Millones de víctimas y personas solidarias se expresaran el pasado 6 de marzo en Colombia y en el mundo contra quienes han desplazado a más de 4 millones de colombianos haciendo uso del terror y la barbarie, contra quienes se han beneficiado de la usurpación de casi 8 millones de hectáreas de las mejores tierras del país, contra quienes han desaparecido a más de cinco mil personas y han ejecutado extrajudicialmente a miles de campesinos que señalan ser miembros o auxiliadores de la guerrilla.
Ese día se rindió un homenaje a las víctimas de la estrategia paramilitar y del Estado Colombiano, días antes voceros oficiales habían cargado una peligrosa cruz, de nuevo, sobre quienes pretendían dignificar el nombre y la historia de tantos muertos que no tienen rostro en los grandes medios.
Desde antes del 6 de marzo y sobre todo después del éxito de la movilización han vuelto las amenazas de muerte de quienes se hacen llamar las “Águilas Negras”, de quienes no están interesados en que Colombia vomite sus muertos, conozca su verdad, por cruda que sea, y exorcice los odios que alimentan el descomunal conflicto que vivimos. Amenazan de nuevo, como de costumbre, pero está vez ya las víctimas comenzaron a perder el miedo y salieron al camino que iniciaron hace rato los indígenas, los campesinos y los afrocolombianos para gritar ¡Nunca más desplazamientos forzados! ¡Nunca más desapariciones! ¡Nunca más paramilitares! ¡Nunca más crímenes de Estado!
El 11 de marzo llegó por correo electrónico, a varias organizaciones sociales y de derechos humanos, una amenaza de muerte firmada por el grupo paramilitar “Águilas Negras”, en la que se incluye una lista de personas y organizaciones como Minga, Fundip, Asopron, Andas, Asdego, Asomujer, Fenacoa, Codhes, CUT, ONIC, Comisión Colombiana de Juristas, Ruta Pacífica de las Mujeres, la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, Asomujer y Trabajo; Reiniciar, organización que ha presentado una demanda internacional contra el Estado colombiano por el genocidio contra la Unión Patriótica y que ha recibido amenazas y ataques reiterados; Luz Helena Ramírez, integrante del Comité de Impulso del MOVICE; y otros organizadores y participantes en la marcha.
Estos hechos solo evidencian que el paramilitarismo en Colombia continúa vigente, y que el proceso de desmovilización adelantado por el gobierno nacional solamente ha dado lugar a una reestructuración de sus estructuras; su presencia, en lugar de desaparecer, es cada vez más evidente en todo el país, particularmente en los lugares donde hay una fuerte organización social. Estas amenazas demuestran la falta de una verdadera voluntad de buscar la paz.
Es especialmente preocupante que desde el alto Gobierno se haya adelantado una campaña de señalamiento contra las organizaciones y los líderes de la convocatoria a la Jornada del 6 de marzo, ataque que se suman a la ya larga lista de ocasiones en las que se ha pretendido deslegitimar la defensa de los derechos humanos en Colombia.
Se responsabiliza a José Obdulio Gaviria, asesor presidencial
En el marco de la política de “Seguridad democrática” del actual gobierno se ha recrudecido el clima de militarización y se han agravado los ataques contra la población civil y las organizaciones sociales y de derechos humanos. Contrario a lo presentado en informes gubernamentales, esta política no ha conducido a que la situación de derechos humanos mejore y, por el contrario, han aumentado las ejecuciones extrajudiciales cometidas directamente por la fuerza pública, las detenciones arbitrarias, los montajes judiciales, y se ha modificado el panorama de la violencia sociopolítica debido al cambio en las formas de actuar de los agresores.
Es falso que el paramilitarismo se haya desmovilizado. Los informes de diversas instancias como la OEA dan cuenta de que en todo el país continúan actuando “bandas armadas”, que bajo diversos nombres (Águilas Negras, Organización Nueva Generación, etc.) siguen atacando a las organizaciones sociales. Esto prueba el proceso adelantado entre el gobierno y los grupos paramilitares no ha conducido a desmantelar el paramilitarismo.
