Frente a la crisis financiera que afecta a toda la economía mundial y que se combina con la crisis alimentaria, energética y climática, para terminar en un desastre social y humanitario, diversas reacciones se perfilan en el horizonte. Algunos proponen castigar y cambiar los actores (los ladrones de gallinas, como dice Michel Camdessus, el ex-director del FMI) pero continuando exactamente igual como antes. Otros señalan la necesidad de regular el sistema, pero sin cambiar los parámetros, como George Soros. Finalmente hay aquellos que piensan que es la lógica misma del sistema económico contemporáneo que está en juego y que se trata de encontrar alternativas a éste.
La urgencia de soluciones es el desafío mayor. No queda mucho tiempo para actuar eficazmente contra el cambio climático. En el curso de los dos últimos años, según la FAO, 100 millones de personas han pasado por debajo de la línea de pobreza, la necesidad imperativa de cambiar el ciclo energético está frente a nuestras puertas. Una multitud de soluciones alternativas existen, en todas las áreas, pero ellas exigen una coherencia para garantizar su eficacia, no un nuevo dogma, sino una articulación entre ellas.
De la misma manera que la Declaración de los Derechos del Hombre proclamada por las Naciones Unidas, una Declaración Universal del Bien Común de la Humanidad podría tener un papel similar. En efecto los Derechos del Hombre antes de haberse adoptado por la comunidad internacional, han conocido un largo recorrido entre las revoluciones francesa y estadounidense. El mismo proceso progresivo ha tenido la tercera generación de los Derechos, incluyendo una dimensión social antes de ser proclamados. Bastante occidental en sus perspectivas, el documento fue completado con una Declaración africana y por una iniciativa similar del Mundo árabe. Sin ninguna duda la Declaración, muy seguido, es manipulada en función de intereses políticos, especialmente por las potencias occidentales. Pero ella continúa siendo una referencia de base, indispensable a toda legitimidad política y una protección para las personas.
Actualmente ella debe ser completada, ya que está en juego la supervivencia de la humanidad y del planeta. Cuatro ejes fundamentales podrían dar coherencia a las nuevas iniciativas que buscan construir alternativas y también orientar numerosas prácticas:
1) La utilización sostenible y responsable de los recursos naturales. Aquello significa otro enfoque de las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza: pasar de la explotación al respeto de esta última, fuente de toda la vida.
2) Privilegiar el valor de uso sobre el valor de cambio. Luego, definir la economía como la actividad destinada a crear, dentro del respeto de las normas sociales y ecológicas, las bases de la vida física, cultural y espiritual de todos los seres humanos sobre el planeta.
3) Generalizar la democracia a todas las relaciones sociales y a todas las instituciones. No solamente aplicarla y profundizarla en el campo político, con una nueva definición del Estado y de los organismos internacionales, sino también ampliarla al área de la economía, de la cultura y de la relación entre hombres y mujeres.
4) La multiculturalidad, a fin de darle la posibilidad a todos los saberes, a todas las culturas, a todas las tradiciones filosóficas y religiosas de participar en la definición del Bien Común de la Humanidad y a la elaboración de su ética.
La adopción de estos principios permitiría comenzar un proceso alternativo real frente a las reglas que presiden actualmente al desarrollo de la economía capitalista, a la organización política mundial y a la hegemonía cultural occidental y quienes causan las consecuencias sociales, culturales y naturales que conocemos actualmente. Los principios expresados desembocan sobre grandes orientaciones que es posible esbozar.
En efecto está claro que el respeto de la naturaleza exige el control colectivo de los recursos. Aquello requiere también constituir los elementos, los mas esenciales a la vida humana (el agua, las semillas…) como patrimonio de la humanidad, con todas las consecuencias jurídicas que aquello provoca. Ello significaría igualmente tomar en cuenta de las cuestiones ecológicas en el cálculo económico.
Privilegiar el valor de uso exige una trasformación del sistema de producción actualmente centrado sobre el valor de cambio, con el fin de contribuir a la acumulación del capital considerado como el motor de la economía. Aquello provoca el restablecimiento de los servicios públicos, incluido en las áreas de salud y de la educación, es decir «no mercantilización».
