El segundo gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez implicará un nuevo nivel de la crisis nacional. Su plan estratégico, contenido en documentos como el plan 2019, apunta a aniquilar los aspectos más avanzados de la Constitución de 1991, extender la militarización de la vida nacional, y poner en práctica el Tratado de Libre Comercio, entre otros elementos de un modelo netamente autoritario en el plano político, y profundamente regresivo en el plano social.
Este contexto repercutirá, sin duda alguna, en un mayor deterioro de los derechos humanos, las libertades públicas, y los derechos sociales. La política de “seguridad democrática” incrementa las medidas represivas y arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales y la brutalidad en el uso de la fuerza por parte del Ejército y la Policía, la militarización del país, la actuación ilegal de los agentes del Estado, y una mayor intervención militar de los Estados Unidos en el conflicto armado interno.
Los acuerdos contenidos en el Tratado de Libre Comercio constituyen la base de la extensión del empobrecimiento masivo a sectores agrarios e industriales que se verán indefectiblemente discriminados por una competencia que favorece únicamente a la economía de los Estados Unidos, y a los intereses de las multinacionales. A esta alianza, contraria a las fuerzas productivas del país, el actual gobierno añade una propuesta de reforma tributaria que libera al gran capital de impuestos, y redistribuye la carga en las capas menos pudientes de la población, lo que significa una mayor concentración de la riqueza y una extensión social de la pobreza absoluta.
En el centro de este modelo está el tratamiento de favorabilidad otorgado al paramilitarismo que ha permitido, en los últimos cuatro años, su reingeniería económica, política y social. Lejos de un proceso de desactivación de las estrategias paramilitares, en muchos lugares del país la consolidación del poder narcoparamilitar se ha visto favorecido por la apariencia de un proceso de desmovilización y reinserción. En estas zonas el proceso de control social ha seguido los mismos pasos. Luego de la incursión violenta de los grupos paramilitares respaldada por las unidades del Ejército y la Policía (realizada por medio de masacres, desplazamientos forzados, establecimiento de centros de exterminio en las zonas rurales y desaparición de los cuerpos en fosas comunes), se ha instalado el control social y político a través de la infiltración de las instituciones, para después instituir el lavado de activos, la contratación de obras públicas, la inversión en sectores como el de la construcción y procesos de legalización de la apropiación violenta de tierras.
La respuesta a este modelo de sociedad antidemocrático ha sido un significativo ascenso de la acción pública de los movimientos sociales, de la cual hace parte la creciente convergencia y organización de las asociaciones de víctimas y sobrevivientes.
Reunido en su Tercer Encuentro Nacional, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado presenta a la sociedad colombina ocho propuestas encaminadas a hacer realidad los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral, la memoria y la no repetición de los crímenes contra la humanidad y los genocidios.
1. Una estrategia jurídica que persiga a los máximos autores de los crímenes y la responsabilidad de los agentes estatales
Para el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, la estrategia paramilitar ha sido diseñada, operativizada e institucionalizada por el Estado colombiano mediante la creación de diferentes dispositivos, entre los cuales se cuentan normas jurídicas que han legitimado su accionar, y otras que buscan legalizar la impunidad de sus crímenes. Así, los instrumentos jurídicos utilizados en el llamado proceso de “negociación y desmovilización”, como la Ley 782/02 y el Decreto 128/03, han servido para el otorgamiento de indultos y amnistías al 93 % de los paramilitares.
Otras normas complementarias han concedido beneficios económicos y subsidios a quienes se han desmovilizado, sin ni siquiera verificar su pertenencia a los grupos paramilitares, y mientras continúa el proceso de consolidación económica, política y social, y la ejecución de nuevos crímenes a lo largo y ancho de la geografía nacional. Por su parte la Ley 975/05, mal llamada de “justicia y paz”, y su decreto reglamentario 4760/05, pretenden cerrar este ciclo de impunidad. En su versión original, estas normas no disponen las garantías necesarias para reconocer los derechos de las victimas a la verdad, la justicia y la reparación integral y a la no repetición de los crímenes.
