Muertes y desapariciones en el contexto del conflicto agrario en Aguán

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El Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán (OPDHA), creado para recibir denuncias y ofrecer apoyo psicológico y legal a las víctimas del conflicto de tierras en la región hondureña, lanzó recientemente un informe estadístico de muertes violentas relacionadas con el conflicto de tierras entre 2008 y 2013. El documento fue elaborado para ser usado por la población y la comunidad internacional como instrumento para exigir justicia imparcial y objetiva en Honduras.

Las informaciones fueron recogidas por monitoreo de medios de comunicación convencionales y alternativos, trabajo que continúa siendo realizado y profundizado para consolidar el sistema de registro de violaciones a los derechos humanos en el Aguán.

En el informe se registran 129 casos que involucran a miembros de movimientos campesinos de la región y otras víctimas vinculadas con el conflicto, constituidos por 123 muertes y seis casos de desaparición forzada. Más específicamente, las víctimas son 90 campesinos, de los cuales dos están desaparecidos; una campesina muerta, un militar, un policía, 14 guardias de seguridad, de los cuales cuatro están desaparecidos; siete propietarios de tierra y 15 víctimas indirectas.

Los años 2010, 2012 y 2013 presentan semejanzas en la cantidad de muertes violentas. En 2011, se registró un aumento significativo de las muertes violentas, sobre todo de campesinos afiliados a los movimientos de resistencia. El Observatorio destaca que, en aquel año, creció la atención internacional sobre la zona y el gobierno instaló, en mayo y agosto, la operación militar Xatruch I y II, que se alojó en el área para recuperar propiedades ocupadas por campesinos y evitar nuevas ocupaciones.

En el Departamento de Colón, se registraron casi la totalidad de los casos (124). Los municipios con mayor incidencia de violencia fueron Tocoa, con 68 casos, y Trujillo, con 42. De los 90 campesinos victimados, 89 eran hombres. La única mujer era una campesina integrante del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (Muca), que fue asesinada con arma de fuego en su casa.

Además del registro de los delitos, el Observatorio Permanente de Derechos Humanos hace cinco exigencias específicas al Estado hondureño en materia de respuesta institucional. Piden el cumplimiento de la obligación de investigar, procesar y sentenciar a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas; que se tomen medidas inmediatas para prevenir futuras violaciones de derechos humanos y que haya reparación para las víctimas; la instalación de una unidad de investigación en la región, que sea dependiente de la Fiscalía de Delitos contra la Vida; la realización de una Mesa de Acceso a la Justicia, integrada por el propio Observatorio para las víctimas; y la implementación de acciones inmediatas para resolver las causas estructurales e históricas de la violencia en el Bajo Aguán.

Historial

La población del Bajo Aguán vive una situación diaria de tensión y miedo generados por los conflictos por la tierra entre grandes propietarios de tierra y los campesinos. La región despierta interés por sus tierras fértiles, donde empresarios lucraron mucho con la plantación de frutas, pimienta y maíz, que van hacia Europa y Estados Unidos. Hace varios años, la región es escenario de constante violencia.

Parte de los conflictos surgió en 1992, después de las reformas implementadas por la ley agraria, que permitieron la venta de muchas hectáreas de tierra, antes sujetas sólo a la propiedad colectiva. A partir de entonces, muchas hectáreas fueron transferidas de comunidades campesinas e integradas a grandes empresas agroindustriales. En muchos casos, las comunidades campesinas cuestionaron la legalidad de las ventas, alegando que continuaban siendo los propietarios legítimos. Algunas organizaciones campesinas recurrieron a los tribunales para impugnar las controvertidas adquisiciones de tierras, y otras decidieron ocupar físicamente las tierras. Fue entonces, a partir de aquí, que los conflictos se instalaron, habiéndose intensificados en 2009.

Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com

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