Pareciera que los dos candidatos se deciden ahora a darle al tema migratorio la importancia que merece en Haití, donde cerca de una tercera parte de la población (más de 4 millones contra un total de 10 millones de haitianos viviendo en el país) radica en la diáspora. En torno a dicho tema migratorio giran dos problemáticas fundamentales: las relaciones haitiano-dominicanas y las deportaciones de haitianos por las autoridades estadounidenses.
La candidata presidencial, la ex primera dama Mirlande Manigat, realizó la semana pasada una gira en Canadá y luego en Estados Unidos de América, donde denunció la reciente decisión de la administración americana de reanudar las deportaciones de ciudadanos haitianos hacia su país de origen, luego de haberlas suspendido tras el terremoto del 12 de enero de 2010. Prometió, en caso de ser electa como presidenta, solicitar a la administración del presidente estadounidense Barack Obama un moratorio sobre las deportaciones de haitianos, principalmente de ex convictos que constituyen, según ella, “una carga adicional para el país”.
Por su parte, el candidato presidencial, el cantante popular Michel Martelly, viajó a Estados Unidos de América y luego a República Dominicana, donde se reunió con el presidente dominicano Leonel Fernández para, dijo, “ver la posibilidad de trabajar con el gobierno dominicano para mejorar las relaciones entre ambos países que integran la isla.”
Aunque falta una mayor profundización con propuestas más concretas sobre el tema migratorio por parte de los postulantes a la presidencia de Haití, queda evidenciado su interés por dicho tema; interés que ha sido determinado por varios hechos.
Muerte de un deportado en una cárcel de Haití,
una semana luego de su deportación
Por ejemplo, tras la muerte (por causas aún no determinadas oficialmente) en una cárcel de Haití de una persona de origen haitiano que fue deportada por los Estados Unidos de América el pasado 20 de enero de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió, en un comunicado de prensa publicado el 4 de febrero, a Estados Unidos a “suspender las deportaciones a Haití de personas de origen haitiano que padecen enfermedades graves o que tienen familiares en Estados Unidos”.
Una semana después de la publicación de dicho comunicado de prensa de la CIDH, varias organizaciones humanitarias y grupos de iglesias, entre ellos el Servicio Jesuita a Refugiados en Estados Unidos (JRS USA), escribieron el 11 de febrero una carta a la secretaria del US Department of Homeland Security (DHS), Sra Janet Napolitano, para “expresarle su desacuerdo con la decisión del DHS de reanudar las deportaciones de ciudadanos de origen haitiano a su país de origen”.
Dichas organizaciones basadas en los Estados Unidos de América argumentaron que “Haití está aún luchando por recuperarse del terremoto devastador del 12 de enero” y que “la muerte del Sr Wildrick Guerrier (el deportado que se había muerto en una cárcel de Haití, una semana luego de su deportación junto con 26 otros compatriotas suyos) comprueba que Haití no es todavía capaz de asegurar la protección y la reintegración digna de los deportados”.
Desalojos violentos de migrantes haitianos
en barrios de Santiago de los Caballeros
Con respecto a República Dominicana, el interés de los dos candidatos presidenciales haitianos fue motivado por los desalojos violentos de los haitianos que vivían en varios sectores de la ciudad dominicana de Santiago.
En la madrugada del 28 de febrero, los habitantes dominicanos de varias zonas de Santiago expulsaron por iniciativa propia a cerca de 420 haitianos, según la estimación de los mismos líderes comunitarios. “Es la mejor forma de limpiar nuestros barrios de esa gente, ya que muchos de ellos cometen diversos delitos”, comentó uno de esos líderes. Dichos grupos comunitarios se quejaron también de los supuestos “malos hábitos de higiene de los haitianos que arrastran una serie de enfermedades, entre ellas el cólera”.
Tres días antes de los desalojos violentos de los haitianos, el Servicio Jesuita a Refugiados en República Dominicana había escrito a la policía de Santiago para exigirle la protección de los derechos humanos de los haitianos frente a las reiteradas amenazas de los líderes comunitarios de esta región dominicana contra los migrantes.
Luego del hecho, varias organizaciones de derechos humanos e incluso la embajada estadounidense en República Dominicana hicieron un llamamiento al gobierno dominicano para que proteja los derechos humanos de los haitianos en dicho país.
por: Wooldy Edson Louidor del Servicio Jesuita a Refugiados para Latinoamérica y el Caribe (SJR LAC)
