Cientos de fieles católicos y evangélicos, portando carteles con leyendas
como “El matrimonio es sagrado, defendámoslo”, marcharon el sábado 19 por las calles de San Salvador para sumarse a la presión del bloque opositor de derecha en el Congreso para conseguir que el FMLN ratifique una reforma a tres artículos de la Constitución, aprobada en la legislatura anterior.
Para reformar la carta magna se requiere una mayoría especial de dos
tercios, o 56 votos del parlamento unicameral y su ratificación en la
siguiente legislatura, por la misma mayoría.
En abril de 2006, se aprobaron cambios a los artículos 32, 33 y 34 de
la Constitución que cierran cualquier resquicio al matrimonio o a la unión
civil entre homosexuales y a la adopción de niños y niñas por parejas del
mismo sexo, y que contaron entonces con los votos del FMLN.
El artículo 32 vigente señala “…el fundamento legal de la familia es
el matrimonio y descansa en la igualdad jurídica de los cónyuges. El
Estado fomentará el matrimonio, pero a falta de éste, no afectará el goce
de los derechos que se establezcan en favor de la familia”.
La reforma estipula este agregado: “Serán hábiles para contraer
matrimonio entre ellos el hombre y mujer así nacidos, que cumplan con las condiciones establecidas por la ley. Los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados o reconocidos bajo las leyes de otros países, y otras uniones que no cumplan con las condiciones establecidas por el orden jurídico salvadoreño, no surtirán efecto en El Salvador”.
El artículo 33 sostiene que “la ley regulará las relaciones personales
y patrimoniales de los cónyuges entre sí y entre ellos y sus hijos,
estableciendo los derechos y deberes recíprocos sobre bases equitativas, y creará las instituciones necesarias para garantizar su aplicabilidad.
Regulará asimismo las relaciones familiares resultantes de la unión
estable entre un varón y una mujer”.
Pero los cambios introducidos dejan así la última frase: “Regulará
asimismo las relaciones familiares resultantes de la unión estable entre
un varón y una mujer así nacidos, y que no tengan impedimento para
contraer matrimonio”.
Finalmente, el artículo 34 establece que “todo menor tiene derecho a
vivir en condiciones familiares y ambientales que le permitan su
desarrollo integral, para lo cual tendrá la protección del Estado”.
Su texto reformado agrega: “Se reconoce la adopción como una
institución cuyo principio rector será el interés superior del adoptado.
Estarán habilitadas para adoptar las personas que cumplan con las
condiciones que la ley establezca. Se prohíbe la adopción de parejas de un mismo sexo”.
Las reformas son impulsadas bajo el argumento de la defensa de la moral y los principios de la familia, pero ahora son rechazadas por el
gobernante FMLN.
Los grupos religiosos se declararon “en cadena de oración” permanente y
han anunciado más actividades callejeras para esta semana, con la
esperanza de que se aprueben las reformas en la sesión legislativa de este jueves.
Para que las enmiendas sean válidas se requieren votos del FMLN, que
cuenta con 35 escaños, pues no alcanzan las voluntades de los partidos de derecha que las apoyan.
El ex gobernante Alianza Republicana Nacionalista (Arena) cuenta con 32
escaños, el Partido de Conciliación Nacional (PCN) con 10 y el Partido
Demócrata Cristiano (PDC) con cinco. A ellos se suma el único legislador
del socialdemócrata Cambio Democrático (CD), que también apoya las
reformas.
El arzobispo católico de San Salvador, José Luis Escobar, llegó a
proponer hace una semana a ese bloque de derecha que, como medida de presión, no prestara sus votos a proyectos de ley cruciales para el primer gobierno de izquierda en este país, que emergió de las elecciones
presidenciales de marzo.
El ex insurgente FMLN se convirtió en partido político luego de los
acuerdos de paz de 1992 —que pusieron fin a 12 años de guerra civil en
este país— tras su abandono de la lucha armada.
“Si uno de los partidos está negando sus votos y los demás están
convencidos del bien común, del bien de la nación, podrían obligarlos,
negándole los votos a la fracción oficial por ejemplo (para aprobar)
préstamos (internacionales) o presupuesto nacional”, argumentó el prelado en conferencia de prensa.
El domingo circuló en la prensa nacional un comunicado de la
Conferencia Episcopal prestando total respaldo a las declaraciones de
Escobar.
En su momento, el FMLN ofreció su apoyo a las enmiendas, supuestamente con el fin de ganarse el favor de votantes allende sus fronteras izquierdistas. Pero en la campaña electoral terminó retractándose y ahora sostiene que esos cambios a la Constitución vulneran derechos civiles de la comunidad gay y homosexual.
Los derechos de herencia o a beneficios de salud del seguro social de
los miembros de una pareja homosexual quedarían vulnerados si su unión no es reconocida como tal por el Estado.
“El FMLN no se mueve, ya nuestra posición ha sido fijada y allí nos
quedamos”, dijo a IPS el diputado y portavoz del partido, Sigfrido Reyes.
Las minorías sexuales organizadas no consideran asunto de vida o muerte el matrimonio homosexual, pero sí el reconocimiento legal de la unión civil, que fue inclusive presentado ante el Congreso en el pasado, si bien no tuvo éxito.
Las reformas “violentarían el principio de igualdad estipulado por el
artículo 3 de la Constitución, que establece que todos y todas somos
iguales ante la ley”, dijo a IPS la activista Ana Cisneros, de la Alianza
por la Diversidad Sexual, que aglutina a organizaciones de gays,
bisexuales, lesbianas y transgénero.
Está latente también el riesgo de que las reformas y la campaña de la
Iglesia alienten actitudes de segregación en este país que registra una
tasa de 55 homicidios por cada 100.000 habitantes. Desde enero, unos 20
homosexuales han sido asesinados brutalmente. No hay responsables de los crímenes, pero sí indicios de móviles homofóbicos.
Los sectores ultraconservadores quieren que se legisle en base a
prejuicios religiosos en un Estado que es laico, agregó Cisneros.
Por su carácter discriminatorio, los cambios constitucionales
contravienen tratados internacionales suscritos por el Estado, como la
Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, adoptada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1993 y que abarca a las mujeres pertenecientes a minorías, como las lesbianas,
argumentó la activista.
Las reformas traspasaron el umbral político y desencadenaron un fuerte
debate de carácter ético y religioso en círculos sociales y en medios de
comunicación.
“Éste es un asunto de carácter moral, no se trata de un simple cambio
de leyes. Queremos que los diputados del FMLN, en el nombre de Dios,
cumplan su palabra de ratificar las reformas”, dijo a IPS el pastor
evangélico Numa Rodezno, de la Comunidad Cristiana de Santa Tecla,
municipio del sudoccidental departamento de La Libertad.
Luis Cardenal, coordinador de la conservadora Red Familia, dijo que los
homosexuales, lesbianas y transgénero pueden vivir con sus parejas, como de hecho lo hacen, pero que no se les llame matrimonio, pidió.
“El matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer. Una unión
entre dos personas del mismo sexo puede llamársele de cualquier otra
manera, pero no matrimonio”, insistió Cardenal a IPS.
Pese a estas presiones, el FMLN mantiene su posición inamovible y los
partidos opositores expresaron oficialmente que no condicionarían la
aprobación de otras leyes a la ratificación de las polémicas reformas.
