En el año 2010 se aprobó la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez como instrumento normativo. Se la nombró así en homenaje a un líder de la ciudad de Santa Cruz que en el año 1877 inició el movimiento de Los Igualitarios, en protesta contra el centralismo estatal y el orden patriarcal y feudal de la ciudad. Un siglo más tarde, y por primera vez en la historia, se valora la heterogeneidad como oportunidad, asumiendo el desafío de una pluralidad que garantice unidad, solidaridad y cohesión.
Cada uno de los cuatro niveles mencionados tiene abierta la posibilidad de elaborar estatutos o cartas orgánicas, que funcionarán en la práctica como “mini-constituciones”. El Municipio de Santa Cruz de la Sierra debe elaborar su Carta Orgánica. Dicho proceso tendrá lugar en medio de una coyuntura particularmente espinosa de la ciudad que ya sobrepasó el millón y medio de habitantes y marcha a paso sostenido hacia una situación cada día más caótica con relación al tráfico vehicular, desborde de basura, desperdicios y suciedad, desatención social, elevadísima contaminación ambiental, proliferación de enfermedades (dengue) y un descontrol generalizado, ininterrumpido y ascendente que probablemente le garanticen en algún tiempo más la categoría de urbe invivible.
Por ese motivo llama la atención la opacidad, escasa difusión y endeblez de las propuestas de elaboración de ese cuerpo legal, que debería tener un peso específico equivalente a su importancia como norma básica del municipio, que es el espacio inmediato de ejercicio de ciudadanía.
Una agencia de noticias recogía recientemente afirmaciones de un concejal afín a las élites locales, en el sentido de que ya existe un cronograma con sus respectivas ordenanzas, más un presupuesto de 200.000 dólares para la confección de la Carta Orgánica. Indicaba además que la elección de los/las vecinos/as encargados/as de elaborarla se hará “por sorteo”. El mecanismo coincide con el método presentado en dos detalladísimos y minuciosos documentos preparados por una consultora, que fueron distribuidos recientemente entre muy pocas personas e instituciones. En ambos se destaca desde los propios encabezamientos una supuesta “elaboración participativa”. Algunos de los escasos privilegiados que lograron obtenerlos ignoran si se trata de algo oficial, ya que la falta de transparencia informativa parece ser parte de la estrategia de opacidad ya mencionada. El propio Defensor del Pueblo indicó que en varias ocasiones solicitó al Concejo Municipal alguna información sobre el tema, sin recibir respuestas claras.
Sorprende el recurso al método de sorteo para escoger a los/las vecinos/as responsables de la Carta Orgánica. Ampararse en el azar para proyectar la norma básica de una ciudad con las descomunales complejidades de Santa Cruz no parece fruto de la improvisación o la confianza ingenua en la suerte, sino más bien el retorno a prácticas trilladas que derivaron invariablemente en la manipulación de diferentes procesos por parte de los clásicos grupos de poder locales, tal y como sucedió con los estatutos autonómicos, elaborados entre cuatro paredes y aprobados en un referendo ilegal en el año 2008.
Como si el enorme riesgo de la poca consistencia de un grupo de personas sorteadas circunstancialmente no fuera suficiente, la consultora ya referida propone la contratación de un grupo técnico encargado nada menos que de definir ejes temáticos con sus correspondientes contenidos, diagnosticar problemas y necesidades, y elaborar escenarios prospectivos. Otro equipo, también contratado, estaría encargado del mapeo de los grupos sociales interesados en el proceso de producción de la Carta Orgánica.
El art. 275 de la Constitución y el art.53 de la Ley Marco mencionada más arriba utilizan el concepto “elaboración participativa” para referirse a la vía de gestación y confección de cartas orgánicas. Como la idea es en sí misma ambigua y relativamente fácil de adulterar, debemos subrayar y recoger la experiencia histórica reciente de numerosas organizaciones populares, que se ejercitaron en la democracia participativa reapropiándose de espacios de poder y cualificando sistemáticamente la noción de participación.
Numerosos movimientos sociales bolivianos aprendieron en sus prácticas que participar no es solamente estar presente en una actividad, hablar, opinar, ser sorteado o confiar tareas fundamentales a tecnócratas contratados, sino incidir en la realidad desde una ciudadanía activa, gestora de procesos sociales, laborales, políticos, productivos o culturales. Transitar de la participación formal y cosmética a la participación real implica provocar modificaciones en las estructuras de poder; los sucesos del último decenio en nuestro país dan muestras sobradas de esta dinámica que evoluciona consolidando el poder popular desde abajo y perfeccionando prácticas de participación. Hay ya suficientes acumulados y avances en el campo popular como para abandonar el futuro de la ciudad de Santa Cruz a los albures de un bingo municipal.
