Pero en Estados Unidos el derecho a la libre expresión irremediablemente lleva a otra contradicción. Al no existir, como en muchos países, la misma figura criminal de la apología del delito, una persona o un grupo pueden incitar al odio. El odio no está prohibido. Solo se puede prohibir los crímenes por odio. El argumento que sostiene esta práctica no es malo: si limitamos a unos su derecho de expresión, unos estarían tomándose atributos sobre otros sobre qué se puede decir y qué se debe callar.
De cualquier forma, en los hechos ni la libertad ni la libertad de expresión son iguales para todos. En los países con gobiernos autoritarios el Estado censura y controla la libertad de expresión; en países capitalistas como Estados Unidos el capital censura y administra la libertad de expresión, ya que un millonario siempre tendrá algunos millones de oportunidades más que un obrero para expresar su voz o para promover su agenda política (to lobby).
Sin embargo, si ante estas contradicciones casi irresolubles fuese necesario elegir entre encarcelar a los locos y revisionistas y tener que escuchar las peores ideas y expresiones de los peores criminales, me quedo con esta última opción.
Derecho a portar armas
Otra contradicción fundamental surge en disputas éticas y legales como el derecho a portar armas para la defensa propia.
Recientemente se ha reinstalado el debate en Estados Unidos sobre la validez de portar armas. En los campus universitarios están prohibidas pero en Utah existen casos donde la ley lo garantiza.
No hace mucho un amigo me decía que no son las armas las que matan a las personas sino las personas que las usan. Aunque esta es una verdad irrefutable e innecesaria, advertí que el argumento venía en defensa del porte de armas. Según sus defensores, la Segunda Enmienda de la constitución de Estados Unidos lo garantiza junto con el derecho a la autodefensa. No está claro si el sujeto de derecho se refiere a los individuos o a los pueblos.
Tradicionalmente, la poderosa y bien temida Asociación del Rifle de Estados Unidos ha usado el mismo argumento para defender la propiedad y el millonario mercado de armas que circula en este país.
Sin embargo, no es lo mismo un criminal con un palo que con una pistola. Si como víctima tuviese la libertad de elegir, yo elegiría la primera opción. No solo porque mis posibilidades de sobrevivencia serían mayores sino porque al menos me quedaría algo de mi derecho a la autodefensa, ese derecho que tanto esgrimen los amantes del rifle y que protege la constitución.
Mientras volaba por la autopista I-95, camino a la universidad, escuchaba esta misma discusión por PBS, la radio publica. Quien criticaba este derecho a portar armas por defensa propia argumentaba que de esa forma pronto cada ciudadano podría portar una bazooka. Quien defendía este derecho respondió que ese tipo de armas no están contempladas como armas de defensa individual.
La discusión es infinita y, por alguna razón, se detiene y se pierde en ad hocs.
Ahora, como la discusión se centra en los aspectos legales de las interpretaciones constitucionales, nada mejor que ir a la fuente. La Segunda Enmienda es muy simple y no especifica el tipo de arma que se contempla.
De hecho, la enmienda se refiere a las milicias populares y a los ejércitos organizados. Simplemente reza: “Una milicia bien regulada, siendo necesaria para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo de portar armas, no debe ser vulnerado”.[1]
Esta enmienda se comprende si recordamos que los padres fundadores de Estados Unidos en su mayoría hacían gala de un espíritu anarquista y solían repetir que los pueblos tenían derecho a revelarse contra cualquier gobierno que se extralimitase en sus atributos. Irónicamente, esto es lo último que quieren recordar los conservadores más radicales que abogan por un gobierno mínimo con un ejército máximo.
También el “right to keep and bear arms” es otra de las contradicciones constituyentes y fundadoras que podemos observar en cada país. Toda constitución reconoce que lo legítimo es superior y preexiste a lo legal, pero al legalizar lo legítimo proscribe toda legitimidad ilegal. Es decir, la constitución defiende el derecho civil a la rebelión y al uso de armas contra el poder oficial, pero en muchos casos cada legitimidad, los límites de cada derecho, puede ser materia de discusión. Como los limites de la líbre expresión, del porte de armas y del derecho a la modificación de la misma constitución.
Ahora, si los mismo defensores de las armas reconocen que ni un tanque de guerra ni una bazooka pueden ser considerados como armas de defensa personal, ¿dónde está el limite legítimo y legal? ¿Por qué, por ejemplo, este derecho constitucional cesa completamente en los aeropuertos?
La solución, entiendo, aun desde el punto de vista más conservador (los defensores de las armas son el extremo más conservador de la sociedad americana) consiste en ir directamente al tiempo en que fue escrita la enmienda que se evoca con tanta pasión. Es decir, 1791.
Supongamos, arbitrariamente, que la palabra “arms” no se refiere a un palo ni a un cuchillo. Se refiera a un arma de fuego. Por entonces, el arma de fuego personal más peligrosa no era mucho más que una pistola tipo flintlock (mosquete o revolver de chispa).
Una pistola estándar en 2010 puede alcanzar una distancia de cincuenta a cien metros. A poco menos distancia puede volarle la cabeza a cualquier ser humano con un solo disparo. Un viejo trabuco o una flintlock difícilmente podrían herir de gravedad a un hombre a quince pasos. Por algo este tipo de pistolas eran comunes para uso personal y para la práctica de duelos, precisamente porque los contendientes rara vez perdían la vida por un disparo a corta distancia. Quienes se defendían de un delincuente salvaban la vida, la vida propia y la vida del delincuente; quienes se defendían de un agravio salvaban el honor en el siglo XIX y hacían el ridículo en el siglo XX.
Si la diferencia entre una pistola y una bazooka, entre un arma legal y otra ilegal, es su poder de destrucción, la misma lógica debemos aplicar para distinguir una pistola antigua de una pistola moderna. El diablo y la diferencia constitucional están en el adjetivo.
La solución técnica y legal es obvia. Si defendemos la Segunda Enmienda desde una perspectiva verdaderamente conservadora, las únicas armas que podrían ser legales para uso individual no podrían tener más potencia ni ser mas peligrosas que una equivalente a una flintlock de 1790. Es decir, algo poco más potente que una onda o una piedra lanzada con la mano.
por: Jorge Majfud, Lincoln University, marzo 2010.
