El Comité por la Libre Expresión condenó el crimen y reclamó a las autoridades y a la justicia que terminen con la impunidad. Hasta ahora no se ha esclarecido ninguno de los 10 asesinatos registrados en el año, ni siquiera se conocen los móviles, aunque se sospecha que varios casos están vinculados al narcotráfico.
A esta condena se sumaron organizaciones de periodistas y defensoras de los derechos humanos de Honduras e internacionales, como Reporteros Sin Fronteras, que este miércoles desde su sede en París exigió “una investigación imparcial y eficaz” para resolver el caso “en el menor plazo posible”.
Renato Álvarez, director y conductor del principal noticiero de televisión del país, dijo en su programa del martes por la noche, horas después del asesinato de Suazo, que “estos hechos no se pueden tolerar más”.
“No puede ser que exista tanta impunidad y los periodistas, lejos de alzar la voz, nos conformemos con un nudo en la garganta”, añadió.
Rompiendo el esquema del noticiero, Álvarez demandó de las autoridades respuestas rápidas e investigaciones profundas.
La sociedad hondureña fue sorprendida el martes por la mañana al trascender que Suazo, corresponsal de la radio capitalina HRN, de cobertura nacional, había sido asesinado en la región de La Masica, en el norteño departamento de Atlántida.
Suazo fue muerto por sicarios cuando salía de su vivienda con destino a su lugar de trabajo, como lo hacía todos los días, en la estación de televisión Canal 9, de San Juan Pueblo, una comunidad cercana a La Masica.
La policía informó que fueron dos los balazos que terminaron con la vida del periodista, quien conducía en televisión un programa de crítica y denuncia que llegaba a gran parte de la zona norte, una de las más conflictivas del país por la inseguridad y violencia.
Héctor Iván Mejía, director la regional norte de la policía, dijo a IPS que aún no tienen pistas sobre los autores de la muerte de Suazo, sino “apenas los primeros testimonios”.
“Nos preocupa lo que está sucediendo con los periodistas”, acotó, en referencia a las 10 muertes violentas de periodistas a lo largo del año, cuatro de las cuales se perpetraron en el corredor norte.
Hasta ahora no existen indicios de los móviles de esos asesinatos ni quienes fueron los autores materiales e intelectuales. Las autoridades policiales y judiciales parecen impotentes, pese a la promesa del presidente Porfirio Lobo de que la investigación de estos crímenes sería una “prioridad”.
Lobo incluso pidió ayuda a Colombia, España y Estados Unidos para resolver los crímenes de periodistas, una situación sin precedentes en la historia hondureña.
Trascendió a la prensa que en junio pasado llegó al país un equipo del Buró Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos para acompañar las averiguaciones policiales, pero se desconoce los alcances de estos trabajos.
Los ataques a la prensa y el asesinato de periodistas cobraron fuerza con el golpe de Estado cívico militar del 28 de junio de 2009, que derrocó al presiente democrático Manuel Zelaya. Entonces fueron clausurados algunos medios y amenazados y golpeados varios reporteros.
EN LA MIRA DE LA OEA
Entre los 10 periodistas muertos este año se cuenta Nahún Palacios. Fue asesinado en Tocoa, en el nororiental departamento de Colón, cuando gozaba de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ello ha puesto entre la espada y la pared al Estado hondureño al demostrarse incapaz de brindarle seguridad.
Organizaciones no gubernamentales denuncian la impunidad con que se manejan las acciones violentas contra los periodistas.
Honduras se acercó así en este trágico ranking a México, donde fueron asesinados 14 reporteros este año. Ambos países contribuyeron a que América Latina, con al menos 35 muertes, sea la región más peligrosa del mundo para el periodismo, según el informe anual divulgado en la víspera en Ginebra por la no gubernamental Campaña Emblema de Prensa.
Pero la prensa no sólo es víctima de asesinatos en Honduras. La censura y la autocensura se ciernen sobre los medios de comunicación ante la posible aprobación de una ley orientada a regular la cobertura de la información sobre violencia, delincuencia e inseguridad.
No se busca “censurar, sino dialogar y regular un poco el tono en que se dan este tipo de noticias”, intentó aclarar el presidente del Congreso legislativo, Juan Orlando Hernández, del gobernante y derechista Partido Nacional.
Con aspiraciones presidenciales para dentro de tres años, Hernández propone concertar con los grandes medios de comunicación la forma y el contenido de las notas de violencia, un problema que cada día cobra un promedio de 10 a 15 vidas, según el Observatorio de la Violencia de la estatal Universidad Nacional y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
La iniciativa legislativa, que entrará a debate a comienzos del próximo año, lleva implícita una mordaza orientada a censurar “cualquier noticia” que se difunda internacionalmente y que dañe “la imagen del país y ahuyente el turismo y la inversión extranjera”, según indica el borrador.
“Se busca imponer una censura directa, algo que está prohibido por la Constitución y la ley de Emisión del Pensamiento, sostuvo el director del diario Tiempo, Manuel Gamero, que se edita en San Pedro Sula, ubicada a 250 kilómetros de la capital.
Los periodistas y activistas tienen previsto aumentar sus protestas contra la impunidad y la censura.
por: Thelma Mejía
