La segunda jornada de evento en el que participan más de 160 representantes de distintos sectores políticos, sociales, juveniles y femeninos de 17 países, así como algunos invitados especiales de redes y campañas continentales, estuvo marcada por varios temas que centraron los debates de las jornadas de la mañana y la tarde.
Para nadie es un secreto que la mayoría de los países en desarrollo importan más comida de la que exportan para poder proteger sus mercados a favor de la producción local. En este sentido, los delegados de los pueblos del Caribe reflexionaron sobre la importancia de defender la soberanía alimentaria y los productos naturales que forman parte de la dieta de los pueblos originarios frente al proteccionismo impuesto por los países industrializados.
Se evidenció en las reflexiones de esta segunda jornada que no sólo se trata de hacer valer los derechos de los países del Sur, sino de desarrollar acciones de la más variada naturaleza que ayuden a remover los cimientos de la estructura de dominación impuesta en el Caribe por cientos de años, desde que el conquistador pisó y colonizó estas tierras.
“Los sistemas tradicionales de producción de alimentos —dijo un delegado— constituyen un derecho de los pueblos, son patrimonio de la humanidad y por tanto no pueden ser administrados ni gestionados por la Organización Mundial del Comercio”.
Pero tal vez la amenaza más profunda que se cierne sobre los pueblos pobres del planeta es que los intereses corporativos en cada país pueden estar dispuestos a entregar determinados servicios para ganar acceso a mercados para sus exportaciones.
El desafío para los movimientos sociales de la región y del mundo está precisamente en luchar contra la presión que ejercen las corporaciones y los consorcios industriales sobre las comunidades, pueblos y gobiernos. Y esa presión es el resultado de la aplicación de un esquema económico a escala mundial, regional y nacional que pretende asegurar el control global sobre la naturaleza, los recursos, el conocimiento y los alimentos.
Otro asunto que reclamó la atención de la Asamblea fue el tema de las alianzas, articulaciones y luchas de resistencia de las organizaciones, redes, campañas que integran el espacio de la APC y del Foro Social Mundial (FSM) para hacer frente a las políticas económicas neoliberales impuestas en la gran mayoría de los países de la región por medio de las instituciones financieras internacionales y expresadas por los TLCs.
A estas tragedias se suman los problemas energéticos, del medio ambiente, además de las agresiones militares que sufren las naciones situadas al Sur del río Bravo, en especial, los países caribeños.
Por otra parte, el modelo consumista y el egoísmo de los países desarrollados aferrados a incrementar sus riquezas a expensas de las naciones del Tercer Mundo, unido al esquema impuesto en las últimas décadas por los intereses supranacionales que basan buena parte de la economía en los agronegocios, orientados a la exportación y al lucro desmedido ha generado niveles aberrantes de desigualdad e inequidad.
Se puso como ejemplo el caso de Haití, donde el modelo dominante de producción y distribución de alimentos hizo que se dispararan los precios de los alimentos y esto generó una situación violencia y explosiva.
La necesidad de construir modelos alternativos de producción y consumo capaces de promover una agricultura campesina, indígena y familiar sustentada en la diversidad de sus sistemas productivos y en relaciones de género justas así como en los conocimientos y prácticas ancestrales transmitidos de generación a generación, es la única manera de propiciar un mundo más habitado y más habitable, basado en el bienestar de las personas y no en la cosificación de las relaciones.
