El jueves 29 de noviembre, un tribunal hondureño encontró a Douglas Bustillo, Mariano Díaz Chávez, Henrry Hernández, Elvin Rapalo, Oscar Torres, Edilson Duarte y Sergio Rodríguez culpables del asesinato de la líder del movimiento social e indígena hondureño Berta Cáceres. El tribunal descubrió, como COPINH y las personas cercanas a Berta han creído desde su asesinato, que Berta fue asesinada por su oposición al Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, que la compañía DESA buscó construir en el sagrado río Gualcarque. El tribunal indicó que los ejecutivos de DESA planearon el asesinato, creyendo que la ausencia de Berta resultaría en un debilitamiento significativo del movimiento contra la represa.
Los declarados culpables incluyen a cuatro sicarios contratados, uno es un ex francotirador militar que los llevó a la casa de Berta. Estos cuatro sicarios también fueron declarados culpables del intento de asesinato del ambientalista mexicano Gustavo Castro, quien visitaba a Berta Cáceres y su organización COPINH en el momento del asesinato. Dos ex oficiales militares entrenados en la Escuela de las Américas, uno de los cuales era un oficial militar activo y el otro que había servido previamente como jefe de seguridad de DESA, también fueron declarados culpables, al igual que el Gerente de Medio Ambiente y Social de la compañía de DESA. Estos tres desempeñaron diferentes roles de nivel intermedio, que incluyen proporcionar logística, coordinar con los sicarios y coordinar y pagar a los informantes para que informaran sobre los movimientos de Berta, respectivamente. Sin embargo, fue evidente que los autores intelectuales, quienes tomaron la decisión de asesinar a Berta y pagaron por ella, aún tienen que enfrentar un juicio.
La familia de Berta, COPINH, Gustavo Castro y sus equipos legales emitieron una declaración conjunta que señala que “el veredicto que se acaba de emitir NO satisface nuestras demandas de justicia como víctimas en el asesinato de Berta Cáceres y el intento de asesinato de Gustavo Castro … Las estructuras y las personas que dieron dinero a estos criminales para asesinar a Berta Cáceres aún están libres y pueden seguir cometiendo crímenes como este con impunidad … La impunidad de la que continúan disfrutando los autores intelectuales de este crimen es parte de la trama de corrupción y violencia que sustenta el modelo de extracción que saquea a nuestros pueblos”.
Todo el proceso judicial, desde el asesinato de Berta, ha estado plagado de irregularidades y secretos, muchos de los cuales sirven para proteger a los autores intelectuales de mayor nivel del asesinato. La condena de la semana pasada se basó en gran parte en pruebas telefónicas, incluidos varios teléfonos incautados durante las redadas de mayo de 2016. Sin embargo, los fiscales del gobierno ni siquiera se molestaron en examinar la información de las computadoras, cámaras y otros dispositivos electrónicos incautados durante los allanamientos.
En particular, ha habido una notable falta de investigación relacionada con el oficial militar entrenado en los Estados Unidos, Mariano Díaz, quien estaba en un camino de promoción después de servir en Irak y el Sahara. Los funcionarios no pudieron extraer información de su teléfono y ni siquiera intentaron analizar la computadora y otros dispositivos electrónicos incautados de su casa, ni tampoco el arma que se encontró en su casa.
Los abogados de la familia de Berta propusieron un análisis experto de las pruebas que el gobierno había ignorado, lo cual fue aprobado por el tribunal poco antes de que comenzara el juicio. Sin embargo, no mucho después, el tribunal retiró a los abogados de las víctimas, lo que significa que ninguno de estos análisis se incluyó en el juicio. Además, aunque su línea telefónica había sido utilizada antes del asesinato debido a una investigación no relacionada abierta contra él por tráfico de drogas y secuestro, no está claro si se han examinado las conversaciones con otras personas más allá de las personas arrestadas. Además, el testigo estrella del gobierno, un experto en análisis telefónico, identificó un segundo número que, según informó, fue usado por Mariano Díaz para coordinar la preparación del asesinato, pero los registros telefónicos de este número no se analizaron en su estudio ni se presentaron como evidencia en el caso.
El equipo legal de la familia de Berta había propuesto a un experto en redes criminales para analizar la información telefónica, que fue rechazada por el tribunal. Sin embargo, este experto proporcionó un resumen de su análisis en un evento público paralelo, identificando numerosos números de teléfono que podrían estar relacionados con el asesinato, que los fiscales del gobierno no han investigado. En muchos sentidos, el juicio planteó más preguntas que respuestas, ya que los mensajes telefónicos sugieren una estructura criminal más amplia que aún no se ha responsabilizado.
Quizás la señal más clara de que aún no se ha alcanzado la justicia para Berta Cáceres es que la concesión de DESA del río Gualcarque continúa activa. A pesar de las mociones legales presentadas por el COPINH, la concesión aún no se ha cancelado a pesar de la clara violación del Convenio 169 de la OIT que Berta pasó los últimos años de su vida hablando abiertamente. Además, el líder del COPINH, Francisco Javier Sánchez, coordinador del Consejo Indígena de Río Blanco, que fue objeto de la red de informantes de DESA, al igual que Berta, enfrenta actualmente amenazas de muerte graves por su liderazgo continuo en la defensa de las tierras ancestrales del pueblo Lenca cerca del río Gualcarque.
Hasta que haya justicia en los niveles más altos para Berta y tantas otras víctimas en Honduras, especialmente las decenas de personas asesinadas en los brutales asesinatos postelectorales durante las manifestaciones contra el fraude electoral que tuvo lugar hace un año, las estructuras criminales seguirán activas en Honduras, y miles y miles continuarán huyendo hacia el norte hacia los Estados Unidos. También se debe responsabilizar a los Estados Unidos por el papel que ha desempeñado en la capacitación, el financiamiento y el apoyo al régimen hondureño a medida que privatiza y saquea el país.
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