Luego de un tormentoso proceso de elección, que incluyó múltiples tensiones y vueltas cruzadas en la votación, Insulza asumió en 25 de mayo de 2005 como secretario general de la OEA con el compromiso de “fortalecer la relevancia de la Organización e incrementar su capacidad de acción”. Tras estas palabras se reflejaba la verdadera promesa que asumió Insulza ante los norteamericanos y que facilitó que el canciller mexicano Luís Ernesto Derbez finalmente retirara su candidatura.
Recordemos que ese hecho aconteció en abril de 2005 en Santiago de Chile, en el marco de la III Conferencia Ministerial de la “Comunidad de Democracias”(1), y tras una intervención directa de Condoleezza Rice. Derbez e Insulza, habían empatado a 17 votos, lo que condenaba a la OEA a una parálisis política sin visos de solución. La movida chilena consistió en ofrecer a Rice un compromiso fundamental para sus intereses: impulsar una modificación a la Carta Democrática firmada en Lima el 11 de septiembre del 2001. Esta reforma contemplaría tres aspectos:
1. Dotar al secretario general de la OEA de facultades para elaborar un “Informe anual sobre el estado de la democracia” en la región. Se trataría de un reporte que se redactaría desde “diversas fuentes”, no sólo de la opinión de los gobiernos y buscaría “prevenir alteraciones al orden democrático”.
2. Se dotaría a la OEA de mecanismos para intervenir en un país frente a “amenazas a la democracia originadas en los propios gobiernos”. De acuerdo al análisis de los Estados Unidos la actual Carta Democrática establece sanciones cuando los ataques a la institucionalidad democrática provienen desde fuera de los gobiernos, como ocurre, con los golpes militares contra los poderes civiles. Sin embrago no lo hace en casos en que los gobiernos mismos supriman la libertad de prensa, ataquen a los partidos opositores, no respeten la independencia de los demás poderes públicos o violen la Constitución que juraron respetar al asumir el poder. Hoy la OEA no puede intervenir en un país si el gobierno legítimo no le autoriza. Con esta reforma esta intervención sería posible.
3. En tercer lugar, una vez que la OEA haya documentado una vulneración interna al orden democrático por acción directa del propio gobierno se podría declarar que un gobernante legítimo en su origen ha devenido en ilegítimo en su ejercicio del poder. De acuerdo con esta sentencia la Asamblea general de la OEA estaría facultada para expulsarle o suspenderle de la organización, con el voto afirmativo de los dos tercios de los estados miembros.
Esta reforma no aparece desde la nada. Es un instrumento de ataque directo a los gobiernos progresistas y de izquierda a los que se ha acusado justamente de estos cargos:
– Limitar la libertad de prensa por establecer normas de responsabilidad social a los medios de comunicación corporativos, y en determinadas ocasiones aplicar sanciones a concesionarios de frecuencias televisivas que han vulnerado sus compromisos.
– Atacar a los partidos opositores cuando han debido aplicar la ley ante intentos golpistas o sediciosos.
– Violar la independencia de los demás poderes públicos cuando han logrado superar deliberados intentos de obstruccionismo judicial y parlamentario a decisiones legítimas de sus administraciones. – Y finalmente violar las constituciones por haber iniciado procesos constituyentes que han culminado en nuevas cartas fundamentales, mucho más democráticas y en la perspectiva de garantizar un Estado Social de Derecho en sus países.
La amenaza contenida en esta reforma no sólo recaería en los gobiernos del ALBA. En realidad es una intimidación a todos los países que traten de iniciar procesos de reforma constitucional o elaboración de nuevas constituciones, que se consideren amenazantes para de derecha del continente. Por ejemplo, el intento de reforma constitucional que encabezó Zelaya antes de ser derrocado podría haber sido objeto de sanciones bajo esta nueva formulación de la carta democrática de la OEA.
Se trata de un mecanismo que operaría desde el derecho internacional que buscaría fijar un modelo minimalista de democracia, bajo criterios exclusivamente representativos y que resguarde la hegemonía del derecho a propiedad por sobre los derechos sociales económicos y culturales de la ciudadanía.