Tampoco reconocen la existencia de víctimas del Estado, y buscan encubrir la responsabilidad estatal en el surgimiento, accionar, desarrollo y consolidación de la estrategia paramilitar. A pesar de que la Corte Constitucional ha producido la sentencia C-370 –cuya redacción final aún no se conoce- en la que se introducirían algunas limitaciones a estos extensos beneficios, desde ya es evidente que el Gobierno Nacional y los paramilitares emplearán toda clase de estratagemas para conseguir la impunidad, y mantener a salvo los capitales obtenidos con crímenes atroces, y legalizados hoy en operaciones de lavado de activos.
Por ello develar estos mecanismos de impunidad es uno de los retos y desafíos que tiene el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, usando diversas instancias y procedimientos jurídicos, tanto nacionales como internacionales. Recurriendo al acumulado del proyecto Colombia Nunca Más, dilucidará la verdad de lo ocurrido a través de la recolección del testimonio de las víctimas, y documentará las nuevas formas de reingeniería paramilitar. Para este fin, esclarecerá los vínculos entre paramilitares y autoridades civiles y militares, así como los crímenes que siguen cometiendo, y pondrá en claro la identidad de los beneficiarios de los mismos.
El Movimiento de Víctimas exige que se sancione a los máximos responsables de más de 50.000 crímenes de lesa humanidad cuya documentación fue puesta a disposición del Fiscal General de la Nación el 29 de junio de 2006, y pide que se hagan efectivas en lo inmediato las órdenes de captura existentes. El Movimiento de Víctimas reafirma su exigencia de que los políticos corruptos, los empresarios, ganaderos y terratenientes, los intermediarios de multinacionales que han sido determinadores de estos graves delitos sean sancionados ejemplarmente, con condenas penales proporcionales a sus delitos y con medidas judiciales que les impidan el ejercicio futuro de cualquier cargo público.
2. Una estrategia para la verdad y la memoria histórica
El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado ha expresado en diversos pronunciamientos su postura sobre la verdad y la memoria históricas. La verdad es un fundamento insoslayable para la superación de la impunidad de los crímenes contra la humanidad, y para la plena realización de los derechos a la justicia y la reparación integral.
Para el Movimiento de Víctimas la dilucidación de lo que ha pasado no es un procedimiento que se realice en secreto y en la intimidad con los afectados por la violencia. La verdad y la memoria históricas son parte de un proceso de democratización de la sociedad y una oportunidad para que las fuerzas sociales que han sido excluidas, perseguidas y estigmatizadas puedan participar de la vida pública.
También es un proceso que debe impugnar seriamente el pretendido carácter democrático del régimen político colombiano, y debilitar la legitimidad social de los grupos de poder que han logrado, mediante el ejercicio sistemático de la mentira y la justificación de los crímenes, mantener una imagen de respetabilidad social y responsabilizar a las víctimas de la agresión a la que han sido sometidas durante prolongados períodos.
La información acumulada más importante de la que dispone el Movimiento de Víctimas para avanzar en el esclarecimiento histórico se encuentra plasmada en el proyecto Colombia Nunca Más. Este esfuerzo investigativo de más de una década sustenta sólidamente la existencia del terrorismo estatal en Colombia, no como una noción ideológica, sino como una realidad empíricamente demostrable. Por esa razón, la difusión social y la utilización jurídica de esta información son tareas estratégicas para las víctimas del Estado.
En cuanto a las fuentes de la verdad histórica se deben fortalecer la recolección de testimonios, las pruebas forenses que sustentan los datos estadísticos, la búsqueda de documentos con valor probatorio, el trabajo sobre los archivos oficiales, las acciones de habeas data. Sobre este último tema se requiere conocer la ubicación de los archivos oficiales y los lapsos de desclasificación de los documentos que contienen.
