Mientras tanto, la violencia se desata. Un muerto, dos muertos en Sucre. El gobierno retira la fuerza policial, buscando que se calme la situación; empero, los violentos se ensañan contra varios cuarteles policiales en los que queman vehículos y las mismas oficinas. Uno de los vehículos de un dirigente opositor, que se dirigía a Sucre, es detenido y se descubre una metralleta UZI.
En Santa Cruz, sus pares lanzan cachorros de dinamita contra varios locales; de noche, irrumpen en las oficinas de una repartición pública, rompen vidrios y destrozan muebles. El comité cívico que preside Marinkovic, declara la guerra culpando al gobierno por la violencia que ellos desataron y convoca a un cabildo para informar, a sus partidarios, que no habrá paz mientras continúe el actual gobierno.
El Presidente Evo Morales, en La Paz, llama a la calma. Anuncia que se hará una investigación y se castigará a los culpables. Destaca la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado y señala que, la palabra final, es del pueblo y se expresará en referéndum.
Tales son los hechos escuetos de este negro fin de semana. No obstante, los medios masivos de comunicación, dan otra visión: la misma que el Comité Cívico pro Santa Cruz, encabezado por Branco Marinkovic.
Las mismas caras
En 1953, antes que se cumpliese un año de la Revolución Nacional –dirigida por un MNR que entonces buscaba el cambio–, los grupos reacios comenzaron a provocar violencia, culpando al gobierno de sus sangrientas acciones. Esta actuación continuó los siguientes años y sólo cesaron cuando el MNR se desvió del proceso de transformaciones.
El año 1959, la Revolución Cubana concitó las mismas reacciones y la violencia se enseñoreó en la perla del Caribe. Desde la Casa Blanca, todos los presidentes de Estados Unidos han propiciado, financiado, dirigido y, muchas veces, operado directamente los más graves delitos.
Cuando en Chile, el año 1970, Salvador Allende asumió la presidencia, las damas del barrio alto orquestaron manifestaciones que permitían que jovenzuelos adiestrados se lancen contra los pobladores que clamaban por el cambio, blandiendo cadenas, golpeando con manoplas y revoleando cinturones de gruesa hebilla. Así crearon las condiciones para el nefasto golpe de Pinochet.
El triunfo de la revolución sandinista, en la Nicaragua de 1979, fue otra experiencia en que se cebó la violencia financiada desde la misma fuente administrada por el embajador Negroponte. Las “operaciones encubiertas”, en las que mataban campesinos, estudiantes y cuanta gente trabajaba por el cambio, fueron una constante hasta que desgastaron a la dirección revolucionaria.
La Venezuela de estos años, sigue mostrándonos la misma cara criminal de los que se oponen al cambio. El presidente Hugo Chávez enfrenta, casi cada día, la sedición de una derecha cavernaria que no se detiene ante ninguna consideración. Incluso fue víctima de un golpe de estado, frustrado por la rápida movilización popular. Aún después de tan grosera trasgresión, el presidente Chávez se avino a demostrar, en una consulta popular (pese a cinco o seis anteriores consultas) que lo respaldaba una mayoría que, cada vez, es mayor.
Maniobras recicladas
En todos los casos, la violencia no es una acción realizada por los grupos de poder. Se busca, siempre, a un sector social, laboral o regional, étnico o religioso, que tenga alguna demanda insatisfecha. Los grupos sediciosos incentivan la reclamación, incitan a darle carácter de urgencia, patrocinan y financian la movilización y provocan al gobierno para que reprima a los grupos movilizados. Saben que, en todo gobierno popular, hay resistencia a usar la represión. Generalmente, los comandos violentos que se insertan, rebasan los destacamentos policiales. Buscan que haya uno, dos o más muertos. Es entonces que se alzan voces que, invariablemente, comparan a los gobiernos de cambio con las más execrables dictaduras.
La migración es también una maniobra provocada por los planes sediciosos. En toda América Latina hay un éxodo constante de fuerza laboral, por las condiciones de empobrecimiento que causan los grupos de poder cuando manejan el gobierno. Les es relativamente fácil acelerar tal corriente migratoria, aderezándola con profesionales y empresarios a quienes se facilita opciones fuera del país.
La escasez de artículos de consumo y el acaparamiento de otros, sirven al mismo propósito. El gobierno es culpable de esas restricciones; si se logra que haya racionamiento, tanto mejor.
La inflación merece estudio aparte. Basta el ejemplo de Bolivia. Entre 1985 y 2005 –vale decir, en veinte años– se aplicó el modelo neoliberal cuyo mayor éxito, según sus propios valedores, fue detener la inflación. En agosto de 1985 pusieron un valor de 1.90 bolivianos por dólar y, veinte años después, la cotización llegaba a 8.20. Esto indica que hubo una devaluación acumulada del 430%; en otros términos, el promedio anual de baja del boliviano fue 21,5%. Pero, como dicen los defensores del modelo, aquel fue un tiempo de estabilidad. Gritan ahora cuando, este año, el índice indica una revalorización.
Pero la inflación no se mide con la devaluación del dólar, sostienen los ases del neoliberalismo. Veamos entonces el precio del pan. En aquel agosto de 1985 se fijó el precio de la unidad de pan de 60 gramos, en 6 centavos de boliviano (0,06). Veinte años después, el precio es 40 centavos (0,40), lo que significa más de 650% equivalente a una inflación de 32,5%. ¿De qué gritan, cuando la inflación de este año no alcanzará a 10%?
No es necesario decirles que la misma práctica se usó en Cuba, Chile y Nicaragua. Y, quienes pasamos los sesenta años, podemos recordar esa maniobra en Bolivia, entre 1952 y 1956, ¿verdad?
¿Esperando mayor deterioro?
La derecha agrupada en los comités cívicos y las prefecturas opositoras está convencida de que llegó el momento de lanzar el zarpazo. No ocultan sus intenciones. Un prefecto llamó a sus antiguos camaradas militares a “salvar la democracia”, repitiendo la proclama que justificó el golpe de Pinochet en Chile. El Comité Cívico pro Santa Cruz convocó y reiteró la desobediencia civil, secundado por su homólogo de Sucre.
El gobierno del presidente Evo Morales actúa con calma. Debe hacerlo así. Pero calma no es sinónimo de inactividad ni desidia. Si el enemigo se equivoca y cree que es así, sufrirá las consecuencias. Quienes no deben equivocarse son los hombres y mujeres que han luchado por el cambio y apuestan su bienestar, estabilidad e incluso su vida, a la transformación, a la revolución.
Los delincuentes que cometieron tantos desmanes en estos días –y también en otros episodios anteriores– deben ser detenidos, juzgados y castigados. No puede jugarse a la pacificación, perdonando la violencia. Si se necesitaba recordar que esa actitud más bien incita a la comisión de nuevos delitos, recordemos lo ocurrido en San Julián el año pasado. No debe haber una próxima vez. El mensaje debe ser contundente. Si esperamos que la situación siga deteriorándose, habremos perdido el control. El pueblo tiene esperanza en el proceso que encabeza el Presidente Evo Morales. Tienen esperanza los pueblos de América Latina. Cultivan esa misma esperanza y admiran el proceso que se vive en Bolivia. El respaldo del pueblo y el apoyo de todos los pueblos son la fuerza con que nuestro gobierno debe enfrentar a la derecha y vencerla.
– Antonio Peredo Leigue es senador boliviano.
Más información: http://alainet.org
ALAI – 30 AÑOS
