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La pandemia COVID19 ha puesto nuestro mundo patas arriba.
La pandemia Covid-19 ha afectado gravemente la salud, la seguridad y la supervivencia de cientos de millones de personas. Las comunidades de todo el mundo están siendo empujadas más profundamente a la pobreza, la existencia precaria y la desigualdad, con la pérdida masiva de trabajo remunerado, de trabajo independiente, de medios de subsistencia, así como con una disminución del acceso a los alimentos, el agua y el saneamiento, la vivienda adecuada, la educación, los servicios de salud y demás necesidades básicas. Se estima que 500 millones de personas más podrían ser empujadas a la pobreza como resultado de la pandemia y de la consecuente recesión económica, excesivamente exacerbada. En todas las regiones del mundo, la violencia contra las mujeres, las niñas y las personas LGTBI+ ha aumentado en cantidad y en gravedad.
Este es un momento sin precedentes de intensas crisis múltiples con la Covid-19, la recesión económica mundial, la crisis de cuidados y la escalada de la emergencia climática y ecológica. A pesar de la urgencia y la magnitud del sufrimiento humano, los gobiernos y la comunidad internacional no están pasando al modo de emergencia para atender a las personas y las comunidades.
Estas condiciones ponen claramente de manifiesto el problema continuo de la deuda que se interpone en el camino de la supervivencia de las personas y la lucha contra la desigualdad, la plena realización de sus derechos humanos, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, la justicia económica, de género y ecológica, así como la búsqueda de una vida digna.
Anualmente, el Sur Global gasta más de USD 300.000 millones en pagos de la Deuda Externa Pública a los prestamistas bilaterales y multilaterales como el Banco Mundial y el FMI, los bancos privados, los especuladores y los inversores en bonos y valores estatales. El problema de la deuda se ve agravado por otras formas de flujos financieros ilícitos que también se cuentan por miles de millones de dólares. Se trata de dinero de vital importancia para la inversión pública en salud, fundamental para luchar contra la Covid-19, la asistencia económica y estructural a las personas, familias y comunidades afectadas, vulnerables y marginadas y la construcción de economías que generen sistemas más justos, equitativos, resilientes al clima y sostenibles.
Dada la urgencia y la gravedad de la crisis a la que nos enfrentamos, las respuestas al problema de la deuda han sido, en el mejor de los casos, sumamente insuficientes y, en muchas ocasiones, contraproducentes.
El FMI anunció un paquete de alivio de la deuda Covid-19 en abril de 2020 y dijo que utilizará USD 500 millones para cubrir varios meses de pagos de la deuda que 28 países están realizando al FMI. El FMI dice que, finalmente, tiene como objetivo cubrir dos años de pagos, pero esto dependería de si recibe promesas adicionales de los países miembros para su Fondo Fiduciario para Alivio y Contención de Catástrofes (FFACC). De hecho, el FMI no anuló sus reclamos. Las contribuciones de varios países ricos al FFACC se utilizaron para reembolsar los reclamos del FMI de estos 28 países.
En el mismo mes, los gobiernos del G20 introdujeron la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (DSSI, por su sigla en inglés). No se trata de una cancelación, sino simplemente de un retraso de ocho meses de hasta USD 12.000 millones en pagos de deuda pública, y sólo 73 países se consideraron elegibles. De esta manera, sólo se han suspendido realmente USD 5.300 millones en concepto de pagos de deuda bilateral a 43 países, todos los cuales se pagarán ahora entre 2022 y 2024.
Hasta ahora, los prestamistas privados se han negado a anular o suspender cualquiera de las deudas que reclaman. Del mismo modo, los bancos multilaterales de desarrollo, como el Banco Mundial, tampoco han dejado de cobrar sus reclamos de deuda pendiente.
Mientras tanto, el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Asiático de Desarrollo están poniendo a disposición un total combinado de USD 205.500 millones para medidas de respuesta a la Covid-19. El FMI ha aprobado más de USD 88.000 millones en préstamos de emergencia en los últimos 6 meses a 81 países. Es una parodia de justicia que los países del Sur Global terminen aún más endeudados frente a las múltiples crisis.
El abrumador problema de la deuda va más allá del sangrado a las arcas públicas, frente a las grandes necesidades y vulnerabilidades.
