El ministro de Transporte, alegando la eliminación de la tabla de fletes para el transporte de carga, dijo que suprimir la regulación en esta área, dejarla en manos del mercado, era parte de la “modernización” de la infraestructura. Para ello, coincidiendo con el Banco Mundial, el interés es acabar dicho sistema normativo para abrir la puerta a grandes inversores, incluso extranjeros, que desalojen a pequeños empresarios o camioneros. El intento de reemplazar a un número de los 140 mil que existen, y que transportan en promedio menos de 3 toneladas al día, por operadores poderosos, y favorecer a multinacionales e importadores se truncó, por ahora, con la férrea y firme protesta de 15 días.
Igual ha ocurrido con el proyecto de explotación aurífera de Greystar en Santurbán, en Santander. La marcha de más de 40 mil personas y la audiencia pública, donde se manifestaron desde el gobernador Serpa hasta las organizaciones campesinas y sociales, contra el despropósito de afectar el agua de la que se surten 2,2 millones de habitantes del oriente colombiano, reiteran que no se aceptará el saqueo a rajatabla de los recursos naturales del país ni por parte de las empresas internacionales ni de los especuladores financieros que las patrocinan.
La marcha lechera nacional en Bogotá el 9 de marzo, el plantón de miles de indígenas y asociaciones de productores de Nariño en la frontera con Ecuador y la concentración en Manatí de ganaderos del sur del Atlántico y del norte de Bolívar damnificados por el invierno ratificaron que no será fácil para los consorcios del agronegocio suprimir la leche nacional, incluida la de la cantina, ni por las importaciones ni por el contrabando, ni por los TLC ni por los productos industriales elaborados con leche falsa promovidos para engañar consumidores. La victoria de los lecheros, quienes reivindicaron la justeza de sus demandas, fue contundente.
Las “locomotoras”, criticadas por algunos como “faltas de tracción”, enfrentan un mayor desafío: el de la resistencia social, creciente y erguida, para evitar que aplasten lo que resta de trabajo, producción y bienestar nacional.
Bogotá 15 de marzo de 2011
por: Aurelio Suárez Montoya
