El día 5 de octubre de 2007 es una fecha emblemática. Después de 15 años, vence el plazo de concesión de varios canales de televisión en el país, entre ellas, las cinco retransmisoras de la Red Globo (São Paulo, Rio de Janeiro, Brasilia, Recife y Belo Horizonte), Band, Record, Gazeta. La fecha fue escogida por la Coordinadora de Movimientos Sociales (CMS), organización que reúne a los principales movimientos populares y sindicales del país, para lanzar la “Campaña por democracia y transparencia en las concesiones de radio y TV”. Se prevén movilizaciones en 11 ciudades brasileñas.
La iniciativa, que lleva como lema “Concesiones de radio y TV: quien manda es usted”, pretende denunciar las irregularidades en los procesos de renovación de las licencias de explotación del servicio de radiodifusión, que no toman en cuenta el carácter público de las concesiones de radio y TV. Este mismo día de movilizaciones, se entregarán al Ministerio Público Federal denuncias contra emisoras que difunden publicidad 24 horas al día, lo que viola la legislación vigente. También se presentarán al Ministerio de las Comunicaciones solicitudes de información sobre las emisoras con licencias vencidas.
Los cuestionamientos no se refieren solo a las concesiones que están por concluir. Actualmente, diversas emisoras de radio y TV funcionan con licencias expiradas y cuentan con el consentimiento del poder público. El Ministerio de las Comunicaciones se hace de la vista gorda y trata a la información como secreta. Al inicio de 2007, retiró de su página en Internet la lista que informaba sobre los plazos de vencimiento de los concesionarios de radio y TV (El Gobierno oculta informaciones sobre los dueños de los mass media). La falta de fiscalización por parte de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) facilita las prácticas irregulares de estas emisoras. Esto favorece a ocho familias que hegemonizan las comunicaciones en Brasil configurando un oligopolio poderoso en la formación de la opinión de la población brasileña.
Democratizar los mass media
Los movimientos sociales que componen la CMS señalan que hay una “caja oscura” que debe ser destapada en todo el proceso de renovación. Según Rosana Berttoti, directora de comunicación de la Central Única de Trabajadores (CUT), este es un asunto estratégico para los movimientos sociales. “La forma con que los mass media criminalizan a los movimientos sociales ha hecho que nosotros asumiéramos este debate de las concesiones para poder discutir que la radio y televisión en Brasil es una concesión pública, y que, por lo tanto, necesita ser tratada como tal”, explicó (Las emisoras se apropian de un bien público para fines privados).
La CMS enarbola como reivindicación central un nuevo marco regulatorio para las comunicaciones. La propuesta es que se contemplen mecanismos de participación de la sociedad civil a la hora de conceder un canal de TV o una frecuencia de radio. “Es necesario que se tengan criterios de participación en el momento de la concesión y un proceso de evaluación durante el tiempo de vigencia, es decir, que seamos respetados los movimientos sociales, las mujeres, los negros, las minorías”, dijo Rosana (Campaña por la democracia en las concesiones de radio y TV). El plazo de renovación de las concesiones es de 15 años, en el caso de la TV, y de 10 años, en el caso de las radios.
Discurso conservador
La mayor dificultad de los movimientos sociales es contrarrestar la campaña del miedo, orquestada por los grupos empresariales, de que emitir criterios sobre la renovación de las concesiones es una “discusión autoritaria” o una “amenaza a la democracia”. La retórica de los oligopolios, sin embargo, no se sustenta en la propia Constitución que otorga al Poder Ejecutivo la competencia de renovar y otorgar una concesión. Pese a ello, las empresas elaboran un discurso para apropiarse de un servicio público – el de la radiodifusión – y rechazan la participación de la sociedad en la definición de aquello que le compete al pueblo, en una democracia: la definición sobre los asuntos que el conciernen directamente.
“Esto no es, ni nunca fue, una democracia. Esto se llama oligarquía. Las concesiones no deberían ser otorgadas por órganos estatales, sino por un órgano de mayoritaria participación popular. El Consejo de Comunicación Social debería ser un órgano de Estado, pero con participación popular y con poder para aprobar o negar las concesiones”, dijo el jurista Fábio Konder Comparato.
Según Comparato, hay que establecer una serie de controles para que el interés público sea respetado bajo la óptica de los derechos humanos. “El Ministerio Público debería actuar sobre programas racistas de radio y televisión. Hay que crear veedurías populares sobre la radio y televisión. Los veedores deberían ser elegidos y no tener ninguna relación con el poder Ejecutivo. Se requiere que los medios de comunicación de masas sean democratizados, lo que significa que no pueden ser propiedad de empresas particulares”, argumentó el jurista.
Fuente: Brasil de Fato
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