David Brooks La Jornada 180907
Uno de los abogados más destacados de Estados Unidos cuenta la historia de las íntimas relaciones entre la familia Bush, el nieto de un ex dictador, dos personajes considerados los peores terroristas del hemisferio occidental, la contra nicaragüense, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y cómo lograron convertir a cinco antiterroristas en una amenaza a la seguridad nacional estadunidense.
Es una historia que, aun si fuera ficción, una novela, un guión de una película de Hollywood, se consideraría poco probable. Pero es una historia increíblemente veraz. Sólo se necesita contar una pequeña anécdota para comprobarlo.
Érase una vez que uno de los hombres que habían sido culpadon de, entre otras cosas, matar a 76 personas, y que participó en atentados contra civiles, asesinatos y en guerras ilegales clandestinas buscó regresar a Estados Unidos para poder vivir tranquilamente en una de sus principales ciudades y dedicarse a gozar de la vida en su tercera edad, caminar con su perro y ser festejado por sus compatriotas como un héroe. El Departamento de Estado recomendó no permitirle ese lujo, y lo calificó oficialmente, después de hacer un extenso recuento de su vida adulta, como “uno de los peores terroristas del hemisferio occidental”.
Sus amigos pidieron la asistencia de un tipo que aspiraba ser gobernador de Florida, un tal Jeb Bush. Éste, a la vez, le consiguió un joven abogado para llevar el caso. Resulta que todo esto rindió fruto, pues el presidente de Estados Unidos descartó la opinión de su Departamento de Estado, lo indultó y le permitió establecer su residencia legal como hombre libre en Miami. El político, mientras tanto, llegó a ser gobernador de Florida.
“Negocio redondo”
Pocos años después, en 2002, un puesto de la Suprema Corte de Florida quedó vacante. El gobernador se acordó de su amigo el abogado y lo postuló al puesto, fue aprobado y ahora es integrante de la Suprema Corte estatal. El nombre de aquel abogado, ahora juez, es Raoul Cantero III y es nada menos que nieto de Fulgencio Batista, el ex dictador de Cuba derrocado por la revolución encabezada por Fidel Castro.
Y el hombre que hoy camina tranquilamente por las calles de Miami, invitado a actos oficiales, e incluso cuando llega el presidente George W. Bush, hermano de Jeb, a visitar Miami, está en las primeras filas, se llama Orlando Bosch. Hoy día, se ha rencontrado en Miami con su íntimo amigo Luis Posada Carriles, acusado de los peores actos terroristas cometidos en América Latina.
“Todo queda como negocio redondo”, comenta Leonard Weinglass, uno de los abogados legendarios de este país, quien, entre otros casos, participó en la defensa de Daniel Ellsberg y Tony Russo en el escándalo conocido como los Pentagon Papers , fue defensor de algunos de los famosos líderes disidentes de los años 60 y 70, abogado de la hija del presidente Jimmy Carter, y más y quien ahora es uno de los abogados del caso conocido como los Cinco de Cuba, o Cuba Five . Habló sobre este caso en un foro en la Escuela de Leyes de la Universidad Howard en esta capital al marcar el noveno aniversario de la detención de los Cinco.
Weinglass ofreció estas anécdotas –así como también del famoso caso de Ellsberg, en el que por órdenes de propio presidente Richard Nixon se cometió un delito para obtener información negativa durante el juicio de los que filtraron información secreta de las decisiones políticas ocultadas al público sobre la guerra en Vietnam, y después intentó ofrecerle al juez el puesto de director de la FBI mientras procedía el juicio– para dar un contexto político, además de precedentes de la intervención del Poder Ejecutivo en el sistema de justicia, en que se ha desarrollado el caso de los Cinco de Cuba.
La misión de los Cinco fue infiltrar corrientes anticastristas en Florida que planeaban y cometían actos de terror contra Cuba y enviar esa información a su país, y se les acredita con salvar las vidas de innumerables víctimas potenciales.
Cuando las autoridades cubanas invitaron a la FBI a revisar esta información sobre atentados terroristas y otras actividades ilegales que se planeaban desde dentro de Estados Unidos, Washington decidió no sólo no actuar contra estas agrupaciones en Florida, sino detener a los que estaban intentando impedir estos complots de terror.
Los Cinco fueron arrestados el 12 de septiembre de 1998. Su juicio fue realizado en Miami, epicentro del poder anticastrista, en una ciudad controlada por las fuerzas y aliados de los Bush, Bosch, Posada Carriles, dirigentes de la contra nicaragüense y veteranos de operaciones clandestinas ilegales de la CIA.
