Quebrar los silencios y denunciar la violencia

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Como bolivianos y bolivianas no podemos permanecer silenciados/a, adormecidos/as y arrinconados/as ante los conflictos que se viven en diferentes regiones de nuestro país. Vemos la violencia contra los pobres, especialmente indígenas; el asalto y saqueo de las instituciones representativas del Estado boliviano; escuchamos el rumor de un llamamiento a la violencia como respuesta y solución a los problemas que afronta el país, por lo tanto expresamos nuestra propia mirada a los acontecimientos y nuestra convocatoria a la movilización activa por la paz, con justicia social en nuestro país.

De la violencia al genocidio

La reciente violencia en el Oriente del país está siendo alentada por las élites ricas del oriente y del sur del país, que están utilizando grupos juveniles y universitarios como fuerzas de choque y amedrentamiento de la población marginal de las ciudades y áreas rurales. Ello les ha dado buenos resultados hasta el momento: los paros cívicos han sido realizados en base al temor; vandalismo, saqueo y golpiza. Estas han sido las estrategias para acallar y encerrar en sus casas a una buena parte de la población. Por otro lado presión, control y sanción han servido para sacar a las calles a otros sectores. La violencia y el terror no son buenos signos para los proyectos autonomistas que quieren instalar en los departamentos de Oriente y sur del país.

La población cruceña y del Oriente del país que tiene el legítimo derecho a la autonomía expresada en diversas formas. Este derecho no puede ser manipulado por intereses personales. Ni menos se debe masacrar a la población indefensa bajo esta consigna. Ya suman más de treinta las personas muertos por la violencia en Pando, son centenares los heridos en las regiones violentadas. Lamentablemente, una vez mas, son los pobres de los barrios marginales, los campesinos del área rural las víctimas de la violencia desencadenada por los poderosos.

El Gobierno y los líderes políticos del país deben hacer lo posible para garantizar las autonomías constitucionales. Procurar resolver las demandas regionales, no responder con violencia, sin embargo proteger a los más vulnerables.

Nuevamente: las élites citadinas contra el campo

El Referéndum Revocatorio de agosto ha sido un momento clave para que la población boliviana pueda expresarse sin temor. Los datos del Referéndum identifican con claridad lo que acontece actualmente en Bolivia: 99 de 112 secciones municipales respaldan a la política del actual gobierno, aunque se da una clara oposición al Gobierno en las ciudades del Oriente, principalmente Santa Cruz y Beni.

El Referéndum nos alerta sobre una tradicional confrontación boliviana entre la ciudad y el campo, que aún no ha sido superada. Esta confrontación estuvo basada en el racismo, la discriminación y la lucha por el poder. Actualmente las élites que controlan ciertos departamentos están afincadas en las zonas residenciales de las ciudades, desde ahí ejercen un poder que va decreciendo en la medida en que los anillos se van alejando de estos centros. Se intenta construir la imagen de una Bolivia dividida entre Occidente y Oriente. Eso es falso. Lo que existe realmente es la confrontación entre dos proyectos: aquel que viene de los centros ricos de las ciudades y aquel que viene desde el campo empobrecido.

Las actuales confrontaciones demuestran esta realidad. En Tarija un centro de conflicto ha sido el mercado campesino. Los cívicos y empleados de la prefectura, después de destrozar varias oficinas del Estado boliviano, intentaron saquear este espacio, en el que también se encuentra la Federación Campesina de Tarija y encontraron fuerte resistencia. En Cobija se ha masacrado a decenas de campesinos. Los empleados de la prefectura, acompañados de “sicarios” salieron al campo a matar a campesinos. En Santa Cruz se saquearon varias oficinas del Estado Boliviano y se intentó saquear los mercados y la terminal, pero ahí encontraron resistencia. Estos grupos de choque dirigidos por las élites quieren ingresar a las zonas periféricas como el plan 3.000 y a las zonas campesinas como San Julian. Aún no pudieron.

Las élites asentadas en las ciudades tienen a estos grupos violentos como instrumentos de su proyecto separatista. Todas las acciones de asalto a las oficinas públicas, con el consecuente desmantelamiento y robo, tienen como fin terminar con la presencia del Estado boliviano y controlar la vida departamental. El gobierno habla de un “inicio de un golpe cívico prefectural”, es una manera de llamar a una estrategia secesionista digitada por unas élites, que usa como medio la violencia y el terror. Esta violencia esta alentada por las prefecturas de estas ciudades.

Lamentablemente el Gobierno ha sido incapaz de frenar y buscar salidas dialogadas y/o negociadas a esta situación; esta asumiendo una posición de víctima que no le corresponde. Aún no es tarde para parar olas de violencia futura. Se requiere de decisiones firmes, ceder en algunos aspectos, pero afirmando la unidad del país y la justicia social entre las y los bolivianos.

De fondo: la lucha por el control de los recursos naturales y estratégicos

Tierras. No es casual el destrozo de las oficinas del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Esta institución ha sido atacada constantemente y su labor fue limitada por las acciones violentas de los terratenientes del Oriente, ahora se la ha destrozado completamente. Sedes de instituciones como el CEJIS y otras que trabajan con los pueblos indígenas también han sido destruidas, inclusive las organizaciones de los propios indígenas como la CIDOB. No es posible que terratenientes tengan extensiones improductivas de tierra de decenas de miles de hectáreas y haya gente campesina desterrada.