Generalizar la democracia, especialmente en la organización de la economía, supone el fin del monopolio de las decisiones ligadas a la propiedad del capital, pero también la puesta en práctica de nuevas formas de participación que conviertan los ciudadanos en sujetos.
Aceptar la multiculturalidad en la construcción de los principios mencionados significa no reducir la cultura a uno solo de sus componentes y permitir a la riqueza del patrimonio cultural humano expresarse, de poner término a los normas monopolizadores del saber y de expresar una ética social en los diversos lenguajes
¡Utopía! Si, ya que aquello no existe hoy día, pero podría existir mañana. Utopía necesaria, ya que es sinónimo de inspiración creadora de coherencias en los esfuerzos colectivos y personales. Pero también aplicaciones muy concretas, sabiendo que cambiar un modelo de desarrollo no se realiza en un día y su construcción demanda un conjunto de acciones individuales y colectivas las cuales evolucionan de forma diversa en el tiempo. Entonces ¿cómo proponer medidas insertándose en esta lógica y que podría ser el objeto de movilizaciones populares y de decisiones políticas? Muchas proposiciones ya han sido planteadas, pero se podrían agregar otras.
En el plano de los recurso naturales, un pacto internacional sobre el agua, previendo una gestión colectiva (no exclusivamente estatal) correspondería a una conciencia existente de la importancia del problema. Otras orientaciones podrían ser propuestas: la soberanía de las naciones sobre los recursos energéticos; la prohibición de la especulación sobre los productos alimenticios; la regulación de la producción de los agrocarburantes en función del respeto de la biodiversidad, de la conservación de los suelos y del agua, y el principio, de la agricultura campesina; la adopción de las medidas necesarias para limitar a un grado centígrado, el aumento de la temperatura de la tierra en el curso del siglo XXI, el control público de las actividades petroleras y mineras, mediante un código de explotación internacional, verificada y aprobada, concerniendo los efectos ecológicos y sociales (entre otros los derechos de los pueblos indígenas)
A propósito del valor de uso, ejemplos concretos pueden ser dados igualmente. Se trataría de restablecer el estatuto de bien público, del agua, de la electricidad, del correo, de los teléfonos, del internet, de los trasportes colectivos, de la salud, de la educación, en función de las especificidades de cada sector. Exigir una garantía de cinco años sobre todos los bienes manufacturados, lo que permitiría alargar la vida de los productos y disminuir la utilización de materias primas y de la energía. Imponer un impuesto sobre los productos manufacturados que recorren mas de 1000 kilómetros entre su producción y su consumo (adaptable según los productos) y que sería atribuido al desarrollo local de los países los mas frágiles; reforzar las normas de trabajo establecidas por la OIT, sobre la base de una disminución de los tiempos de trabajo y de la calidad de este último, cambiar los parámetros del PBI, introduciendo en él, los elementos cualitativos que conlleven la idea del «bien vivir».
Las aplicaciones de la democracia generalizada son innombrables y podrían concernir a todas las instituciones que pidan un estatuto reconocido públicamente, tanto por su funcionamiento interno como por la igualdad en las relaciones de género: empresas, sindicatos, organizaciones religiosas, culturales, deportivas. En lo que concierne al plan de las Naciones Unidas, se podría proponer la regla de los dos tercios para las decisiones de «principio» y de la mayoría absoluta para las medidas de aplicación. En cuanto a la multiculturalidad, ella comprendería entre otros, la prohibición de patentar los saberes tradicionales; la puesta a disposición publica de los descubrimientos ligados a la vida humana (medicales y farmacéuticos); el establecimiento de las bases naturales necesarias a la supervivencia de culturas particulares (territorialidad).
Se ha hecho un llamamiento para que las proposiciones sean reunidas en un conjunto coherente de alternativas, que constituirían el objetivo colectivo de la humanidad y las aplicaciones de una Declaración Universal del Bien Común de la Humanidad por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
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