Dos contingentes de cientos de estudiantes participaron en las operaciones, que comenzaron a las dos de la madrugada y ocurren una semana después de que una marcha de miles de estudiantes repudiara las amenazas del presidente de la UPR, José Ramón de la Torre, y llegara con sonoras comparsas hasta las inmediaciones del Palacio de Santa Catalina, sede de la gobernación.
En apenas cuatro minutos los estudiantes tomaron el portón de la oficina de seguridad, el único que quedaba bajo control del Gobierno y ni siquiera pudo entrar la rectora Ana Guadalupe, quien llegó a las tres de la madrugada. Mientras tanto, en las protestas de la zona bancaria, los estudiantes lograron prácticamente paralizar el tránsito en la hora de mayor congestión y hasta camiones blindados que transportan el dinero de los bancos tuvieron que desviarse.
A media mañana, un estudiante había resultado lesionado cuando un conductor le lanzó su vehículo encima y se dio velozmente a la fuga durante la protesta ante las cámaras de la prensa y el contingente de la Policía nacional que no se movilizó para perseguirle. Testigos dijeron que el sujeto portaba además un arma de fuego.
También a media mañana, la rectora Guadalupe, ordenó retirar la Guardia Universitaria del recinto y el desalojo de la estación oficial Radio Universidad. A la hora del cierre crecía el temor de que pudiera producirse un intento de tomar por asalto el campus, pero no había mucho más que rumores al respecto.
El renovado ambiente de tensión se produjo al día siguiente de que la jefatura de la UPR le notificara al Comité Negociador Nacional de los estudiantes su posición de implantar a partir de agosto aumentos anuales fuertes en cuotas con los cuales se recaudaría del bolsillo de los estudiantes más de 200 millones de dólares adicionales durante tres años- luego de lo cual se haría una nueva revisión general del pago de matrícula. Según lo presentado por la Presidencia y la Junta de Síndicos, el propósito de tales aumentos es subir el crédito de la UPR para una nueva emisión de bonos por una suma no informada y para propósitos igualmente desconocidos.
En la reunión, la jefatura entregó a los estudiantes copia de un prospecto de bonos de 2004, con el bufete estadounidense Sidley Austin, que demostró que las garantías sobre los aumentos en los costos de matrícula se ofrecieron seis meses antes de que se conocieran en Puerto Rico y que desataron una huelga estudiantil en 2005. Un año después fue un abogado de Sidley Austin, el criminalista Thomas Green, quien se hizo cargo de dirigir la defensa del entonces gobernador Aníbal Acevedo Vilá, que resultó absuelto de 27 cargos de corrupción.
Los estudiantes requirieron que se les entregara el nuevo prospecto de los bonos, pero el documento no estuvo disponible a pesar de que los aumentos en pagos comenzarán a regir en apenas dos meses.
Tampoco se informó en la mesa de negociaciones el miércoles de esta semana que a la vez que entregaban los documentos viejos a los representantes estudiantiles de los once recintos de la UPR, en Nueva York el periódico especializado “The Bond Buyer” publicaba un informe de la jefatura universitaria ofreciendo garantías para el pago de la deuda de $569 millones de bonos en circulación. El periódico consignó que además la UPR tiene otros $71 millones en notas a diciembre pasado y paga la deuda de $78 millones por los bonos que financiaron la construcción de Plaza Universitaria, un complejo de edificios que fue entregado a una empresa privada y que ha sido motivo de controversias agrias.
Así las cosas, la UPR tiene más de $700 millones en deudas en el mercado financiero, en momentos en que el Gobierno ha seguido reduciendo su aportación anual al presupuesto universitario, que ya ronda precisamente poco más de $700 millones. La baja en la aportación del Estado ha sido consonante con la presión desde hace años de la entidad acreditadora de universidades de Estados Unidos para que Puerto Rico deje de financiar su universidad pública con los fondos gubernamentales.
Sin embargo, el periódico cita a un analista de la casa clasificadora de bonos Moody¹s, que indica que lo que más preocupa sobre el crédito de la UPR no son las huelgas estudiantiles, sino precisamente la baja en las aportaciones del Estado.
La UPR lleva años desarrollando proyectos faraónicos de construcción que requieren grandes emisiones de bonos y endeudamiento creciente. Tras salir de la reunión de negociación del miércoles, los representantes de los huelguistas dijeron que para la jefatura de la UPR ³los estudiantes son fuentes de repago² y no la razón de ser de la universidad.
La huelga ha motivado una intensa guerra mediática, con un mensaje del presidente de la Torre, en el que insistió que la UPR debe abrir para el próximo día siete y del Gobernador, Luis Fortuño, quien anunció la designación del obispo episcopal David Álvarez como “mediador” para resolver el conflicto esta semana. Los estudiantes, por su parte, contestaron con un mensaje de alta calidad de producción en el que resumieron los logros y demandas del movimiento estudiantil, que difundieron a través del internet y de su propia estación radial rebelde, llamada ³Radio Huelga².
El drama universitario ya comienza a impactar culturalmente el país y la abogada Jackeline Cruz Rodríguez informó que jóvenes del proyecto COMPAZ de Loíza, en la costa noreste, así como del pueblo de San Lorenzo, han estado evaluando la posibilidad de establecer sus propios “radio huelga”.
Jesús Dávila, periodista Puertoriqueño.New California Media (NCM)
