La etapa que comienza en Cuba el 19 de abril conlleva una división hasta ahora inédita en la cúpula del poder: el presidente y jefe de gobierno no será a la vez primer secretario del Partido Comunista (PCC), único legal, ni comandaría las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).
El jueves 19 se constituye la nueva Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, parlamento unicameral), electa el 11 de marzo, para después escoger de entre sus miembros al nuevo presidente, un primer vicepresidente, cinco vicepresidentes, un secretario y 23 miembros más del Consejo de Estado, máximo órgano ejecutivo.
Durante décadas, el líder histórico Fidel Castro (1926-2016) se mantuvo al frente del PCC, los institutos armados y las presidencias del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros, cargos que recayeron tras su enfermedad en su hermano menor Raúl, de 86 años, quien desistió de ser reelecto para un tercer mandato de cinco años.
Pero se supone que el mandatario saliente se mantendrá al frente del PCC al menos hasta 2021, cuando esa organización, considerada constitucionalmente “vanguardia organizada de la nación cubana”, celebre su octavo Congreso, la más importante cita del comunismo cubano y que se realiza cada cinco años.
El artículo 93, inciso g de la Constitución confiere al presidente del Consejo de Estado y jefe de gobierno, entre otras atribuciones, “desempeñar la Jefatura Suprema de todas las instituciones armadas y determinar su organización general”.
Castro no se ha referido a sus responsabilidades en el PCC ni en las FAR, de las cuales es fundador y lidera con el grado de general de Ejército, cuando ha hablado de su decisión de no ostentar la presidencia de este país insular caribeño más de dos periodos.
Así que por mandato constitucional, si Miguel Díaz-Canel, de 57 años, actual primer vicepresidente del Consejo de Estado y el de Ministros y quien se prevé como sucesor de Castro, resulta el elegido, podría convertirse en el primer civil en comandar los cuerpos armados cubanos desde el comienzo de la Revolución en 1959.
Es más, en los últimos días se menciona a Mercedes López Acea, de 53 años, vicepresidenta del Consejo de Estado y primera secretaria del PCC en La Habana, como candidata a primera vicepresidenta, cargo desde el cual en caso de ausencia, enfermedad o muerte del gobernante debe asumir sus funciones.
Ingeniera forestal, López Acea es también graduada de la Especialidad en Defensa Nacional. De los 605 miembros del nuevo parlamento, 53 por ciento son mujeres. Raúl Castro ha impulsado durante su gestión la participación femenina a cargos políticos y gubernamentales.
El cientista social Ovidio D’Angelo descarta que el cese de la coincidencia institucional entre poder político, gubernamental y militar, de lugar a “fraccionamientos o pugnas internas dados los orígenes civiles o militares de los posibles componentes del nuevo Consejo de Estado”, como habrían especulado “algunos analistas”.
“En mi opinión, esto no sería algo a considerar, dado que en el presente se mantiene la dirección del país en el Buró Político, máximo órgano del PCC, legitimado por el artículo 5 de la Constitución, al que se subordinan el gobierno y las fuerzas armadas, que, por demás participan del mismo Buró”, dijo a IPS este experto.
El mandatario saliente, quien según trascendidos establecerá su residencia en la oriental ciudad de Santiago de Cuba, figura entre los 605 diputados de la legislatura parlamentaria que se inaugura el jueves 19 para un período de cinco años, lo que marca otra novedad de los próximos años.
“Se trata de una situación nunca antes manejada por la ANPP: contar en su seno con uno de los dos líderes históricos de la Revolución cubana, sin que ocupe los máximos cargos estatales”, lo que, en teoría, “se explicará a través del poder moral del liderazgo histórico”, señaló el académico Julio César Guanche, en un artículo para IPS.
A su vez, el analista político Carlos Alzugaray considera que estos cambios “tendrán mucho más impacto que lo que se supone” en el sistema político y en la población. “Va a haber una estructura de poder distinta con nuevos actores que van a tomar cada vez mayor protagonismo”, indicó a IPS.
Al ampliar en el tema, agregó que “no solo habrá una sustitución de la generación histórica por una nueva generación más joven, sino que esta última no tendrá con las otras generaciones que conviven en el sistema sociopolítico cubano el mismo tipo de relación que tenía la generación histórica”.
“Por otra parte, hay suficientes presiones sociales ante la demora en producir un socialismo próspero y sustentable como se ha prometido”, advirtió. En ese sentido, señaló que Cuba “no ha logrado la mayor parte de los objetivos previstos en los Lineamientos”, como se denomina oficialmente a las reformas iniciadas en 2011.
Para Alzugaray, “a partir de esta apreciación creo que se avizoran tres desafíos principales: la economía, la economía y la economía. Quiero decir con esto la materialización de las promesas previstas en los Lineamientos sobre mayor prosperidad”.
Datos oficiales indican que el relevo generacional comenzó hace varios años. En el parlamento electo en 2013, más de 78 por ciento de sus miembros nació después de 1959 y su promedio de edad fue de 48 años. En nuevo, es de 49 años y 80 de sus diputados tienen entre 18 y 35 años.
En 2016, el promedio de edad del Comité Central del PCC se redujo de 59 a 54 años, en tanto más de la mitad de los ministerios y de las instituciones estatales eran dirigidas por personas menores de 60 años.
Para la investigadora Ailynn Torres, entre los próximos retos figura la generación de nuevos consensos en un escenario “de mayores tensiones políticas explícitas”, seguido de la capacidad de quienes lideren el “nuevo momento” ante problemas y desafíos que continuarán ocupando el primer plano de las necesidades políticas de Cuba.
“Me refiero a la necesidad de transparencia de la política, al estímulo y garantía de la participación popular y del control popular de la política y la economía, a la flexibilización de las formas productivas y organizativas de la sociedad cubana, al mejoramiento de la calidad de los servicios sociales y de la política social hoy deteriorada”, afirmó a IPS.
En su opinión, un reto “enorme a inminente” apunta “al cambio constitucional anunciado desde el poder político, reclamado por actores sociales y gestionado, hasta el momento, solo desde el primer lugar mencionado. El modo en que transcurra ese proceso, y sus contenidos y alcances, podrá leerse, al menos, en dos niveles”.
“Será (por una parte) un mirador privilegiado de la línea política dominante después del 19 de abril, y, además, podrá ser un termómetro del dinamismo o el inmovilismo social cubano. En todo caso, estimulará varias evaluaciones meditadas sobre el futuro de Cuba de las cuales el poder político no debería desentenderse”, concluyó.
Con aportes de Ivet González desde La Habana
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