Los aparentes buenos propósitos de la misma oligarquía corrupta, violenta y sanguinaria, que se enriqueció con el horror de la aguerra contra los movimientos de liberación de Nicaragua, El Salvador y Guatemala entre 1980 y 1990 y que dio el golpe en 2009, son apariencias.
En 1990 el ex presidente Rafael Callejas, del derechista Partido Nacional, impulsó como estrategia de Estados Unidos un proceso similar encaminado a reconciliar a la familia hondureña tras el fin de la guerra sucia de los años ochentas.
En 2011, Estados Unidos a través de Colombia y Venezuela impulsa después del golpe de estado de 2009 el llamado Acuerdo de Cartagena de Indias para la Reconciliación y la Consolidación Democrática.
En el primer proceso que conocemos después de un conflicto político de gran envergadura –la guerra fría —, la llamada Comisión Nacional de Reconciliación, integrada por mandato de los Acuerdos de Paz Esquipulas II, en 1986, establecía el retorno del exilio político y el final de “la noche oscura de las desapariciones forzadas”.
Además, incluía decretos de amnistía para los militares y policías participantes en las violaciones a los derechos humanos y la apertura política con la inscripción de un nuevo partido de izquierda, la Unificación Democrática, UD.
Después de aquella palabrería, la desigualdad y la pobreza continuaron profundizándose en forma geométrica por encima del 80 por ciento de la población hondureña; la impunidad generó nuevas violaciones a los derechos humanos en todas sus generaciones, no hubo justicia. Pero formalmente los acuerdos fueron cumplidos…
Hubo reformas a las mismas viejas estructuras del Estado en el sector militar, policial, judicial y político, pero el proceso careció de reformistas; encalló y volvimos a lo mismo, o peor aún. Los militares absorbieron de nuevo a la policía y dieron juntos el golpe de estado, y la justicia conspiró junto con ellos y los partidos políticos.
La sociedad hondureña vio deteriorados los valores de la cultura democrática –tolerancia, solución amistosa de conflictos, inclusión, transparencia, diversidad, justicia, verdad y reconciliación, entre otros-, al extremo de ocupar hoy los primeros lugares en percepción de corrupción, crímenes contra periodistas y la tasa más alta de homicidios: 78 por cada 100 mil habitantes.
El carácter fallido del Estado es tal que la ciudadanía no percibe la justicia, sólo la impunidad y la desconfianza es general.
Entre 1990 y 2011 no hubo investigación de los casi 180 casos de desaparición forzada y similar número de asesinatos políticos, solamente tres sentencias condenatorias contra el Estado de Honduras en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no alcanzaron a tocar a los altos mandos militares comprometidos en el horror.
Hoy las partes en conflicto pactan un nuevo Acuerdo que permite el retorno de casi 200 exiliados políticos, incluyendo al ex presidente derrocado por el golpe político-militar, a cambio de reincorporar al estado golpista a la Asamblea de la OEA de donde fue expulsado el 4 de julio de 2009.
El Acuerdo de mayo 2011 incluye similares concesiones de la misma oligarquía corrupta, violenta y sanguinaria de 1990: respeto a los derechos humanos a través de una secretaría de justicia y ddhh —en aquél año la oferta fue el Despacho Presidencial de derechos Humanos, que más tarde se convirtió en el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, aval del golpe en 2009 —, apertura política con la inscripción de la resistencia como partido político y su participación en la ruta electoral hacia una Asamblea Nacional Constituyente, sin plazos ni contenidos previstos.
Para no variar los militares y policías implicados en más de un centenar de asesinatos políticos, torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones después del golpe y durante el golpismo cosecharon del Congreso Nacional un decreto de amnistía y sobreseimientos definitivos del poder judicial.
La diferencia hoy es que existe un poderoso movimiento social y político, el Frente Nacional de Resistencia Popular, que presiona con contundencia por ser la tercera fuerza en disputa frente al bipartidismo de 120 años que controla el Estado en relación bicéfala de Partido Nacional y Liberal, para un nuevo pacto social y político. Una nueva Constitución.
También ahora el país cuenta con nuevos medios alternativos – digitales, periódicos impresos, radios y televisoras – que expanden aún más rápido que antes las denuncias de abusos y violaciones a los derechos humanos.
También la experiencia ganada por las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos ha logrado colocar el tema en la agenda política nacional e internacional, generando nuevos y vigorosos procesos de documentación, denuncia e incidencia en círculos de poder mundial.
No es clara, sin embargo, la forma cómo las víctimas serán reivindicadas y resarcidas en los informes concluyentes – no vinculantes, quizás – de dos comisiones de verdad, una oficial y la otra alternativa, que presentarán sus informes entre julio y octubre de 2011.
Lo que sí es claro es el afianzamiento del modelo neoliberal con leyes involutivas de derechos en todas sus categorías: concesionamientos de recursos naturales, entrega del territorio, disminución de las condiciones laborales, leyes contra la libertad que criminalizan la protesta, que potencian los poderes de los militares y, lamentablemente, del crimen organizado cuya línea diferenciada con las “autoridades” es casi invisible.
La política hegemónica de EEUU y su expresión en violencia es evidente en Honduras, pero frente a todo el lío que queda descrito el pueblo está activo, más organizado, atento a la propuesta y una comunidad internacional del Sur y el Caribe, especialmente, más decisiva que Europa en temas de derechos humanos.
por: Bertha Oliva, Coordinadora General del COFADEH