Asimismo se necesita entrar en contacto con organizaciones que en Estados Unidos trabajan en la desclasificación de documentos oficiales que atañen a la intervención militar y política en países latinoamericanos. Con relación a los crímenes que falta documentar, o cuya información debe ser sistematizada y agrupada se requiere que el Nunca Más clasifique los procesos de exterminio de grupos y colectividades, o en otras palabras que documente la existencia de los genocidios y procesos de exterminio. Igualmente que documente los crímenes de guerra de origen estatal, y que realice un esfuerzo de sistematización sobre el desplazamiento forzado, las detenciones arbitrarias y el exilio por razones políticas.
Para conservar y difundir la información acumulada se propone que el Movimiento de Víctimas trabaje por la creación de un centro de memoria y documentación, que cumpla a la vez funciones de archivo de seguridad, y espacio de diálogo público sobre la verdad histórica. Allí pueden tener cabida los resultados de los procesos de investigación que se han desarrollado desde las víctimas, los bancos de datos de las organizaciones de derechos humanos, y los bancos documentales de las organizaciones sociales, políticas y sindicales, así como los informes y compilaciones documentales disponibles.
3. Una estrategia para el acompañamiento solidario con las víctimas: la Comisión Ética
El Movimiento de Víctimas declara su derecho a salvaguardar la memoria histórica a través de la conformación de una Comisión Ética que custodie y comparta con la sociedad colombiana y con la humanidad, la verdad histórica de las víctimas de crímenes de Estado, así como el concepto que tiene, basado en el Derecho Internacional y en los Derechos de los Pueblos, de lo que significa la justicia y la reparación integral.
La Comisión Ética nace ante la ausencia de un aparato de justicia que aborde de modo preciso el genocidio y los crímenes contra la humanidad; nace ante el desconocimiento de los derechos de las víctimas, y ante la banalización de los contenidos de la verdad, la justicia y la reparación en la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, creada por la Ley 975/05.
La Comisión Ética sesionará durante 10 años con 25 miembros internacionales y 5 nacionales; personas y organizaciones de reconocidas calidades éticas de Norteamérica, Suramérica, Europa, África y Asia. Promoverá la creación de casas de custodia de la memoria, el cuidado de los testimonios y objetos de las víctimas. Así mismo, animará espacios públicos de la memoria con museos públicos, construcción de monumentos, rastreo de fosas comunes y prácticas alternas de exhumación, parte del Derecho a enterrar.
La Comisión Ética como construcción de propuestas de verdad, de justicia y de reparación con los familiares, las comunidades y las organizaciones de víctimas –indígenas, afrocolombianos, mestizos, mujeres, niños y jóvenes- recopilará insumos fundantes para la futura conformación de una auténtica Comisión de Esclarecimiento Histórico, cuando en Colombia existan garantías reales para la misma.
La Comisión Ética acompañará las prácticas de las víctimas en la afirmación de sus derechos a la memoria, a la verdad, a la justicia y a la reparación integral con museos populares, casas de semillas, peregrinaciones, creación de zonas de reserva y de catastro alternativo, exhumación de restos, protección de bienes y de la biodiversidad, actos públicos, ruedas de prensa, etc. Al final de su mandato, la Comisión Ética hará públicas de modo integral y sistemático tanto las propuestas en materia de verdad, justicia y reparación; así como, el acumulado histórico de las víctimas que deberá ser reconocido por el Estado y la iniciativa de ley para la constitución de un nuevo aparato de justicia.
4. Una estrategia para la no repetición: la prohibición legal del paramilitarismo
Las estrategias paramilitares han causado un grave daño a la sociedad colombiana. Además de sembrar muerte y terror, se han constituido en la principal forma de eliminar a la oposición política y social. El origen histórico y la existencia presente del paramilitarismo es responsabilidad del Estado colombiano. Hoy quiere hacer de él un poder legitimado y un poder económico mediante la preservación de su acumulación sangrienta de capitales.
Por eso, el Movimiento de Víctimas considera que entre las garantían de no repetición de los crímenes contra la humanidad y el genocidio en Colombia, debe figurar la proscripción de las estrategias paramilitares en el país. Dicha iniciativa consiste en la redacción de un proyecto de ley, con carácter de reforma constitucional, que prohíba cualquier disposición que intente validar al menos tres modalidades de paramilitarismo.
