Los cinco condenados —Fernando González, Gerardo Hernández y Ramón Labañino, nacionales cubanos; y los nacionales estadounidenses Antonio Guerrero y René González— fueron juzgados en Miami y declarados culpables de varios delitos, como actuar y conspirar como agentes de la República de Cuba no inscritos oficialmente, fraude y uso indebido de documentos de identidad y, en el caso de tres de ellos, conspiración para transmitir información sobre la defensa nacional. Gerardo Hernández fue declarado culpable también de conspiración para asesinar, por su presunto papel en el derribo por Cuba en 1996 de dos aviones de la organización anticastrista estadounidense Hermanos al Rescate, en el que murieron cuatro personas.
En una carta dirigida al fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, el 4 de octubre, con la que se adjuntaba el informe —The Case of the ‘Cuban Five’—, Amnistía Internacional afirmaba que, al mismo tiempo que no adoptaba una postura sobre la culpabilidad o inocencia de estos cinco hombres respecto a los cargos que se les imputaban, consideraba que existían dudas sobre la justicia e imparcialidad del juicio, que no se han resuelto en la apelación.
Un motivo de preocupación fundamental y subyacente relativo a la imparcialidad es el que suscita la celebración del juicio en Miami, habida cuenta de la hostilidad dominante hacia el gobierno cubano en esa zona y de los actos de los medios de comunicación y de otro tipo celebrados antes y durante el juicio. Como expone en su informe Amnistía Internacional, hay datos que indican que estos factores hicieron imposible garantizar un jurado totalmente imparcial.
También suscitan preocupación ciertas cuestiones sobre la solidez de las pruebas en las que se basó la declaración de culpabilidad del delito de conspiración para asesinar en el caso de Gerardo Hernández, así como las circunstancias de la prisión preventiva de los cinco encausados, durante la cual tuvieron un acceso limitado a sus abogados y a documentación, lo que podría haber menoscabado su derecho a la defensa.
Amnistía Internacional ha pedido al gobierno que revise el caso y palíe las injusticias que puedan haberse cometido mediante el procedimiento de indulto u otros medios apropiados, si las apelaciones judiciales resultan inefectivas.
Amnistía Internacional también ha reiterado su preocupación por la repetida denegación por el gobierno estadounidense de visados temporales a las esposas cubanas de dos de los presos, René González y Gerardo Hernández, con el fin de visitar a sus maridos. A la organización le preocupa que esta prohibición total o permanente de visitas de sus esposas constituya un castigo adicional y sea contraria a las normas internacionales sobre un tratamiento humano de los presos y de la obligación de los Estados de proteger la vida familiar. Amnistía Internacional sigue instando al gobierno a que conceda visados temporales a las esposas por motivos humanitarios.
Encarcelados desde 1998
Los cinco presos fueron detenidos en Miami en 1998. No han negado que actuaran como agentes para el gobierno cubano; sin embargo, sí han negado los cargos más graves formulados en su contra y han sostenido que su función era dedicarse a los grupos de exiliados cubanos en Miami responsables de actos hostiles contra Cuba y no vulnerar la seguridad nacional estadounidense. Durante el juicio no se presentó ninguna prueba que demostrase que los acusados hubieran manejado o transmitido realmente información clasificada.
En mayo de 2005, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU adoptó una opinión sobre el caso en la que concluía que el gobierno estadounidense no había proporcionado a los cinco cubanos un juicio con las debidas garantías, tal como prevé el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Grupo de Trabajo fundamentó su opinión en varios motivos, entre ellos el impacto perjudicial de celebrar el juicio en Miami. También declaró que las circunstancias de la prisión preventiva de los acusados y la clasificación inicial de todos los documentos del caso de “secretos” redujo las posibilidades de una defensa adecuada y menoscabó el equilibrio entre la acusación y la defensa.
En agosto de 2005, una sala de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 11º Circuito anuló por unanimidad las declaraciones de culpabilidad de los cinco encausados, declarando que los prejuicios dominantes de la comunidad en Miami contra el gobierno de Castro se habían unido a otros factores para menoscabar su derecho a un juicio con las debidas garantías. El gobierno estadounidense apeló contra la resolución, que fue revocada posteriormente por el plenario de la corte de apelación por 10 votos contra dos. Sus declaraciones de culpabilidad fueron confirmadas por la corte de apelación en junio de 2008, aunque las condenas a cadena perpetua impuestas a dos de los encausados fueron anuladas y posteriormente reducidas. Gerardo Hernández es el único de los cinco enjuiciados que aún cumple cadena perpetua (fue condenado a dos penas de cadena perpetua). En junio de 2009, la Corte Suprema denegó una petición para iniciar los trámites de un recurso contra las declaraciones de culpabilidad de los cinco presos sin dar ningún motivo.
En junio de 2010 se presentó una nueva apelación ante la corte federal de primera instancia, basada, en parte, en pruebas recién descubiertas de que los periodistas que habían escrito artículos y comentarios perjudiciales sobre el caso cuando se celebraba el juicio eran empleados a sueldo del gobierno estadounidense que trabajaban para medios de comunicación anticastristas en Estados Unidos. Aún no se ha celebrado ninguna vista de la apelación.
Leer (en inglés) informe de Amnistía Internacional: USA: The Case of the ‘Cuban Five’.
