Puerto Príncipe- El tema del hábitat ha sido el centro de varias jornadas movilizativas de organizaciones sociales haitianas durante el mes de octubre. Una manifestación frente al Ministerio de Asuntos Sociales en esta capital, fue la acción popular con la que se recordó el Día Mundial del Hábitat, el pasado 3 de octubre.
El derecho a una vivienda digna es uno de los ejes de la lucha popular en esta nación caribeña, donde se estima que más de 700 mil personas disponen solo de una carpa para vivir.
Veinte meses después del terremoto del 12 de enero del 2010 las autoridades haitianas no cuentan con un proyecto real que atienda las necesidades habitacionales de la población damnificada. Las lluvias del último mes agravaron esa situación.
Juan Luis Celestivo es albañil de oficio. Residía en una casa en Delma 32 con sus cinco hijos y su esposa. Ahora comparten la misma suerte de quienes lo perdieron todo. “Cuando llueve pasamos la noche parados, porque el agua entra por debajo y lo moja todo”. Por eso se sumó a la protesta, aunque tiene muchos más motivos por los que reclamarle al gobierno haitiano.
“Hay mucho trabajo en Haití” añade “y la mayoría de nosotros está sin empleo y los niños sin poder ir a la escuela. Los extranjeros sí están cobrando aquí muchos dólares y a uno, acostumbrado a trabajar, cuando no tienes qué hacer y pasas mucho tiempo sentado, hasta le duele el cuerpo. El Presidente Martelly está hablando que va a pagarle la escuela pública a 7 mil niños pero eso es un `embute`.”
Como él otras mujeres y hombres con pancartas en sus manos, tomaron la puerta del Ministerio de Asuntos Sociales para exigir responsabilidad al estado y un trato al pueblo haitiano como seres humanos, no como “animales enjaulados”.
“Si quieren echarme fuera tienen que decir a dónde voy”, era una de las consignas que repetían, como denuncia a los desalojos de los campamentos que están sufriendo muchas de las personas sin hogares.
La amenaza de expulsión de los sitios donde están los campamentos es una de las nuevas caras de la violación sistemática de los derechos humanos en tierra haitiana. Al amanecer del 27 de mayo por orden de la alcaldía, la policía rompió las tiendas ubicadas en Jango (Delma 17) y exigió que salieran de esa zona. En otros sitios les cierran la puerta de acceso de los lugares donde se han improvisado los asentamientos y las personas se ven obligadas a permanecer encerradas varios días.
Quienes actúan así “saben que nada les va a suceder. Dicen que las personas que viven debajo de las carpas son ladrones y asesinos, para justificar la violencia con la que actúan contra ellas,” asegura Reyneld Sanon, líder de la Fuerza por el Derecho a la vivienda en Haití (FRAKKA), una de las organizaciones convocantes a estas jornadas sobre el hábitat en Puerto Príncipe.
La joven María Elena intervino en el encuentro de reflexión sobre el derecho a la vivienda, que antecedió a la concentración popular del primer lunes de octubre. Allí denunció que los propietarios de los terrenos donde están, les dicen que los van a expulsar y los acusan de que se están aprovechando de la situación actual. “Somos personas y tenemos derecho a vivir de otro modo, señaló. El gobierno haitiano tiene que ocuparse de que vivamos como seres humanos. La gente está durmiendo con un ojo abierto y otro cerrado. Nos sentimos expulsados de la sociedad”.
En esta lucha por la vivienda en Haití se unen varias organizaciones sociales, entre ellas Batalla Obrera, la Plataforma de organizaciones haitianas de Derechos Humanos (POHDH), el Grupo de Apoyo a Refugiados y Repatriados (GARR) y la Plataforma haitiana para un desarrollo alternativo (PAPDA). Pero este no es un reclamo aislado, se incluye entre las críticas al supuesto plan de reconstrucción del país, que ha legitimado la dependencia externa, la militarización y el asistencialismo de quienes se aprovechan de la difícil situación para sacar partido a su favor.
