante su seora la jueza Joan A. Lenard, 14 de diciembre de 2001 (pp 45-46). En la misma sesin la seora Lenard haba reconocido: pero los actos terroristas cometidos por otros no pueden excusar la conducta errnea e ilegal de ste y los dems acusados (p. 43). En otras palabras, en Miami los terroristas anticubanos son protegidos por el Gobierno Federal y los jueces que castigan, con cuatro cadenas perpetuas ms 75 aos de prisin y la inslita prohibicin arriba referida, a quienes lucharon contra el terrorismo. Para que no puedan incurrir nuevamente en tal conducta errnea e ilegal Miami invent la incapacitacin y la proclam tres meses despus de la atroz accin del 11 de septiembre de 2001 cuando ya Bush atacaba a Afganistn, se preparaba a hacerlo contra Iraq y prometa llevar a todas partes, con excepcin obviamente de Miami, una supuesta guerra total contra el terrorismo.

(5) Weinglass pudo visitar a Gerardo el 16 de marzo y as describi parte de lo que observ:

Gerardo se encuentra bajo la forma ms severa de castigo en la prisin, la cual se conoce como la caja un hueco dentro del hueco-

Est recluido en una celda extremadamente pequea, en la cual apenas puede dar tres pasos, sin ventanas, y con tan solo un orificio a travs del cual le pasan la comida. Sus ropas le fueron retiradas y solo se le permite usar calzoncillos y pullover, sin zapatos.

No puede diferenciar el da de la noche. La nica celda en la que las luces permanecen encendidas las 24 horas es la de l y los constantes gritos de los otros presos, en su mayora enfermos mentales, no lo dejan dormir.

No se le permite ningn documento impreso. Nada para leer. Frente a su celda hay seales advirtiendo que nadie puede tener contacto con l. Es al nico preso en ese rgimen de confinamiento al que no se le permite utilizar telfono hasta el momento no ha recibido correspondencia alguna, ni siquiera de sus abogados

Dos das despus rese de este modo el encuentro con Antonio:

Antonio lleg a la visita con grilletes en las piernas y esposado. Las esposas y los grilletes les fueron retirados durante la visita. Los pasillos fueron despejados durante su traslado. La habitacin de la visita era psima. Un cubculo muy pequeo con un cristal grueso entre nosotros y un telfono que tuvimos que utilizar para comunicarnos. El espacio era tan pequeo que mi asociado y yo no cabamos juntos en el mismo. l tuvo que permanecer de pie detrs de m y compartir el nico telfono que haba del lado nuestro. Antonio estaba encerrado en su parte y nosotros, los abogados tambin estbamos encerrados! No haba ni una ranura para pasar los documentos y nos invitaron a entregarles los mismos a los guardias que daran la vuelta y se los entregaran a Antonio por detrs. Hice eso con un documento y despus decid abandonarlo y mostrarle los papeles a travs del cristal. Fue muy incmodo. Las condiciones de la visita fueron mucho peores que las que experiment con Mumia en el corredor de la muerte. Protestamos por ests condiciones, pero ellos se negaron a traer al Alcaide o a cualquier otro alto funcionario para una reunin

(“Slo en Miami”, Editora Poltica, La Habana 2004, pginas 113-114 y 115-116)

Fuente: Cubarte

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