Hace dos años, después de más de dos décadas de discusión, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas adoptó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. ¿Cuánto se ha avanzado desde entonces? ¿La cumplen los Estados? ¿Tiene la ONU mecanismos para sancionar a aquellos que la vulneran?
El panorama no es alentador. Los derechos consagrados en la Declaración son sistemáticamente vulnerados en nuestros países por los Estados y empresas transnacionales. Se violentan territorios, se criminaliza a las organizaciones indígenas, no se consulta a los pueblos indígenas las leyes y proyectos extractivos que los afectan, no existe el más mínimo respeto por la autonomía y la autodeterminación. Todo esto sin mencionar la exclusión de servicios esenciales como salud y educación interculturales, entre otras muchas carencias.
Oscuro panorama
En el Perú, los dos últimos años han sido precisamente los del recrudecimiento de la represión, con once decretos legislativos de criminalización de la protesta y cientos de dirigentes indígenas procesados por graves delitos, incluso el de terrorismo, por defender los derechos de sus comunidades. Y la profundización del neoliberalismo tiene su punto más alto en la expedición de un centenar de decretos legislativos para implementar el Tratado de Libre Comercio: normas inconstitucionales, inconsultas y que violentan múltiples derechos de los pueblos indígenas. La terquedad del gobierno de Alan García por imponer esas normas para servir al saqueo de las transnacionales, provocó el conflicto con los pueblos indígenas amazónicos que desembocó en la Masacre de Bagua.
En Colombia, los pueblos indígenas son víctimas de una guerra que les es ajena pero se libra en sus territorios. Miles de desplazados, secuestros, desapariciones, torturas y muertes, son cotidianos en ese país. La política de seguridad democrática impuesta por el gobierno de Álvaro Uribe y su Plan Colombia financiado por los Estados Unidos, ha llevado al borde de la extinción a 18 pueblos indígenas colombianos, encerrados entre el fuego de las fuerzas regulares (policía, ejército), los movimientos guerrilleros y los paramilitares. El motivo de la guerra y la instalación de siete bases militares estadounidenses no es el narcotráfico: son los bienes naturales que albergan los territorios indígenas.
En Chile, las incursiones armadas de carabineros a las comunidades mapuches son pan de cada día, con varios asesinatos en su haber. Los presos políticos mapuches son procesados con la ley antiterrorista de la dictadura, el gobierno de Michelle Bachelet ha desatado una nueva “pacificación de la Araucanía”, mientras impone reformas constitucionales sobre los pueblos indígenas sin consultarles. Todo ello para favorecer a empresas extractivas, principalmente forestales.
En Ecuador, la nueva Constitución ha reconocido el Estado Plurinacional y dice basarse en el Buen Vivir. Sin embargo, el gobierno de Rafael Correa legisla a favor de la minería, no recoge las propuestas indígenas para la Ley del Agua, insulta a sus organizaciones e incluso continúa reprimiendo violentamente a los pueblos indígenas. Hay una seria contradicción entre el discurso y la práctica. Pese a hablar de nacionalismo y defensa de los derechos de la naturaleza, no se toca los privilegios de las transnacionales.
Bolivia es una excepción en este panorama, allí se ha dado rango de Ley Nacional a la Declaración de la ONU (que es nuestra propuesta para todos nuestros países) y la Constitución también ha reconocido el Estado Plurinacional. Las organizaciones indígenas están vigilantes para garantizar que las leyes de desarrollo constitucional materialicen en políticas concretas los postulados de la Carta Magna, mientras el mundo entero se solidariza con el proceso boliviano, acosado por las fuerzas más reaccionarias, que han llegado a ejecutar atentados terroristas.
Horas de lucha
Ante tal arremetida, los pueblos indígenas y sus organizaciones no hemos permanecido impasibles, sino que hemos avanzado en la articulación de nuestras luchas y nuestras propuestas, convocando una amplia solidaridad, generando alianzas y liderando los movimientos sociales de nuestros países y a nivel continental.
En el Perú se ha fortalecido y consolidado la alianza andino-amazónica, se ha logrado la derogatoria de cuatro decretos legislativos del TLC y se ha llamado la atención de los organismos de Naciones Unidas, que han cuestionado severamente al gobierno de Alan García.
En Colombia, la minga indígena del año pasado convocó la solidaridad unánime de los movimientos sociales de ese país y del continente. Y también el gobierno de Álvaro Uribe ha sido señalado por los organismos de Naciones Unidad como violador de los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas.
En Chile se logró que el Estado adopte el Convenio 169 de la OIT sin recortes disfrazados de “interpretaciones”, los pueblos mapuches avanzan en su proceso de recuperación de territorios ancestrales y los organismos de Naciones Unidas han exigido al gobierno de Michelle Bachelet que cese la criminalización de estos pueblos y se cumpla con consultarles las leyes y proyectos que los afectan.
En Ecuador, las organizaciones indígenas han dejado claramente establecida su postura respecto al gobierno de Rafael Correa y se han declarado en movilización en defensa de sus derechos fundamentales, en cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución.
En Bolivia, los pueblos indígenas y sus organizaciones han comprendido que es posible respaldar el proceso de cambio sin ceder un ápice ni en su autonomía ni en su derecho a fiscalizar al gobierno. Y el proceso boliviano ha convocado la más amplia solidaridad internacional, en el continente y el mundo.
Son, pues, horas de lucha, tiempos de esperanza. Los pueblos indígenas y sus organizaciones estamos vivos y avanzamos en la articulación de nuestras luchas y propuestas. Los ojos del mundo se vuelven hacia nosotros porque tenemos la experiencia y la sabiduría para salvar a la Madre Tierra, que es conducida a la hecatombe climática por el modelo de saqueo y depredación de la naturaleza. El mundo entero ha escuchado nuestro llamado a participar, del 12 al 16 de octubre, en la Minga Global por la Madre Tierra. Y la IV Cumbre de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala (Puno Perú, mayo 2009) significó un hito histórico en este proceso.
La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas es una conquista importante. Pero más de quinientos años de resistencia nos han enseñado que solo nuestra lucha articulada, el debate y la consolidación de nuestras propuestas y una efectiva incidencia internacional, harán posible que nuestros derechos sean una realidad.
Lima, 15 de septiembre de 2009.
Miguel Palacín Quispe
Coordinador General CAOI
