La conservadora demócrata hizo mutis por el foro en los momentos en que el Pentágono reconoció que la muerte de docenas de civiles afganos, el pasado 4 de mayo, se debió a graves errores de la tripulación militar norteamericana que bombardeó la región, según un despacho el miércoles de The New York Times.
El informe del Departamento de Defensa añadió, cínicamente, que si el personal encargado de la misión hubiera seguido las normas establecidas el número de víctimas habría sido menor.
El golpe de remate lo dio el comandante Stanley A. McChrystal, que dirige las operaciones de exterminio en el territorio, al prometer que “reducirá los errores comunes durante los bombardeos”, como un elemento esencial para la credibilidad de Estados Unidos.
Lo que traducido al buen español significa que tratará de disminuir, durante los indiscriminados bombardeos contra la nación centroasiática, el número de civiles masacrados.
Enredado en la madeja de sus aventuras y desventuras el Pentágono informó también ayer sobre el aparente suicidio de un yemení en la cárcel de Guantánamo.
El ciudadano árabe, Muhammad Ahmad Abdallah Salih, de 31 años, fue hallado muerto en su celda.
De confirmarse, el suicidio sería el quinto desde que la instalación naval abrió las puertas del infierno en enero del año 2002.
La semana pasada, en un sicodélico fallo, un juez venal del circuito de Miami-Dade exigió a La Habana el pago de 1,000 millones de dólares por indemnización ante la demanda interpuesta por un ciudadano que culpó al Che Guevara, al ex Presidente cubano Fidel Castro y a otras autoridades por el suicidio de su padre en Cuba en febrero 1959, provocado por una sobredosis de somníferos.
Por demás, el suicida tenía ciudadanía norteamericana.
Ahora, por derecho al ejercicio de la abogacía de oficio, comienza la inevitable batería de interrogantes.
¿A cuánto ascendería la indemnización por el “error” cometido por la aviación norteamericana en Afganistán, sin incluir los llamados “daños colaterales” en la guerra de Irak?
¿Cuánto sumaría el pago que el ilustrísimo magistrado impondría a Estados Unidos por las víctimas de la invasión mercenaria de Playa Girón en 1961; por la voladura de la nave de Cubana de Aviación en 1976; por las respectivas intervenciones militares en República Dominicana en 1965, en Granada en octubre de 1983 y Panamá en diciembre de 1989?
Por sólo citar algunos bochornosos episodios de la política aventurera y guerrerista de Estados Unidos en nuestro continente en los últimos tiempos.
Cuentas aparte, alguien dijo que hay cosas que no tienen precio, sobre todo aquellas que el dinero no puede comprar.
En un breve retorno al inicio, la estampida de Hillary Clinton del Centro Social Hondureño Arabe se vincula ineludiblemente con los nuevos descalabros de la política exterior norteamericana que arrastra, como un castigo, o como una bendición el lastre de los desafueros del ex Presidente George W. Bush.
El anfitrión de la convocatoria, el gobernante Manuel Zelaya, en sus palabras inaugurales demandó el fin de las sanciones de la entidad regional contra la Isla y del bloqueo al país impuesto por Estados Unidos, y expresó que no debían irse de la Asamblea sin derogar el decreto de la VIII Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores acordado en Punta del Este, Uruguay (en 1962), sin reparar ese error y esa infamia.
Pero a “palabras ciertas, oídos necios”.
Para colmo, el Presidente Barack Obama se gasta el lujo de nombrar al congresista republicano John McHugh, un importante miembro en la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, como secretario del Ejército; quizás por no considerar suficiente el hecho de mantener en su cargo a Robert Gates, jefe del Pentágono durante el mandato de Bush.
¿A qué costo?
¡Hasta ahora, nadie lo sabe!