Gran parte de esta deuda es ilegítima, prestada irresponsable e injustamente, impulsada por préstamos depredadores, utilizada para financiar proyectos y políticas perjudiciales, sin requisitos legales y democráticos, acompañada de términos onerosos e injustos, contraída por empresas privadas pero asumida por los Estados o contraída a través de garantías públicas de beneficios privados, desperdiciada o robada.
Las condiciones políticas asociadas a los préstamos, incluidos los recortes en los servicios públicos y la protección social, la privatización y los severos programas de austeridad, también han causado un daño tan grande, si no mayor, que el servicio de la deuda, especialmente en las mujeres y las niñas, los pueblos indígenas y las personas y comunidades más empobrecidas y vulnerables. Estas condiciones han exacerbado los conflictos sociales, la criminalización de la pobreza y la militarización y represión.
Además, la deuda y el “endeudamiento” de los países del Sur es a la vez una consecuencia y una herramienta para la dominación, al subvertir la capacidad de los países y los pueblos de dar forma a sus propios programas económicos y socavar las instituciones soberanas y los procesos democráticos.
Todo esto contrasta con el hecho de que los pueblos de los países del Sur Global ya han pagado varias veces las deudas contraídas en su nombre, con su dinero, sus medios de vida, su seguridad, su bienestar, sus vidas y la salud del planeta. Y todo esto en contraste con la deuda social, histórica y ecológica mucho mayor que se mantiene con los pueblos del Sur por siglos de saqueo colonial y poscolonial, por la extracción de sus bienes naturales y por la explotación de su trabajo, incluyendo el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado de las mujeres.
Exigimos mucho más que “alivio de la deuda”, exigimos justicia.
Hacemos un llamamiento a los líderes mundiales, los gobiernos nacionales, las instituciones financieras, públicas y privadas, para que tomen medidas urgentes, justas y ambiciosas, en cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades y se comprometan con lo siguiente:
1. Anulación incondicional de los pagos de deuda externa pública por parte de todos los prestamistas –bilaterales, multilaterales y privados – para todos los países que lo necesiten durante al menos los próximos cuatro años como paso inmediato y un programa claro para la anulación incondicional de la deuda pendiente; Además, los gobiernos prestatarios tienen en su poder la capacidad de dejar de hacer pagos de la deuda, pero no deberían sufrir ningún tipo de penalización por ello.
2. Uso de los recursos liberados de los pagos de la deuda para atender las necesidades inmediatas de atención médica vital y universal, protección social y otros servicios y derechos esenciales, asegurar la seguridad y el bienestar de las personas y las comunidades, proporcionar asistencia económica y estructural a las personas, familias y comunidades afectadas, vulnerables y marginadas, emprender acciones climáticas urgentes y construir economías que sean equitativas, respeten los derechos humanos, promuevan la justicia de género, de raza y ecológica y sean resilientes al clima y compatibles con la salud del planeta;
3. Realización de auditorías nacionales de deuda – tanto gubernamentales como de ciudadanos e ciudadanas independientes – que examinarán críticamente la naturaleza, el propósito, los términos y condiciones, el uso real de los préstamos y los impactos de las políticas y programas respaldados por préstamos, y revisarán exhaustivamente los cambios en las políticas de préstamos, endeudamientos y pagos para evitar la acumulación de deuda insostenible e ilegítima;
4. Un marco justo, transparente, vinculante y multilateral para la resolución de crisis de la deuda (bajo los auspicios de las Naciones Unidas y no en los ámbitos dominados por los prestamistas) que aborde la deuda insostenible e ilegítima;
5. Revisión nacional y mundial y cambios en las políticas y prácticas de préstamos, endeudamientos y pagos destinados a prevenir la acumulación de deuda insostenible e ilegítima, que fortalezca las instituciones y los procesos democráticos y defienda los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos;
6. Reconocimiento y aplicación de la primacía de los derechos humanos y de las obligaciones correspondientes de los Estados, la comunidad internacional y los agentes privados, incluida la responsabilidad extraterritorial de cada Estado por los impactos de la acción u omisión de empresas, especuladores e inversores bajo su jurisdicción;
7. Reparación de los daños causados a los países, pueblos y naturaleza, debido a la contratación, uso y pago de deudas insostenibles e ilegítimas y las condiciones impuestas para garantizar su cobro.
Buscamos la solución decisiva y completa al problema de la deuda como parte de la profunda transformación de los sistemas económicos y financieros que las crisis actuales exigen tan urgentemente.