Las agresiones contra las organizaciones y sus líderes se agudizan precisamente en los momentos en que la denuncia y la lucha social son más visibles, y cuando la situación y los derechos de las víctimas se están abriendo lugar en el debate nacional e internacional. Desde el momento en que se hizo pública la propuesta de la jornada (el 5 de febrero), la estigmatización y los señalamientos, provenientes fundamentalmente del alto Gobierno y de otros sectores de extrema derecha, han generado un clima de polarización cuyas consecuencias no se han hecho esperar.
En el marco de la convocatoria de la jornada de “Homenaje a las víctimas, los desplazados, los asesinados, los desaparecidos. Memoria y dignidad” del 6 de marzo, que además instalaba el IV Encuentro del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, se realizaron más de 24 movilizaciones en el país y 70 en el ámbito internacional. Sin duda la respuesta de la ciudadanía frente a la jornada superó las expectativas de las organizaciones convocantes.
A continuación hacemos un recuento de los graves hechos que se han presentado en las últimas semanas contra personas y organizaciones que dirigieron o acompañaron la convocatoria y cuyo trabajo se enmarca en la defensa de los derechos humanos en Colombia.
HECHOS
Desde el 10 de febrero y por varios medios de comunicación el asesor presidencial José Obdulio Gaviria señaló la marcha del 6 de marzo de ser convocada por las FARC.
En declaraciones similares el asesor presidencial atacó directamente al defensor de derechos humanos y miembro del Comité de Impulso del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), Iván Cepeda.
El 11 de febrero de 2008 en el editorial de la página Web de “Colombia Libre”, sitio oficial del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se publicó se señaló que la movilización del 6 de marzo era una marcha “entre la revancha y el oportunismo”, organizada por simpatizantes de las FARC.
El 12 de febrero se difundieron por correo electrónico panfletos amenazantes contra los organizadores de la marcha. Las amenazas estabas firmadas por el grupo paramilitar “ONG Nueva Generación Nariño”.
El día 17 de febrero Mauricio Cubides, integrante de Fensuagro (organización integrante del MOVICE), fue amenazado de muerte, sufriendo un intento de rapto. Como consecuencia de las amenazas recibidas, debió desplazarse de la región.
Durante la preparación del Homenaje Iván Cepeda recibió en su correo electrónico varias amenazas en las que se le acusaba de ser “aliado de la guerrilla de las FARC”.
El 29 de febrero dispararon contra el apartamento de Luz Adriana González, secretaria general del Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos CPDH de Risaralda. Esta organización hace parte del MOVICE y Luz Adriana era promotora del Homenaje. Esta misma semana se difundieron cartas amenazantes contra Guillermo Castaño, presidente del CPDH, dirigente de la Federación Nacional Agropecuaria y de la Corporación Campesina del Desarrollo Sustentable.
El 4 de marzo fue desaparecido y posteriormente encontrado asesinado en su apartamento, Leonidas Gómez, trabajador del Banco Citibank, integrante del Comité nacional de empresa de la Unión Nacional de Empleados Bancarios (UNEB), del Equipo nacional de educación de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y miembro de la dirección distrital del partido político Polo Democrático Alternativo.
El 6 de marzo, día del Homenaje, Antonio Pedrozo, integrante de la organización Tejiendo Esperanza y Coordinador de la Marcha Nacional de Desplazados, recibió amenazas de muerte, mediante un sobre anónimo que contenía un sufragio con la leyenda “líder de la FARC muerte ya” que en su cubierta decía “acción social para Libardo Pedrozo”.
Durante el Homenaje a las víctimas se presentaron graves incidentes en varias ciudades. En Cúcuta hubo hostigamientos y personas de civil, ajenas a la marcha, tomaron fotos e hicieron videos. En Bogotá fue identificado un joven que seguía y hostigaba a Iván Cepeda durante el recorrido por la carrera séptima.
El 7 de marzo, el Presidente de la UNEB, Seccional Bucaramanga, Rafael Boada, fue víctima de un atentado del que afortunadamente salió ileso. Rafael había recibido varias amenazas de muerte.
