Decenas de organizaciones de América Latina y el Caribe dirigieron una carta a sus respectivos presidentes señalando que “los instamos a darle a esta Conferencia la prioridad que se merece y a participar, en su calidad de Jefes de Estado, encabezando una delegación de alto nivel de sus países” y que “las respuestas hasta ahora gestionadas a través de grupos excluyentes como el G7 y el G20, y las propias Instituciones Financieras privadas, estatales y multilaterales, cuya responsabilidad, todavía impune, en la generación de esta crisis es flagrante, apuntan a salvar el sistema sobre las espaldas de los mismos pueblos y países que desde hace tiempo venimos pagando los costes de su expansión”.
Dicha carta plantea que se están debatiendo “insumos valiosos, incluyendo las recomendaciones de la Comisión de Expertos sobre la Reforma del Sistema Monetario y Financiero Internacional, y un Proyecto de Declaración Final que incluye propuestas concretas para la consideración y acuerdo de los Estados. Entre otros asuntos, reconociendo la responsabilidad de los centros de poder en el norte para esta crisis, plantean pasos inmediatos para establecer un fondo de estímulo global que no implique un nuevo peso de endeudamiento ilegítimo para los países más necesitados. Recomiendan poner fin y revertir los condicionamientos nefastos impuestos por las Instituciones Financieras Internacionales y los tratados de libre comercio y de protección a las inversiones”.
Durante la preparación de la conferencia que debería tener el significado de sacar del estrecho círculo de unos cuantos países el debate sobre la crisis y las soluciones, ha habido un forcejeo y presiones por hacer prevalecer la agenda del G-20 y restarle importancia a las recomendaciones de la comisión Stiglitz, la cual avanza en propuestas que cuestionan la política económica predominante a escala mundial.
Dentro de estas recomendaciones resaltamos los planteamientos sobre la necesidad de abandonar el dólar como moneda de reserva mundial y dar a las Naciones Unidas una primacía en la definición de las reglas económicas mundiales por encima de la OMC, el Banco Mundial y el FMI.
La comisión también cuestiona las “deficiencias en las políticas de algunos países e instituciones internacionales, basadas en doctrinas económicas antes en boga, según las cuales los mercados serían eficientes y capaces de corregirse a sí mismos”, que condujeron a “Políticas monetarias erráticas, regulaciones inadecuadas y supervisión laxa”. La comisión rechaza los condicionamientos, especialmente en materia de regulación, en los créditos por parte de las instituciones multilaterales, y reconoce que los acuerdos de libre comercio han impuesto a los países en desarrollo restricciones a su soberanía y a su capacidad de manejar los sistemas financieros, limitando su capacidad para “responder a la crisis actual con reformas normativas, estructurales y macroeconómicas”.
Rechaza el proteccionismo de los países ricos y el principio de la independencia de los bancos centrales, cuestiona el papel de las evaluadoras de riesgo. Exige que los países en desarrollo tengan la posibilidad de tener una gestión activa de los flujos de capital extranjero de manera que complementen las políticas anticíclicas de los gobiernos. La comisión preconiza el fortalecimiento de las instituciones de regulación y plantea que la solución a la crisis no debe ser el fortalecimiento del papel de los bancos y que tampoco se debe regresar al estado anterior.
Al plantear que la crisis afecta en particular a los más pobres, reconoce implícitamente que ellos deben estar en el centro de las soluciones, incluyendo los derechos humanos y principios de equidad. La comisión, aunque se centra en el tema financiero, reconoce que en el abordaje de la crisis ocupa un papel importante la respuesta a la crisis alimentaria, la defensa de un trabajo decente, el cambio climático y el crecimiento sostenible y equitativo. Exige que haya más flujos por medio de donaciones e insiste en el trato especial y diferenciado. Aunque no se pronuncia rechazando la liberalización desenfrenada de los servicios financieros que ha sido una de las principales causas del contagio de la crisis, apunta que al reformular los sistemas de control de los mercados financieros se debe proteger también a los depositantes, consumidores e inversores.
Las recomendaciones de la comisión Stiglitz son insuficientes en varios aspectos y no dan plena cuenta de la crisis global de carácter sistémico. No hace un cuestionamiento profundo a la globalización y a la desorganización del sistema productivo y de consumo exacerbado que refuerza las desigualdades estructurales entre los países y plantea que sus recomendaciones son complementarias y no contradictorias con lo planteado en el G-20, no ubica plenamente el papel nocivo de la inversión extranjera y cuestiona los aranceles como medida legítima y valida. Así mismo, propone que la emisión de DEG sea una alternativa al uso del dólar como moneda de reserva, lo que le daría mayor influencia al FMI en el sistema monetario internacional
Al mismo tiempo, no enfatiza la crítica a los paquetes de estímulo de las economías industrializadas para subsidios que exacerban las asimetrías, no plantea la supresión sino la reforma de los sistemas de gestión de las IFIS e invita a una culminación de la innumerables veces rechazada Ronda de Doha, “orientándola” hacia el desarrollo y llama simplemente a la regulación del comercio de derivados y al control de los organismos de calificación crediticia.
Tampoco plantea un acuerdo para el cierre de los paraísos fiscales, y poco enfatiza sobre las urgentes acciones necesarias para tratar los efectos negativos, especialmente en los ámbitos del trabajo y la reproducción social, que la crisis ya ha causado a millones de hombres y mujeres. En este sentido y en otros aspectos se queda corta con respecto a lo que los movimientos sociales han venido planteando como soluciones a la crisis y a la necesidad de coherencia entre las políticas macroeconómicas y las políticas sociales y ambientales, sin embargo, su enfoque cuestiona las verdades hasta ahora predominantes y abre una puerta para un debate serio.
A pesar de estas debilidades, las recomendaciones de la comisión son inaceptables para las multinacionales, las cuales han planteado simplemente el rescate de las instituciones financieras, el aumento de la influencia del FMI y el Banco Mundial y tímidas medidas de reactivación de la demanda.
Exigimos que las consideraciones de la Comisión sean estudiadas seriamente y al más alto nivel, que el debate se extienda a todas las organizaciones sociales y que se adopten medidas urgentes para que las soluciones a la crisis permitan reorientar radicalmente la arquitectura financiera internacional y replanteen el modelo de desarrollo que ha puesto en riesgo no sólo la situación de los pobres del mundo sino la misma existencia de la humanidad.
