No fue poca cosa, primero por ocho votos a uno cancelaron por inconstitucional las concesiones a perpetuidad, luego los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que analizan la Ley Federal de Radio y Televisión determinaron por unanimidad la inconstitucional de la subasta pública para la obtención de concesiones de señales de radio o de televisión.
Es de preguntarse qué evitaron los ministros: simplemente la concentración de estaciones de radio y canales de televisión en unas cuantas manos. Manos llenas de dinero, donde por la subasta pública para obtenerlas pudieran haberse dado los casos de que llegara el capital extranjero a una industria que hasta ahora presume de ser cien por ciento mexicana, y quién lo pude negar, hasta el gran capital procedente del narcotráfico con facilidad podría contaminar el manejo de los medios electrónicos de comunicación.
Algo que nos parece de la mayor importancia son las tesis expuestas por la ministra Olga Sánchez Cordero, quien consideró que la subasta era contraria a las libertades de prensa expresión al concentrar en pocas manos tan valiosos instrumentos de comunicación y, lo más significativo, que con una normatividad se evitaba que los verdaderos comunicadores pudieran acceder a esos medios para que sólo por lucro los administraran y explotaran los comerciantes de la comunicación.
En esas condiciones los nueve ministros dieron su apoyo irrestricto al proyecto presentado por el ministro ponente, Sergio Salvador Aguirre Anguiano al invalidar el artículo 17-G de dicha ley, quien puntualmente remarcaba que era de vital importancia impedir las prácticas monopólicas, ya que la subasta pública de las concesiones favorecía las concentraciones de las señales en manos de unas cuantas personas, lo que finalmente sólo beneficiaba a quienes más pueden ofrecer por una concesión.
Estamos de acuerdo con el argumento de la ministra Olga Sánchez Cordero, cuando concluyó que en este caso concreto lo que se logra es garantizar “el antimonopolio”, puesto que la fracción del artículo impugnado “favorecía la existencia de concentraciones”.
Abundó en que los intereses de las empresas “que tienen el control de los medios”, no son iguales a los de los “profesionales de la información”, quienes persiguen fines diversos, pues son formadores de opinión pública.
Y agregó que el interés de las empresas tiene que ver sólo con el crecimiento económico y no se puede acceder al debate político “en presencia de los modernos imperios de la noticia y del espectáculo”, pues no hay “acceso al mercado de las ideas, que ciertamente depende de estos medios de comunicación concentrado en unas manos”.
También estamos de acuerdo con el ministro Juan Silva Meza, quien al igual que sus pares dieron ciertamente la razón al presidente venezolano Hugo Chávez en lo que se refiere a la salvaguarda de la rectoría del Estado y darle el mayor valor a la protección de las libertades con una visión precisamente de Estado y no a consideraciones económicas:
Con la viabilidad y aseguramiento de las radiodifusoras permisionadas, llámense comunitarias, indigenistas, culturales o de Estado; con la anulación de la subasta pública en el otorgamiento de las concesiones de radio y televisión y con la abolición del refrendo a perpetuidad de las mismas concesiones, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mandaron para siempre al cesto de la basura la llamada ley Televisa y reivindicaron ante el pueblo, al máximo tribunal que conforman.
– Teodoro Rentería Arróyave es periodista y escritor mexicano, vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP.