En horas de la noche del 7 de marzo, fue asesinado Gildardo Antonio Gómez Alzate, educador y delegado de la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA) y miembro del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes (CEID).
Ese mismo día fueron hurtados los computadores de las oficinas de ASPODEGUA, FENACOA y de la CND, con archivos que contienen información importante para su trabajo.
El domingo 9 de marzo, fue asesinado Carlos Burbano, integrante de la Subdirectiva de ANTHOC, promotor y organizador de la jornada de movilización del 6 de marzo.
El 11 de marzo llegó por correo electrónico, a varias organizaciones sociales y de derechos humanos, una amenaza de muerte firmada por el grupo paramilitar “Águilas Negras”, en la que se incluye una lista de personas y organizaciones como Minga, Fundip, Asopron, Andas, Asdego, Asomujer, Fenacoa, Codhes, CUT, ONIC, Comisión Colombiana de Juristas, Ruta Pacífica de las Mujeres, la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, Asomujer y Trabajo; Reiniciar, organización que ha presentado una demanda internacional contra el Estado colombiano por el genocidio contra la Unión Patriótica y que ha recibido amenazas y ataques reiterados; Luz Helena Ramírez, integrante del Comité de Impulso del MOVICE; y otros organizadores y participantes en la marcha.
Estos hechos solo evidencian que el paramilitarismo en Colombia continúa vigente, y que el proceso de desmovilización adelantado por el gobierno nacional solamente ha dado lugar a una reestructuración de sus estructuras; su presencia, en lugar de desaparecer, es cada vez más evidente en todo el país, particularmente en los lugares donde hay una fuerte organización social. Estas amenazas demuestran la falta de una verdadera voluntad de buscar la paz.
Es especialmente preocupante que desde el alto Gobierno se haya adelantado una campaña de señalamiento contra las organizaciones y los líderes de la convocatoria a la Jornada del 6 de marzo, ataque que se suman a la ya larga lista de ocasiones en las que se ha pretendido deslegitimar la defensa de los derechos humanos en Colombia.
Es claro que el Gobierno nacional, en cabeza del Presidente Álvaro Uribe Vélez, que promovió con todos los medios a su alcance la movilización del 4 de febrero, no hizo lo correspondiente con la Jornada del 6 de marzo y, por el contrario, intentó poner un manto de duda sobre las víctimas de crímenes de Estado y del paramilitarismo en Colombia, de exigir sus derechos.
Responsabilizamos por los hechos ocurridos, así como por la seguridad de las organizaciones amenazadas, en primer lugar, al asesor presidencial José Obdulio Gaviria, por sus señalamientos temerarios e irresponsables. Exigimos que el alto Gobierno rectifique las informaciones difundidas sobre la jornada del 6 de marzo y sus convocantes, y se reconozca el derecho de la sociedad a la manifestación pública y pacífica y a ejercer la oposición política.
Convocamos la solidaridad nacional e internacional para que se investiguen los orígenes de las amenazas y se determinen los responsables de los asesinatos y atentados que han sufrido los líderes sociales.
De igual manera, exigimos al Gobierno colombiano resultados inmediatos en el desmonte real del paramilitarismo, así como la depuración por parte del Estado de las listas elaboradas por organismos de inteligencia militar, las cuales han contribuido a la estigmatización y la eliminación sistemática de quienes integran el movimiento social y de derechos humanos.
Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Reiniciar, Minga, Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos, ANDAS, ONIC, Cut Subdirectiva Bogotá Cundinamarca, Departamento de Derechos Humanos CUT, Unión Nacional de Empleados Bancarios UNEB, ADMUCIC, Ruta Pacifica de Mujeres, Hijos e Hijas Por la memoria y Contra la impunidad, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – CAJAR-, Comisión Colombiana de Juristas –CCJ- otras.
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RED DE HERMANDAD Y SOLIDARIDAD – COLOMBIA
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Enviado por Con Todo Ahora [polosurdelexterior@yahoo.com]
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__________ Información de NOD32, revisión 2952 (20080317) __________
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