La documentación del caso de los Cinco compañeros prueba la total inocencia de Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando y René. Ellos no cometieron delito alguno ni causaron daño a nadie. A riesgo de sus vidas acopiaron información sobre los planes de los grupos terroristas anticubanos que operan en Miami con total impunidad. Y lo hicieron sin armas, sin emplear la fuerza o la violencia. Por eso ellos son héroes aunque su heroísmo sea silenciado por los autoproclamados medios de “información”.
El silencio mediático tiene una explicación: el caso de los Cinco es una prueba irrefutable de que el Gobierno de Estados Unidos es culpable por promover el terrorismo contra Cuba y por defender y proteger a los terroristas.
Desde su etapa preparatoria, la Fiscalía lo reconoció con todas las letras: “La lucha contra el terrorismo es la motivación de los acusados y las motivaciones no se deben ventilar ante el jurado” (Documentos oficiales, Moción in Límite de la Fiscalía, 2000). Al comenzar el juicio los acusadores volvieron a la carga: “Se exhorta a la Corte a ejercer por los testigos el derecho a acogerse a la quinta enmienda, a fin de que no se ventilen las actividades de terrorismo contra Cuba” (Documentos oficiales, Moción de la Fiscalía, 20 de marzo 2001).
La jueza, por su parte, asintió: “Los actos terroristas por otros no pueden excusar la conducta equivocada e ilegal de este acusado o de cualquier otro” (Joan Lenard, Acta del 14 de diciembre de 2001).
El gobierno reclamó las sentencias más exageradas – en conjunto cuatro cadenas perpetuas más 77 años de prisión – , pero insistió en que ese castigo no era suficiente. Era necesario, según la Fiscalía, asegurar que ninguno de los Cinco pudiera volver a intentar en el futuro cualquier acción contra los grupos terroristas.
La jueza accedió agregando esta insólita condena: “Como una condición especial adicional a la libertad supervisada se le prohíbe al acusado acercarse a, o visitar lugares específicos donde se sabe que están o frecuentan individuos o grupos terroristas” (Lenard ibidem).
Todo lo que hasta aquí he referido son palabras textuales que aparecen en documentos oficiales, disponibles desde hace años para quien desee informarse e informar. Pero a esa categoría no pertenecen las corporaciones mediáticas que tiranizan al mundo y deciden lo que la gente debe creer y aquello de lo que no debe enterarse. Nada de lo antes citado ha aparecido nunca en la gran prensa. Para ella el tema de los Cinco simplemente no existe.
Los medios, sin embargo, son parte sustancial del problema de los Cinco. Silenciaron completamente el “juicio” fuera de Miami. Pero en ese lugar, donde acababan de secuestrar impunemente a un niño de seis años, sus filiales locales inundaron a la comunidad con “informaciones” y comentarios tergiversadores sobre los Cinco desde la madrugada de su arresto. Los calumniaron día y noche presentándolos como si fueran individuos peligrosos cuyo propósito era, nada más y nada menos, que “destruir a los Estados Unidos” (frase que los fiscales repetían sin cansancio).
Pero no se limitaron a ejercer un periodismo indecente. Amenazaron a los abogados de la Defensa y persiguieron y hostigaron a los miembros del jurado dentro y fuera del edificio de la Corte. Los jurados se quejaron y expresaron que se sentían atemorizados. La Jueza rogó al Gobierno que pusiera fin a esas tropelías. Lo pidió varias veces desde el comienzo del “juicio” hasta su fin, pero los aullidos y amenazas nunca cesaron.
En 2006, cinco años después de terminada la farsa judicial, se descubrió que esos provocadores eran, todos ellos, pagados por el Gobierno federal, en algunos casos con cifras astronómicas. No se sabe la dimensión exacta y el alcance real de esta crasa violación de la legalidad. Sólo se conoce la punta del iceberg. Desde ese año Washington se resiste a entregar todo lo que guarda acerca de una operación encubierta que fue elemento clave en el atropello contra los Cinco.
Nuestros compañeros enfrentaron dos acusaciones de importancia: el cargo 2 (”conspiración para cometer espionaje”) presentada contra Gerardo, Ramón y Antonio y el Cargo 3 (”conspiración para cometer asesinato”) del que se acusó solamente a Gerardo. Nótese que ambos se referían sólo a “conspiración”, es decir, al acuerdo entre varios individuos para la hipotética y futura comisión del supuesto crimen y no al delito sustantivo.
En otras palabras, acusándolos sólo de “conspiración” la Fiscalía no necesitaba presentar pruebas que sustentaran el alegado delito, requería nada más convencer al Jurado de que los acusados eran personas capaces de intentar hacerlo. Recordemos que fue ese artificio jurídico – la “conspiración”- el instrumento típico de los procesos del período “maccartista”.
Las características de Miami, la retórica incendiaria de la Fiscalía, reproducida constantemente por los medios y las otras presiones ejercidas sobre los jurados garantizaban de antemano que los Cinco serían declarados culpables.
Aunque habían sido acusados de “conspirar” el Gobierno y el Tribunal se pusieron de acuerdo para imponerles las máximas sentencias como si a ellos se les hubiera encontrado culpables de haber practicado el espionaje en gran escala y a Gerardo, además, como si fuese el autor de un asesinato en primer grado.
Fueron condenados con total desmesura lo que fue reconocido por la Corte de Apelaciones al ordenar la resentencia de Ramón y Antonio por el Cargo 2 en un fallo en el que unánimemente establecieron que en este caso no había involucrada ninguna información secreta ni nada que dañase la seguridad nacional de Estados Unidos. Hay que señalar que en cualquier caso nuestros compañeros recibieron términos de prisión incomparablemente mayores que el de todas las personas culpables de espionaje contra Estados Unidos, incluso quienes espiaron en la Casa Blanca y el Pentágono, en las últimas décadas.
En cuanto al Cargo 3 el propio gobierno federal reconoció que carecía de pruebas para sostener su acusación. Lo hizo en mayo de 2001 mediante una “petición de emergencia” en una acción que según la propia fiscalía era un paso sin precedentes.
Tanto la decisión de la Corte de Apelaciones como la solicitud gubernamental respecto al Cargo 3 son documentos a los que puede acceder quien quiera hacerlo. Los grandes medios, cuando se ven obligados a decir algo sobre los Cinco siguen aludiendo al fabricado “espionaje” y continúan vinculando a Gerardo con un incidente con el que no tuvo ninguna relación, como si esos dos documentos no existieran.
Ambos serían justificación suficiente para que el Presidente Obama haga lo que debe hacer, lo que tenemos que exigirle que haga sin más dilación: retirar todos los cargos formulados contra nuestros compañeros y ordenar su inmediata e incondicional liberación.
Movilizar las fuerzas necesarias para lograr ese objetivo es un inmenso desafío frente al silencio y la manipulación de los lobos mediáticos. Es una batalla compleja y difícil en la que los estudiantes universitarios deben colocarse a la vanguardia.
Concluyo preguntándoles a Ustedes, compañeros, ¿qué hacer?
(Discurso de Ricardo Alarcón, presidente de la Asamblea Nacional en la Universidad de la Habana, Septiembre 13, 2010)
