En Ecuador se vive un clima expectante y políticamente tenso a pocas semanas que la Asamblea Constituyente comience a sesionar el próximo 29 de noviembre en Montecristi.
En el Congreso, el nerviosismo crece. El presidente, Rafael Correa calificó de moribundo al parlamento y dijo que cavó su propia sepultura al derogar los decretos de emergencias destinados a facilitar más recursos para sectores como educación y salud. El mandatario aboga por la disgregación del Legislativo una vez instalada la Asamblea Constituyente.
El miércoles pasado, la oposición que domina la mayoría en el Poder Legislativo derogó los decretos con los que Correa liberaba recursos para salud, educación, sistema penitenciario, campo, carreteras y las industrias petrolera y eléctrica. La decisión fue tomada con 45 votos en favor de 65 asambleístas presentes.
Por su parte, los diputados quieren evitar la disolución, y esperan discutir la posibilidad de que la vacancia legislativa se fije para el 17 de diciembre próximo y no antes de la instalación de la Constituyente. Diego Ordóñez de Democracia Popular (DP), explicó que el rechazo a los decretos se debió a que “no se justifica la emergencia, porque el país no vive un ambiente de extrema gravedad o en un estado de excepción, que son las únicas razones por las que la Constitución faculta al Jefe de Estado a declarar una emergencia”.
La respuesta del oficialismo se basó en la defensa de las clases populares. Gustavo Larrea, ministro de Gobierno expresó que ese sector es el más damnificado por la falta de sensibilidad de los diputados.
Al respecto, Correa sostuvo que los legisladores actuaron por odio y cálculo político. “La patria los sabrá juzgar. Lo único que están haciendo es sepultándose cada vez más en la vergüenza y la indignidad”, dijo. Es que para el Gobierno, la oposición atentó contra la economía popular, ya que cesar en el pago de 25 dólares en concepto de matrículas y reestructuración de más de mil escuelas y colegios se produjo gracias a la emergencia.
El 30 de septiembre al elegir una Asamblea Constituyente, los ecuatorianos depositaron ampliamente su confianza al movimiento Alianza País conducido por Correa para cambiar las reglas del juego político-económico dejados por el neoliberalismo.
Con ochenta representantes sobre ciento treinta, tendrán la mayoría absoluta en la Asamblea que le permitirá al jefe de Estado llevar adelante políticas encaminadas hacia obtener una economía regulada, redistribución social, democracia participativa e integración regional.
“¿Por qué negarle la oportunidad a un ciudadano de votar por un gobierno bueno? Además que, usted sabe, que cuatro años son cortos para realizar la obra que se quiere realizar”, había dicho el presidente Rafael ante la televisión ecuatoriana sobre su preferencia de renovar el mandato por un sólo período. El mandatario se había definido como partidario de la reelección inmediata y no indefinida.
La Asamblea redactará la vigésima Constitución de Ecuador, el país más inestable de la región con ocho mandatarios en una década, tres de los cuales fueron destituidos por el Congreso antes de terminar su mandato. Entre los cambios propuestos habrá leyes que combatan los monopolios, permitan confiscar fortunas ilegales y expropiar tierras improductivas.
En ese sentido, Alberto Acosta, jefe de la mayoría oficialista en la Asamblea recordó el caso de los banqueros corruptos que huyeron con fondos públicos durante la crisis económica de 1999.
“Cómo puede ser posible que quienes atracaron al pueblo, para llevarse grandes fortunas afuera, tengan todavía sus tentáculos y mecanismos para seguir influyendo en la vida política o económica”, sostuvo.
En tanto, la Asamblea también impugnará un tratado con Estados Unidos que obliga a Ecuador a someterse a arbitrajes internacionales. “Yo creo que ese tipo de tratados sí deben ser revisados e incluso impugnados porque limitan la soberanía jurídica del país”, se refirió el legislador sobre reclamo de la petrolera City Oriente ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial (BM).
La compañía, que extrae unos 3.000 barriles por día (b/d) de crudo, interpuso la demanda contra el país alegando una supuesta violación de su contrato por una ley que recortó sus utilidades extras por el alza del precio del crudo.
La estatal Petroecuador tramita la anulación del acuerdo con la petrolera, acusándola de haber incumplido la norma que la obligaba a transferir la mitad de sus ganancias excepcionales. Una reciente reforma prevé ahora que las petroleras entreguen el 99 por ciento de esas utilidades.
“Si es que se establece que le han robado al pueblo ecuatoriano, a través de un debido proceso, hay que quitarles las propiedades”, manifestó Correa. En tanto, los ecuatorianos esperan los próximos días para que la Asamblea comience a discutir la nueva Carta Magna, que luego deberá ser aprobada por la población en un referendo.
Fuente: APM