Gas y Petróleo. Son otros recursos estratégicos que están en la mira de las élites orientales. Sin embargo, estos no son sólo de interés nacional o regional, tiene que ver con los intereses estratégicos de potencias mundiales. Lo que nos indica que el conflicto que estamos viviendo, especialmente en las regiones del oriente del país, tiene que ver con intereses extranjeros. No se puede explicar la capacidad de movilización, de sostenimiento de grupos de choque durante todos los días, meses y años con solo los aportes de los empresarios. Hay otros fondos que están siendo utilizados en esta campaña de violencia, que también tiene como objetivo desestabilizar al Gobierno actual y quebrar el proceso de cambio iniciado.

El rol de los Medios de comunicación

Es innegable el poder que tienen los medios de comunicación en la presentación de la realidad boliviana. Lamentablemente estamos asistiendo a un desprestigio de la labor comunicacional y a una falta total de ética en los medios. Estos se han convertido en las trincheras de difusión de la propaganda de los sectores minoritarios de las élites locales. Son pocos los medios que transitan por un equilibrio comunicacional y por una responsabilidad periodística, entre ellas la red Erbol.

En Oriente se han destruido los medios de comunicación afines al gobierno, como el canal 7, pero también en Occidente está creciendo el descontento con la labor de los medios de comunicación ligados a las élites; sus periodistas también sufren amedrentamientos. La situación no cesará mientras no termine el ciclo de violencia que se ha alentado desde las élites orientales.

Se han agredido a periodistas que procuran informar verazmente sobre la situación actual. Un obispo y trabajadores de una radio católica afiliada a Erbol han sido amenazados por grupos de choque afines a las élites cruceñas.

Este documento es una expresión de solidaridad con las y los compañeros periodistas que realizan una labor ética y un llamado a constituir redes de comunicación alternas que permitan acceder a una información más cercana a la realidad.

Buscando caminos de salida

Hay un creciente clamor popular que exige “mano dura” y acción firme del Gobierno para finalizar con esta situación de violencia en el Oriente y sur del país. No es este el camino de solución, es lo que se espera de un Gobierno tradicional que tiene el monopolio de la violencia y lo utiliza para imponer un orden social. No es el camino que esperamos las y los bolivianos que sabemos que luego de una situación de violencia quedan heridas que son difíciles de sanar.

Es importante el diálogo; por ello los sectores que lideran la sociedad boliviana deben apuntar a ello: Hagan un sincero esfuerzo para resolver los problemas estructurales y coyunturales de Bolivia. Ahora se ha tocado fondo y la resolución vendrá por comenzar cambios estructurales en el país que permitan una mejor vida para todos las y los bolivianos. Estos cambios deben expresarse en una real participación de toda la población boliviana en su conjunto sobre la propiedad de los recursos estratégicos para la vida de todos los bolivianos y bolivianas, como son la Tierra y el Territorio, los hidrocarburos, los minerales y el agua. Una salida sin esta solución profunda a los agudos desequilibrios e injusticias en la propiedad de la riqueza sólo postergará una situación conflictiva. La pobreza es insostenible y la riqueza de las élites es avergonzante.

Convocamos a todas las instituciones, iglesias, organizaciones y personas a condenar proféticamente el llamado a la violencia y a la solución por la fuerza. Es urgente develar los intereses mezquinos y particulares que promueven una violencia entre los pobres; hay que desenmascarar los discursos y los símbolos creados para confrontar a las y los bolivianos. Ningún boliviano o boliviana debería dejarse envolver por el llamado a la violencia. De ninguna manera las acciones violentas pueden ser legitimadas religiosamente, y menos puede ligarse a una opción cristiana.

Es necesario anunciar que existe un pueblo que ya tiene una conciencia crítica, que puede sobreponerse al miedo y actuar comunitariamente a favor de los intereses de igualdad y justicia de todos y todas. Se debe valorar el camino que los sectores populares de todo el país han asumido para realizar cambios, ha sido por la vía electoral, siguiendo las reglas de la democracia formal, reprochando los pequeños intentos de grupos subversivos. No se puede echar por la borda todo ese esfuerzo.

Expresamos nuestra solidaridad con las y los hermanos que sufren la violencia desatada en los departamentos del Oriente y Sur del país, compartimos sus anhelos de autonomía auténtica, de inclusión y de una paz con justicia social. Exigimos sanciones contra los culpables de la masacre de Pando.

Todos y todas las bolivianas deben participar activa y movilizadamente para construir un país que destierre la pobreza y afirme la paz.

Abraham Colque
María Chávez
Josef Estermann
Miguel Miranda
Cristobal Alejo
Patricia Sandy
Sergio Gamarra
Víctor Huacani
Heydi Galarza Mendoza
Alejandro Dausá

(Cuando se adhieran al documento y lo reenvíen a otras personas e instituciones, por favor, envíen una copia a qamas@hotmail.com. Esperamos ir construyendo una red de personas e instituciones solidarias con el proceso boliviano para la construcción de una sociedad incluyente, justa y pacífica).

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