Durante su gestión Insulza no ha contado con el apoyo político de los países de la región para cumplir esta promesa. Y la verdad es que tampoco ha hecho de este punto un elemento central en sus discursos. De allí la furia con que le ha atacado esta semana el Washington Post, medio que expresa la postura del partido republicano. El Post no ha ahorrado calificativos contra la gestión de Insulza, calificándola de disfuncional: “Insulza ha servido descaradamente a los líderes de izquierda de la región, lo que con frecuencia significó ignorar la Carta Democrática” de la OEA por lo cual llamó a los congresistas norteamericanos a congelar los pagos y subsidios a la OEA si la institución mantenía el rumbo que le había asignado Insulza.
La derecha tampoco le puede perdonar fácilmente que en San Pedro Sula, el 3 de junio de 2009 la entonces canciller de Honduras Patricia Rodas pudiera declarar a nombre de la asamblea de la OEA: “Se resuelve que la resolución VI adoptada el 31 de enero de 1962 en la Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la cual se excluyó al Gobierno de Cuba de su participación en el Sistema Interamericano, queda sin efecto en la Organización de los Estados Americanos”.
Para el Secretario General de la OEA tras estos ataques se ubican “los mismos que estaban detrás de la campaña fuerte que se realizó a favor de Roberto Micheletti en Honduras”. A su juicio, su gestión se habría ubicado a una justa distancia de los extremos políticos y que por ello ninguno de los polos logra aceptarle. La verdad es que la OEA no logró restaurar la democracia en Honduras luego del golpe de estado y ha corrido rauda a recibir al nuevo gobierno de Porfirio Lobo, por lo que tampoco será fácil para Insulza defender su gestión ante los gobiernos democráticos y progresistas del continente.
Por su parte, el presidente electo Sebastián Piñera le ha expresado personalmente su apoyo luego de ciertas declaraciones ambiguas deslizadas en las últimas semanas: “Quiero informar que he tomado la decisión de que el futuro gobierno que asume nuestro país el 11 de marzo va apoyar con mucha decisión la reelección de José Miguel Insulza como secretario general de la OEA’’. No se podía esperar otra cosa ya que una derrota de Insulza también sería una derrota de la diplomacia chilena. Sin apoyo de su propio país la candidatura de Insulza caería, lo que sería criticado a Piñera como un gesto de pequeñez política contra su oposición. Por este motivo el nuevo gobierno estaba obligado a apoyarle públicamente. Lo que no está claro es hasta que punto Piñera estará dispuesto a llegar en respaldo, ya que en 2005 Insulza necesitó que Ricardo Lagos saliera personalmente a buscar los votos que le faltaban. Eso no ocurrirá en esta ocasión. Lo que resultará clave en el nivel de apoyo que brinde Piñera es el grado de compromiso que manifieste Insulza con la reforma a la carta democrática, ya que ese es uno de los pocos puntos referentes a Relaciones Exteriores que aparecen explícitos en el programa de Piñera.
Mientras tanto, la administración Obama observa sin pronunciarse. Es probable que esperen al surgimiento de otras candidaturas para expresar su opinión. Las voces de la derecha más radical de continente ya han lanzado sus propias campañas para impulsar candidatos alternativas desde Centroamérica o el Caribe. El cubano-americano Luís Alberto Montaner, una de las voces más tradicionales de la ultraderecha de Miami se pregunta en una columna reciente: “¿Quién pudiera reemplazar a José Miguel Insulza al frente de la OEA? Tal vez es el momento de pensar en un excanciller o expresidente centroamericano, o en una figura prominente del Caribe, pero quien sea debe tener la entereza de responder a los principios consignados en los documentos fundacionales del organismo y en la Carta Democrática, aunque ello signifique el enfrentamiento con Chávez y con sus satélites”.
Está claro, el punto central que se disputará este año en la OEA radica en esta reforma. Si se llega a aprobar, los Estados Unidos contarán con un nuevo tipo de arma, esta vez de carácter jurídico-político, para intervenir en la región. Esta es la pieza que les falta, ya que sabemos que las bases militares y navales están colocadas en perfecta ubicación.
1) La llamada “Comunidad de democracias” es en la actualidad una de las coaliciones internacionales más cuestionadas por los criterios que utiliza a la hora de cursar las invitaciones a sus conferencias. Por ejemplo, desde la conferencia de Bamako en 2007, Venezuela ha sido excluida y Rusia rebajada a observadora, mientras Irak y Afganistán, a pesar de ser naciones ocupadas por Estados Unidos, han sido incorporadas con plenos derechos. La mayoría de los países de la Unión Europea cuestionan la falta de transparencia y los criterios excesivamente politizados de esta organización.
por: Álvaro Ramis es Presidente de la Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales ACCIÓN A.G.
