“A pesar de las crisis climáticas y económicas, el Banco Mundial sigue financiando proyectos de combustibles fósiles a un ritmo alarmante, prometiendo soluciones falsas a la crisis climática y usando instrumentos de financiación que incrementan el endeudamiento de los países en desarrollo”, denunció una coalición de casi 100 organizaciones de la sociedad civil.
La alianza presentó una carta durante las negociaciones en Bangkok, donde se desarrolla la primera de tres reuniones previas a la 17 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP17), que se llevará a cabo en noviembre en la oriental ciudad sudafricana de Durban.
“El Banco Mundial no es el apropiado para aconsejar el diseño de un fondo que debe garantizar una financiación justa y efectiva a lago plazo sobre los principios de la integridad ambiental, la equidad, el desarrollo sostenible y la democracia”, señala la misiva de dos páginas.
Action Aid, International Rivers, la Alianza Panafricana por Justicia Climática y la Plataforma Boliviana sobre Cambio Climático fueron algunas de las organizaciones internacionales y locales que la firmaron.
La carta fue dirigida a Patricia Espinosa, secretaria (ministra) de Relaciones Exteriores de México, y a Christiana Figueres, secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
Fue durante la última COP, celebrada en diciembre pasado en el sudoriental balneario mexicano de Cancún, que se presentó un borrador para crear el Fondo Verde, destinado a financiar esfuerzos para reducir las emisiones de gases invernadero y ayudar a las comunidades del Sur a adaptarse a los efectos del recalentamiento planetario.
El Banco fue designado fiduciario interino para los primeros tres años, hasta que se construya una arquitectura financiera permanente que administre la tan necesitada ayuda a las naciones pobres del planeta, que son a la vez las más afectadas por el cambio climático.
Un informe del grupo asesor de la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre financiamiento contra el recalentamiento planetario, presentado en vísperas de la conferencia de México, estimó que se necesitarían 100.000 millones de dólares en iniciativas para el Sur.
Pero otras estimaciones elevan la cifra a 400.000 millones de dólares anuales, según el Movimiento Jubileo de Asia Meridional y Pacífico sobre Deuda y Desarrollo, una red regional de activistas.
El Fondo Verde tiene el mandato de comenzar a desembolsar en 2020 los nuevos recursos que, según la Convención, tendrán la forma de subsidios o préstamos.
Pero el historial del Banco en materia de programas para el desarrollo no lo convierten en la opción ideal para desempeñar un papel permanente en la administración del Fondo Verde, dijo Victoria Tauli-Corpuz, coordinadora de la Red de Mujeres Indígenas Asiáticas, grupo con sede en Manila.
“No es una institución que genere confianza en el Sur en desarrollo”, señaló.
“Hay un temor entre activistas y algunos gobiernos de países en desarrollo de que el Banco se reserve la aprobación de las operaciones diarias del Fondo”, dijo a IPS Tauli-Corpuz. “Eso derivará en más obstrucciones para los pobres y las víctimas del cambio climático”.
“La financiación es parte de las reparaciones de la deuda climática que deben los países ricos e industrializados a los pueblos y países del Sur”, dijo Ahmed Swapan, de Jubileo.
“La deuda climática debe ser reunida, administrada y entregada por una institución que sea democrática, responsable, transparente y gobernada por una junta que tenga mayoría del Sur”, añadió.
Los activistas además están preocupados por un potencial conflicto de intereses si el Banco se reserva el papel de administrador del Fondo, ya que el organismo multilateral de crédito, con sede en Washington, además financiará e implementará los proyectos.
Igual de preocupante es el historial del Banco en los mecanismos de financiamiento contra el cambio climático ya existentes, como el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés), creado en 1991 para ayudar a los países en desarrollo a adaptarse a los desafíos del recalentamiento planetario.
“Para obtener recursos del GEF, los países debían acudir a las agencias que lo implementaban, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Banco Mundial”, explicó Matthew Stilwell, asesor de políticas en el Instituto para Gobernanza y Desarrollo Sostenible, centro de estudios con sede en Ginebra.
“Tenían que saltar a través de los aros”, ilustró. “Dificultaban el acceso a los fondos”.
Como consecuencia, los países en desarrollo ahora “exigen un acceso más directo a los recursos” del GEF, dijo Stilwell a IPS. “Han aprendido lecciones del pasado”.
Pero en las salas del centro de conferencias de la ONU en Bangkok, donde negociadores del cambio climático de 190 países se reúnen hasta este viernes para preparar un nuevo acuerdo internacional, el tema del Fondo está sobre la mesa.
“Habrá nuevas fuentes de financiamiento”, prometió Jozsef Feiler, jefe negociador de cambio climático de Hungría. (FIN/2011)
- Por Marwaan Macan-Markar*
