El documento insiste en los tres pilares del desarrollo sostenible (económico, ambiental y social) acordados hace veinte años y que no han hecho sino profundizar la crisis, al enfatizar el pilar económico para definir las políticas ambientales e ignorar el pilar social. Textualmente, el documento apenas reconoce “la diversidad natural y cultural del mundo” y “que todas las culturas y civilizaciones pueden contribuir al desarrollo sostenible”. Los pueblos indígenas planteamos la incorporación expresa del pilar cultural, a fin de garantizar el reconocimiento de todas las visiones y prácticas de desarrollo, en particular las de aquellas culturas que, aunque diversas, nos identificamos en un modelo de diálogo y armonía con la Madre Tierra.
Particularmente grave es considerar la minería como una actividad compatible con el desarrollo sostenible, siendo la minería una de las actividades más dañinas para la conservación de la Madre Tierra y que más impactos causa en la vida y la cultura de los pueblos.
Derechos y participación
El documento propuesto por Brasil señala: “Somos conscientes de que el planeta Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar y que la Madre Tierra es una expresión común en varios países y regiones, y tomamos nota de que algunos países reconocen los derechos de la naturaleza en el contexto de la promoción del desarrollo sostenible. Estamos convencidos de que a fin de lograr un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y medio ambiente de las generaciones presentes y futuras, es necesario promover la armonía con la naturaleza”.
Es decir, los Estados siguen resistiéndose a reconocer a la Madre Tierra como sujeto de derechos y a adoptar, en consecuencia, una Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra, como venimos planteando los pueblos indígenas en diversos escenarios internacionales y hemos reiterado en Río+20.
El “hincapié en la importancia de la participación de los pueblos indígenas en el logro del desarrollo sostenible” y el reconocimiento de “la importancia de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el contexto de aplicación a nivel mundial, regional, nacional y subnacional de las estrategias de desarrollo sostenible” solo representarán un avance si este reconocimiento se materializa en salvaguardas de derechos para todos los programas de desarrollo sostenible.
En el mismo sentido, el “pleno respeto del derecho internacional y sus principios” debe incluir, en la práctica, el principio de progresividad. Nos referimos concretamente al requisito del consentimiento previo, libre e informado, ya reconocido por el Convenio de Diversidad Biológica (CDB) y que por tanto debe hacerse extensivo a todo aquello que involucre a los pueblos indígenas, en todos los ámbitos.
Lo mismo rige para el fomento de la participación de la sociedad civil en el que insiste el texto presentado por Brasil. Esto debe significar que todas las instancias de las Naciones Unidas deben crear espacios de participación para los pueblos indígenas, como existen en el CDB, pero no solo en calidad de observadores sino con poder de decisión. La Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, adoptó el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales hace 23 años y su estructura sigue siendo tripartita, sin que se haya creado un espacio para los pueblos indígenas.
Responsabilidades históricas y con el futuro
El texto reitera el principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”. Un principio que solo se hará realidad si los países industrializados y las corporaciones multinacionales asumen su deuda histórica con los pueblos y la Madre Tierra, acumulada en siglos de depredación, saqueo, contaminación y colonialismo. Y si se comprometen a cambiar sus patrones de consumo y su matriz energética basada en los combustibles fósiles, fijándose también metas reales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
De no ser así, toda declaración acerca de la “diversificación de la matriz energética”, citada en el documento, seguirá siendo un discurso hueco. Peor aun si se insiste en las soluciones de mercado, como los proyectos REDD+ a los que alude el texto propuesto.
Glaciares, agua, biodiversidad
El texto propuesto por Brasil reconoce los riesgos que corren los Estados insulares, pero no señala como una de las causas el creciente retroceso de los glaciares, a fin de tomar medidas para su protección. Lo mismo ocurre con el tema de los desastres, porque la desglaciación es una de sus causas. Los pueblos indígenas planteamos expresamente declarar la intangibilidad de los glaciares, las cuencas hídricas, los páramos y las zonas de alta biodiversidad, para que se prohíban en todos ellos las actividades extractivas.
Esto nos lleva al tema del agua, a la que el documento que se negocia solo se refiere para garantizar el acceso a los servicios, pero no dice nada respecto a la indispensable protección de las fuentes hídricas, porque se sigue considerando al agua como un recurso o un servicio, no como un ser vivo ni como un derecho universal.
El documento reconoce “la importancia de las prácticas tradicionales de agricultura sostenible, incluyendo los sistemas tradicionales de suministro de semillas, incluidas las de muchos pueblos indígenas y comunidades locales”. Y que “los conocimientos tradicionales, innovaciones y prácticas de los pueblos indígenas y las comunidades locales hacen una importante contribución a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, y su aplicación más amplia, puede apoyar el bienestar social y de medios de vida sostenibles. Además, reconocemos que los pueblos indígenas y las comunidades locales a menudo dependen más directamente de la biodiversidad y los ecosistemas y por lo tanto son a menudo más inmediatamente afectados por su pérdida y degradación”.
Sin embargo, no dice nada respecto a la protección de los conocimientos tradicionales de su mercantilización. Solo reconoce los derechos de los Estados nacionales sobre los recursos genéticos, pero no que los pueblos indígenas somos los que más los hemos desarrollado, otorgando alimentos indispensables para el mundo.
El documento continúa restringiéndose a hablar de “seguridad alimentaria”, pero una propuesta de los pueblos indígenas y de las mujeres indígenas en particular es garantizar la soberanía alimentaria, a fin de proteger los recursos genéticos y ejercer el derecho a decidir que sembramos y qué comemos.
Ciudades y educación
Otro tema es el de las “ciudades sostenibles”, en el que el documento no hace referencia alguna a todo aquello que obliga al desplazamiento de los pueblos indígenas hacia las zonas urbanas debido a la invasión y saqueo de sus territorios por la minería y otras actividades extractivas o megaproyectos como represas hidroeléctricas y grandes carreteras que impactan sobre nuestros derechos fundamentales.
De manera similar, el tema de la educación es abordado de manera pobrísima, nuevamente como un servicio y no como un derecho. No se pueden discutir mejoras curriculares y oportunidades de acceso sin empezar por plantearnos que la educación debe ser intercultural, desde la producción de contenidos propios, que no se limiten al bilingüismo sino que constituyan un camino para lograr la convivencia armónica y respetuosa entre los pueblos y la reafirmación de la identidad, desde la defensa de la vida y para garantizar un futuro a las próximas generaciones.
Río de Janeiro, 18 de junio del 2012
por: Miguel Palacín Quispe, Coordinador General de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI
www.coordinadoracaoi.org
