CONSTATAMOS
1.- Que la detención de los ciudadanos cubanos Gerardo Hernández, René González, Fernando González, Ramón Labañino y Antonio Guerrero se produjo en Miami, en 1998, en el contexto de un clima de extrema tensión política, derivada del injustificable bloqueo que los EE.UU. impusieron en los años sesenta al pueblo de Cuba, por el simple hecho de que éste, en uso de su soberanía, adoptara un régimen político ajeno y discrepante con el modelo norteamericano,
2.- Que su “delito” real consistió en infiltrarse en organizaciones mafiosas que en Miami preparaban atentados (más de 170 planes documentados) a perpetrar en la isla, con el objetivo de minar la credibilidad del gobierno cubano y de sembrar el pánico entre la población. Su tarea fue únicamente la de prevenir actos terroristas.
3.- Sin embargo, sobre ellos ha recaído un proceso policial y judicial plagado de irregularidades: falta de garantías procesales, obstáculos al ejercicio del derecho de defensa, dispersión carcelaria, torturas en la prisión, e incomunicación entre los encausados y sus familiares o sus abogados…etc. La propia Comisión de Derechos Humanos de la ONU llegó a calificar el hecho, en su Conclusión 19/2005, de franca violación de distintos Derechos Humanos, y la propia Corte de Atlanta ante la que fue recurrida la sentencia del jurado de Miami, anuló en 2005 todo lo actuado en la primera instancia (Miami) ordenando repetir el proceso por manifiestas irregularidades y desproporción en las sentencias.
4.- A pesar de ello, los contra-recursos de la Fiscalía han conducido, tras un largísimo proceso de once años, a una sentencia del Tribunal Supremo norteamericano que otorga validez a la sentencia inicial de Miami, según la cual se les condena por “espiar contra intereses estratégicos de los EEUU” a altas penas de prisión, entre ellas, 2 cadenas perpetuas a una misma persona.
Siendo así que la infracción de los Cinco, residentes en EE.UU. de modo irregular, se reducía –como en el caso de tantos inmigrantes- a residir en el país sin permiso de residencia, una falta administrativa que debiera haber sido sancionada como tal, nunca como un delito de sangre sujeto a penas de prisión incondicional y, menos aún, de ‘cadena perpetua’.
5.- Además de permanecer encarcelados desde el primer día, aún sin sentencia judicial en su contra, se les ha venido aplicando un régimen carcelario cruel, sometiendo a varios de ellos a torturas inexplicables, y dispersándoles por prisiones alejadas sin motivo justificado. Y, lo que es peor, imponiéndoles un régimen de incomunicación con sus familiares y abogados. De hecho la Administración estadounidense no concede visados a sus esposas e hijas o lo otorga de modo puntual o excepcional, por ser ciudadanos cubanos. Circunstancias todas que violan el Derecho penitenciario internacional.
6.- Lamentablemente esta cadena de hechos viene siendo deliberadamente silenciada por las grandes Agencias de Información, controladas por grupos de poder norteamericanos, por el mero hecho de que no responde a la agenda de sus intereses.
A la vista de ello, tras reconocer en estos episodios un ejemplo más de imposición de la fuerza y de los intereses políticos particulares sobre los principios de la justicia y el derecho y, más aún, sobre los valores de la democracia y la construcción de la paz, los Cristianos de Base de Madrid
DENUNCIAMOS
El atropello que este caso supone y la contradicción que representa frente a los valores universales de la paz, la democracia y la solidaridad en los que debe cimentarse cualquier proyecto de sociedad, así como las Relaciones entre los Pueblos. Reclamamos, en consecuencia, la inmediata puesta en libertad de los cinco cubanos encausados a la espera de un nuevo proceso respetuoso con los Derechos Humanos y el Derecho Internacional.
Y, en consecuencia con ello,
SOLICITAMOS
A) A las autoridades gubernamentales de EE.UU., a la Administración de Justicia y al Ministerio fiscal de ese país, la revisión imparcial del caso, corrigiendo la irregularidades producidas hasta ahora, de acuerdo con las conclusiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU antes mencionada, y con el propio ordenamiento jurídico estadounidense y las normas del Derecho Internacional que les vinculan.
B)Al Gobierno español y a la Comisión Europea, que, lejos de la tradicional sumisión ante la Administración Obama, intervengan en el caso, ejerciendo sus responsabilidades políticas en favor del Derecho Internacional, de la distensión entre Regímenes políticos diferentes y de la construcción de la Paz entre los Pueblos.
C)A la Conferencia Episcopal española y a la Secretaría de Estado del Vaticano, para que, en base a principios éticos de mínimos, tal como se recogen en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, lleven a cabo un pronunciamiento público a favor de la Justicia en el caso de los cinco cubanos presos.
D)A todos los colectivos cristianos (Comunidades, Redes, Movimientos, Parroquias…) sensibles a la responsabilidad de trabajar por la justicia desde la opción preferencial a los pobres y marginados, a solidarizarse con estos hermanos, abandonados en la cuneta de la democracia y la justicia, por el delito de haber trabajado por la paz, contra la violencia del terror.
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Por nuestra parte, reconocemos ésta como una más de las causas de los ‘perseguidos por la justicia’ y como una oportunidad concreta para comprometemos a mantener ojos y oídos abiertos a la compasión evangélica y al trabajo incesante por la Justicia.
Coordinadora de Iglesia de Base de Madrid
Madrid, 29 de Octubre de 2009
