Durante aproximadamente tres décadas, las activistas han conseguido hacer de la violencia contra las mujeres una cuestión de derechos humanos tanto en los ámbitos nacionales como en el global. Mediante la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) adoptada en 1979 por la Asamblea General de la ONU y otros instrumentos, los gobiernos son responsables de prevenir y castigar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas.
Las resoluciones 1325 y 1820 del Consejo de Seguridad de la ONU reconocen el impacto de la guerra en las mujeres y demandan poner fin a la impunidad de la violencia sexual como táctica en conflictos armados. Incluso la violación marital en muchos casos no es considerada como un crimen.
Las instituciones responsables de la protección y el apoyo a las mujeres son en muchos casos débiles líneas de defensa. Una encuesta realizada en 2008 en muchos países muestra que sólo un tercio de las mujeres víctimas de violencia masculina ha denunciado los hechos. Y entre los casos denunciados menos del 5% concluye con una condena. Asimismo, las mujeres siguen estando al margen de los procesos de paz, pues sólo son un 10% de los negociadores y menos de un 2% de los firmantes de acuerdos de paz.
Estos desequilibrios revelan una seria crisis de responsabilidad. Los gobiernos y las organizaciones multilaterales, incluyendo la ONU, tienen la responsabilidad de cumplir una mejor tarea. La experiencia del Fondo de las Naciones Unidas para las mujeres (UNIFEM) ha mostrado que los mecanismos de responsabilidad funcionan cuando las mujeres pueden pedir información a las autoridades, iniciar investigaciones u obtener compensaciones. Deben ser incluidas en procesos de supervisión y el progreso en los derechos femeninos debe ser un elemento estándar para evaluar el rendimiento de los funcionarios públicos.
El objetivo de una fortalecida arquitectura de igualdad de género es proporcionar apoyo a los Estados miembros para avanzar en esta materia, en línea con las prioridades nacionales y las normas y políticas internacionales. Tal objetivo debe ser el centro de una entidad aprobada por la Asamblea General de la ONU en 2009. Encabezada por un Subsecretario General de la ONU, esa entidad debería ocuparse de los problemas de insuficiente autoridad y colocación dentro del sistema de la propia ONU y de la obtención de recursos para cumplir progresivamente con las iniciativas prometidas. Mediante la fusión de los organismos que se ocupan específicamente de problemas de género (OSAGI, DAW, UNIFEM e INSTRAW) será posible efectuar conjuntamente análisis y trabajos programáticos para avanzar en la igualdad de género y convertirse en el conductor para la promoción de los derechos femeninos en el sistema de la ONU.
A fin de enfrentar estos desafíos la nueva entidad deberá hacer uso de las experiencias de las organizaciones y redes que han sido los motores y conductores de la lucha por los derechos femeninos y la igualdad de género desde la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1975.
Éste es un fuerte mandato, que deberá recorrer un largo camino hacia el logro de la tan necesaria responsabilidad y sólo será posible si se dispone de los recursos imprescindibles para tal tarea. La Plataforma para la Acción adoptada en 1995 en Pekín reclamó recursos a movilizar desde todas las fuentes posibles, pero incluso las antes citadas cuatro entidades ocupadas específicamente de los problemas de género han estado permanentemente con recursos insuficientes . Las organizaciones femeninas han planteado desde el comienzo que, si se quiere que la entidad aprobada en 2009 actúe en consonancia con su potencial, necesitará un presupuesto de 1.000 millones de dólares, quizás a ser obtenido en varias fases, durante los primeros años. Este es un desafío formidable, pero estoy convencida que los pueblos y los gobiernos se pondrán a la altura de las circunstancias y harán posible el alcance de los compromisos adquiridos en la Plataforma para la Acción adoptada en Pekín.
- Inés Alberdi, Directora Ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para las mujeres (UNIFEM).*