El proyecto de ley decretará, en primer lugar, la interdicción de cualquier política pública tendiente a armar a los civiles, o a otorgarles funciones propias de las fuerzas militares o de los cuerpos de seguridad estatales (cooperativas de tipo “Convivir”, redes ciudadanas de informantes y cooperantes, etc.).
El proyecto de ley precisará la tipificación del delito de alianzas entre los agentes estatales y los grupos paramilitares, y aumentará las sanciones para quienes incurran en esta práctica o fomenten la infiltración paramilitar en el Estado, y el uso de la contratación pública para el beneficio de particulares pertenecientes a organizaciones paraestatales.
El proyecto de ley prohibirá la planificación de operaciones encubiertas de tipo paramilitar por parte de miembros de la Fuerza Pública, y la conformación de escuadrones de la muerte y grupos mercenarios sobre el territorio nacional.
El Movimiento de Víctimas es plenamente conciente de que con la actual composición del Congreso de la República una norma de estas características no tiene ninguna posibilidad de ser aprobada. Sin embargo, perseverará hasta que esta norma adquiera un rango constitucional y se convierta en un patrimonio de la sociedad. Igualmente, hará de esta propuesta un instrumento para abrirle paso a la controversia política sobre las garantías de no repetición de los métodos del terrorismo estatal y la depuración de la fuerza pública.
5. Una estrategia para la reparación: el catastro alternativo
Para el Movimiento de Víctimas la reparación no es un acto caritativo del Estado, ni una transacción para tasar la dignidad de las víctimas por una suma de dinero. Tampoco es una colecta de dineros de la cooperación internacional o un deber de todos los ciudadanos a través de nuevos impuestos, como lo han sostenido el Gobierno Nacional y el presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Quienes tienen que reparar son los causantes del daño y los actuales detentadores de la riqueza que ha sido usurpada a las comunidades y grupos agredidos.
Para el Movimiento de Víctimas, la reparación es un proceso de justicia con quienes han sufrido la violencia y con la propia sociedad. Por eso, el Movimiento reitera su compromiso de impulsar el Mandato Agrario del cual hace parte la propuesta de la elaboración de un catastro alternativo como mecanismo directo de acopiar información sobre los bienes, las tierras y territorios de las victimas, que fueron usurpados por la política de terrorismo de Estado.
El catastro alternativo es la búsqueda de información sobre la magnitud del despojo, e intenta poner en evidencia que el desplazamiento forzado es una estrategia de contrareforma agraria, que establece un nuevo proceso de acumulación de tierras. Con esta herramienta las victimas podrán demandar las 5 millones de hectáreas de territorio que fueron usurpadas violentamente a campesinos, comunidades afrocolombianas, indígenas y colonos. También podrá reclamar la responsabilidad estatal por haber permitido o auspiciado directamente este despojo violento.
6. Una estrategia de lucha contra la desaparición forzada: la exhumación de las fosas comunes y el derecho a enterrar
Las víctimas de crímenes de Estado declaran su derecho a exhumar los restos mortales de las fosas comunes y a enterrar dignamente a las miles de personas que fueron sometidas al crimen de la desaparición forzada como parte de la estrategia paramilitar.
Muchos familiares saben dónde se ocultaron los restos mortales sus seres queridos. Muchas comunidades presenciaron la eliminación de sus líderes y miembros en las fincas que se convirtieron en centros de exterminio, en las que fueron sepultadas las víctimas. Pero hoy no pueden darles digna sepultura, pues aún persiste en las regiones el control de las mismas estructuras militares regulares e irregulares que torturaron, desaparecieron y después asesinaron.
