Las prdidas por los destrozos provocados en las instalaciones petroleras, que redujeron temporalmente la actividad extractiva de crudo, se estiman en sumas desmesuradas. Los medios de comunicacin alimentan la angustia. El nerviosismo se percibe incluso fuera del pas. An en este contexto la indignacin por los actos vandlicos est justificada.
Sin tratar de minimizar la gravedad del momento, reconozcamos que se ve slo por un ojo mientras se cierra el otro. Las comunidades indgenas y los colonos han sufrido innumerables atropellos a sus derechos ms elementales en nombre del desarrollo y bienestar de toda la poblacin ecuatoriana, sin que se haya desplegado un grado de preocupacin nacional similar al registrado ante los recientes acontecimientos de violencia en la Amazona.
El discurso sobre la importancia de la regin, tan repetido en actos oficiales, se derrumba ante la realidad de un sistema que la aprecia slo por la revalorizacin de sus recursos en funcin de la acumulacin de capital especialmente transnacional, an cuando estas actividades pongan en riesgo la vida misma. Un ejemplo de esta realidad es el vandalismo desatado por la actividad petrolera desde que empez a trabajar la Texaco en los aos 60. El dao se podra cuantificar en miles de millones de dlares por derrames, contaminacin de pantanos, quema del gas, deforestacin, prdida de biodiversidad, por animales silvestres y domsticos muertos, por materiales utilizados sin pago, por salinizacin de los ros, por enfermedades, por trabajo mal remunerado. Son cuantiosos los perjuicios econmicos, sociales y culturales causados a los indgenas sionas, secoyas, cofn, quichuas y huoranis, incluyendo a los colonos. Sobre Texaco pesa la extincin de pueblos originarios como los tetetes y sansahuaris.
Desde hace ms de 30 aos, las actividades petroleras han atropellado la biodiversidad y el bienestar de la poblacin sin que el resto del Ecuador se desarrolle. La prctica gubernamental, sobre todo para favorecer a las transnacionales, como sucede con la OXY, ha sido la violacin de leyes, el empleo de la fuerza, la corrupcin y el permanente engao a la poblacin. La miseria, la desnutricin, la mortalidad infantil, las enfermedades, la contaminacin, la violencia alcanzan los niveles ms altos justamente en las provincias petroleras, afectadas tambin por el Plan Colombia.
Al tiempo que el Estado pierde participacin en la renta petrolera, se diluye ms y ms su dbil presencia en la regin, cediendo terreno a las empresas petroleras privadas, que copan el tradicional espacio estatal, relacionndose directamente con las poblaciones amaznicas, asumiendo el papel de suministradores de todo tipo de servicios y de constructoras de obras pblicas. En la medida que se debilita la lgica del Estado de derecho, se consolidan repuestas miopes y torpes de un Estado policial que reprime a las vctimas del sistema, complicando cada vez ms la situacin. La regin amaznica recibe un trato, en la prctica, de periferia en un pas que forma a su vez parte de la periferia del sistema econmico global.
Todo esto explica y justifica la amplia y diversa reclamacin amaznica.
Reproducido por ANPE.