“Este es uno de esos casos criminales en naturaleza (por lo cargos), pero que involucran asuntos de seguridad nacional y política exterior”, comentó Weinglass.
Este caso, como el de Ellsberg, comparte elementos en los que la política exterior juega un papel central y donde la Casa Blanca interviene directamente en el proceso judicial, indicó. El caso de los Cinco, subrayó, tiene que ser entendido dentro de lo que es, para muchos estadunidenses, “una historia no contada de una guerra de baja intensidad emanando desde un país a 90 millas de distancia. Una guerra en que más de 3 mil cubanos han muerto y que le ha costado millones en daños”.
Después del colapso de la Unión Soviética, la industria del turismo se volvió clave en la sobrevivencia de la economía cubana, explicó, y, justo por eso, se convierte en blanco de atentados terroristas por parte de anticastristas, algo que se anuncia abiertamente en Miami en una conferencia de prensa, en la que se declara que Cuba ahora es una free-fire zone , un termino usado en Vietnam para designar una zona donde todo lo que se mueva es sujeto a ataque. De ahí empiezan los bombazos en hoteles y las amenazas; también matan a un turista italiano en un hotel y más. Para los que declararon esta campaña desde Miami no hay ninguna consecuencia por parte de las autoridades estadunidenses. Cuba protesta cada uno de estos actos ante Washington y la Organización de Naciones Unidas. Todo, sin respuesta.
Weinglass cuenta que, ante esto, Cuba decide enviar a cinco hombres para infiltrar los grupos mercenarios, los cuales realizaban ejercicios de entrenamiento con armas, donde participaban ex agentes de la CIA y se preparaban para realizar ataques contra civiles, “justo la definición legal de terrorismo”. El gobierno estadunidense estaba enterado de todo esto. Y es cuando Cuba invita a la FBI a revisar toda la información –incluyendo fotos y documentos– y ofrecer nombres de los integrantes de estos actos ilegales para que sean fiscalizados por las autoridades estadunidenses. Éstas no hacen nada con todo esto, pero Washington decide arrestar a los cinco acusándolos de “conspiración para cometer espionaje”.
“Estos cinco llegaron a este país para investigar, de manera no violenta, sin armas, a grupos que habían cometido asesinatos”, expresó Weinglass, y acabaron siendo acusados de tratar de “destruir a Estados Unidos”, en palabras de los fiscales federales.
Aunque el caso siempre ha carecido de pruebas reales o testigos, “el juicio se llevó a cabo en Miami, sin ninguna posibilidad de un proceso imparcial”, agregó. Weinglass señala que los 60 mil cubanos exiliados controlan casi toda la ciudad, desde la alcaldía, la jefatura de la policía, la oficina local de la FBI y los principales medios. Los Cinco fueron declarados culpables y condenados a un total de cuatro cadenas perpetuas y 75 años de prisión.
El reconocido abogados detalló la evolución del caso desde este primer juicio, y como al apelar de esta injusticia, tres jueces de un tribunal de apelación federales por primera vez en la historia legal del país revirtieron un fallo de un juez federal en torno del lugar geográfico donde se realizó un juicio, considerando que en Miami habían condiciones que hacían imposible un juicio imparcial, y autorizaron un nuevo proceso. Pero el gobierno estadunidense respondió a este revés presentando un nuevo cargo: conspiración para cometer homicidio, en torno al derribo de dos avionetas de anticastristas por aviones cubanos.
Weinglass relata que los fiscales sabían que no tenían un caso sólido, y hasta antes de que se anunciara del veredicto ya estaban solicitando una apelación, pero como el juicio fue otra vez en Miami, el jurado los declaró culpables del delito.
Poco después, el ex procurador general Alberto Gonzales (quien acaba de renunciar su puesto la semana pasada) ordenó que sus fiscales apelaran del fallo anterior de los tres jueces, y lograron revertir una vez más el caso. El proceso del sistema judicial estadunidense continúa lentamente en torno a este caso, acerca del cual Weinglass dice ahora que “ya es un asunto mas allá de leyes; esto ya se trata de justicia”.
Así, Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Ramón Labañino, Fernando González y René González cumplen nueve años en cárceles estadunidenses por el crimen, según sus defensores aquí y por el mundo, de combatir al “terrorismo”.