El Movimiento de Víctimas sostiene el legítimo derecho a elaborar el duelo, a saber dónde pueden los deudos visitar a sus familiares, y dónde las comunidades pueden rendir homenaje a quienes fueron inmolados. Afirma su derecho a encontrar a los desaparecidos, a saber dónde están, a recuperar los restos de humanidad, sus restos. Concibe el derecho a exhumar como la posibilidad de re-crear las vidas de quienes sufrieron los crímenes, de revitalizar los ríos, las tierras, liberándolas de ser el recinto del ocultamiento, y la impunidad de los perpetradores. Ratifica el derecho a convertir el dolor en esperanza, en la posibilidad de esclarecimiento de la verdad, y de dignificación del nombre, las opciones, los ideales, y proyectos de vida de quienes fueron desaparecidos. Ese derecho es el de la resistencia y la resilencia. Es el derecho a exhumar la vida y la memoria.
7. Una estrategia de lucha contra el genocidio político: verdad, justicia y reparación para las víctimas y los sobrevivientes de la Unión Patriótica
La oposición política ha sido perseguida y ha intentado ser exterminada en Colombia. Los crímenes hacia estas expresiones son una práctica de represión a la construcción de alternativas sociales y políticas como una salida civil a las causas del conflicto armado.
El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado siente propios los colosales esfuerzos de las victimas y los sobrevivientes del Partido Comunista Colombiano y de la Unión Patriótica, por conocer la verdad plena, acceder a una justicia que castigue ejemplarmente a los promotores y autores del genocidio político que se ha perpetrado en su contra, y beneficiar y obtener reparación integral a los más de 4.000 crímenes cometidos contra sus militantes. Además, respalda plenamente la búsqueda de reparación política y de restitución de los cargos públicos en todas las instancias de gobierno y estado.
El Movimiento de Víctimas expresa su apoyo irrestricto a la decisión de suspender la etapa de búsqueda de solución amistosa que venía haciendo curso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso No. 11.227 que se sigue contra el Estado colombiano por genocidio y grave violación de los derechos humanos y las libertades políticas de los miembros de este partido y el movimiento de oposición UP.
Para las víctimas del Estado, el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y las instituciones oficiales encargadas, no solo no han avanzado en las investigaciones ni ha castigado a los responsables y usufructuarios de este exterminio, sino que, por el contrario, realizan constantes esfuerzos por descalificar y estigmatizar públicamente la legitima labor de los sobrevivientes de esta aniquilación sistemática; fomentar el más primario anticomunismo, y hacer una apología del genocidio, que incentiva la continuación de nuevos hechos de violencia contra los miembros de los grupos de oposición.
Desde la perspectiva actual, para el Movimiento de Víctimas es claro que la Ley 975/05 es una herramienta de impunidad que no permitirá, que en el caso del PCC y la UP, como en el de otras decenas de miles de crímenes y violaciones contra el movimiento social y popular puedan prosperar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral, la memoria histórica y las garantías de no repetición.
8. Una estrategia de organización: el fortalecimiento del Movimiento de Víctimas
El Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado representa un esfuerzo de unidad y construcción de confianzas de los diversos sectores sociales, étnicos y políticos agredidos por la estrategia autoritaria del Estado. Al convertirse en una fuerza social contra la impunidad, el Movimiento ha venido reuniendo a múltiples expresiones organizadas en un solo proceso que ofrece mecanismos propios de coordinación y consulta permanente en el plano nacional.
Una lucha exitosa contra la impunidad requiere, sin embargo, de sólidos y pacientes esfuerzos organizativos en el plano regional, que reúna las diversas vertientes de las victimas de crímenes de Estado en un solo mecanismo de coordinación permanente, y haga realidad las líneas de acción social, política y jurídica en cada lugar. En dicha dinámica la educación y capacitación en los temas de conflicto y paz, las vías de exigibilidad y realización de los Derechos Humanos, y en especial, los Derechos de las Victimas, deben ocupar un lugar importante.
La causa de las víctimas y la afirmación de sus derechos se fortalece con la conformación de cada nueva organización de familiares o sobrevivientes de crímenes del estado, por ello saludamos la creación del “Movimiento Hijas e Hijos contra la impunidad y por la memoria.
Tercer Encuentro Nacional del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado.
Bogotá D.C., 9 de julio de 2006.
- Tags
- Article
