Esta peticin se fundamenta en el mandato constitucional que establece la intervencin o expropiacin del Estado de bienes privados por razones de utilidad colectiva y beneficio social; y en los tratados internacionales que exigen el cumplimiento de los derechos econmicos, sociales y culturales de la poblacin, en casos en que se declare el estado de calamidad pblica.
Las ms de mil familias de Santa Clarita Los Limones, Carrisales, Hizotales, Colonia Barillas, el Palmar I y II, Morenas y Madronales, ubicadas en una zona vulnerable a los desastres naturales, perdieron sus cultivos y su tierra qued inhabitable. Algunas de ellas haban enfrentado daos a sus pequeas propiedades y la incertidumbre en la certeza jurdica de sus tierras, por la implementacin de polticas neoliberales que han favorecido a empresas transnacionales.
Coincidentemente, el mismo da en que el grupo plante la peticin al gabinete de gobierno, el 18 de octubre pasado, la Contralora General de Cuentas anunci que en la auditora por el manejo de fondos que Plataforma Agraria hizo en 2003, existen anomalas y denunci a dos lderes en el Ministerio Pblico. Plataforma Agraria denuncia que cada vez que sus organizaciones integrantes hacen una peticin legtima y bien sustentada ante el Estado, el gobierno criminaliza su lucha y penaliza el liderazgo que ha sido capaz de retar al proyecto neoliberal que se niega a responder a las demandas de las familias campesinas.
Plataforma Agraria respalda la peticin de estas familias y reitera que el Estado debe cumplir con su obligacin de generar polticas pblicas coherentes con la realidad econmica y social de la poblacin. Asimismo, debe cumplir con su mandato de atender a las familias en situacin de pobreza y extrema pobreza ms afectadas por las recientes lluvias.
Guatemala, 21 de octubre de 2005
