“Sin democratización de la comunicación, no hay democracia” fue una proclama que nació de grupos activistas e intelectuales –particularmente de quienes abordan el tema desde la economía política de la comunicación- al calor de los procesos de retorno constitucional registrados a inicios de los ’80. Una de sus primeras demandas: que los medios de comunicación dispongan espacios para poder debatir su rol y responsabilidad social. Imposible.
Años después, se expanden e imponen las políticas neoliberales que entre otras cosas dan paso a una mayor concentración monopólica y oligopólica mediática. En tales condiciones, dar paso a tal debate, un imposible mayor. Es más, la sola posibilidad de proponerlo prácticamente resultaba ser una amenaza a la “libertad de expresión”.
Cuando, ante la incapacidad del neoliberalismo de resolver los problemas que prometió hacerlo –y que por el contrario los agravó- el mapa político cambia de color, paulatinamente va cobrando fuerza esa demanda básica de abrir el debate sobre los medios de comunicación y sus responsabilidades sociales. Y el imposible se revierte: los medios del establecimiento se atrincheran en el sentido patrimonialista de la “libertad de expresión”, a partir del cual tratan de imponer un gran monólogo, apoyándose en la tradicional auto-referencia que entre ellos han establecido, tanto nacional como internacionalmente; pero resultan rebasados por un proceso de democratización que aspira garantizar como mínimo la pluralidad y diversidad informativas, abriendo y asegurando condiciones para que los sectores sociales tradicionalmente excluidos puedan irrumpir en tal espacio. Y es así como el debate está abierto.
Hacia nuevas normativas
Entre las tareas pendientes que por décadas los colectivos de izquierda y, en general, el campo popular han tenido dificultades para descifrar, se encuentra la relativa a la comunicación. Situación que los ha llevado a moverse entre la condena y la fascinación respecto a los medios masivos de difusión, aunque en términos reales con la preeminencia de esta última por consideraciones pragmáticas circunscritas al “posibilismo mediático”, para –como la política correcta indica- asegurar visibilidad pública.
Cuando estas fuerzas comienzan a conquistar espacios de gobierno, sin agenda propia en materia de comunicación, esa lógica pragmática les ha conducido a tratar de establecer acuerdos –tácitos o implícitos- con los magnates de esos medios de difusión como fórmula de entendimiento de una especie de “no agresión”. Pero como los cambios ponen en juego intereses, tarde o temprano tal fórmula termina por develarse inviable, más aún cuando de por medio existen actores sociales exigiendo la democratización de la comunicación.
El primer sacudón se dio en Venezuela, cuando el fallido golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez en abril de 2002 demostró que un eje principal de la intentona radicó en el manejo mediático de los grandes medios de difusión. Es a partir de este acontecimiento que el mandatario venezolano “reconoce” la existencia de medios alternativos y comunitarios que, entre otros factores, jugaron un rol clave para impedir que se rompa el hilo constitucional.
A partir de allí se abre otra historia, que da lugar al tratamiento de la “Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión” (conocida como ley Resorte), sancionada en diciembre de 2005 y a políticas para fomentar medios públicos y comunitarios; pero también, a una persistente y abrumadora campaña nacional e internacional en contra del mandatario venezolano por parte de los grandes conglomerados mediáticos, cuyo mensaje se encubre en la defensa de la libertad de expresión para decir “no toquen a nuestros negocios”.
En Ecuador, el 28 de septiembre de 2008 el electorado aprobó la nueva Constitución que recoge la voluntad de cambio y anhelos acumulados de la gran mayoría de la población para alcanzar transformaciones estructurales. Entre los logros constitucionales consta el reconocimiento de la comunicación como un derecho humano fundamental, como parte de los Derechos del buen vivir. Los Derechos de la Comunicación e Información consagrados establecen un marco inédito para avanzar hacia una profunda democratización del sector.
Por mandato constitucional, en la Asamblea Nacional se encuentra en trámite la aprobación de la Ley de Comunicación que habrá de desarrollar lo estipulado en la Carta Magna. Para su tratamiento se presentaron tres proyectos: uno desde la oposición, otro desde el oficialismo y el del Foro Ecuatoriano de la Comunicación. El resultado final aún es incierto por el ambiente de intimidación que han logrado montar los grandes medios empresariales.
Tras el fallido esfuerzo inicial de cuestionar la elaboración misma de la Ley, estos sectores han desencadenado una gigantesca campaña para descalificarla de antemano: antes siquiera de que la comisión encargada inicie el tratamiento ya fue tildada de “ley mordaza”, de “dictatorial” y así por el estilo. En las circunstancias, bajo la batuta de tales medios de difusión, la dispersa oposición aspira hacer del rechazo a la ley un mecanismo para reagruparse y disputar las calles, con miras a, en un primer momento, dilatar su procesamiento para que la normativa elimine o reduzca al máximo las disposiciones que puedan afectar a sus particulares intereses.
Con un sentido también de reagrupar fuerzas y esfuerzos, redes de comunicación, gremios periodísticos, movimientos sociales y populares, y organizaciones de derechos humanos han hecho pública su condena a “la campaña mediática de los grandes grupos empresariales de la comunicación”, al tiempo de insistir en que la conceptualización de la Ley se sustente en la defensa irrestricta de la libertad de expresión y del derecho a recibir información verificada y plural; derecho a la rectificación; distribución en tres tercios de las frecuencias de radio y televisión entre los sectores público, privado y comunitario; prohibición de concentración de frecuencias y monopolios mediáticos; producción nacional y local desde la diversidad cultural y geográfica; acceso universal a las tecnologías de información y comunicación; institucionalización de la defensoría del público; distribución equitativa de la publicación estatal; reversión de frecuencias obtenidas ilegítimamente. Así las cosas, los días que están por venir se anuncian muy agitados.
Al igual que en Ecuador, los poderes mediáticos bolivianos –y por supuesto los partidos de oposición- no han escatimado estratagema alguna para desvirtuar tanto la gestión del gobierno presidido por Evo Morales como el nuevo texto constitucional que entró en vigencia el 7 de febrero de 2009. Por el bloqueo de las fuerzas de derecha en el Senado, poco o nada se ha traducido dicho texto en normas legislativas. El arrollador triunfo alcanzado por Evo Morales y su partido el MAS en las elecciones del 6 de diciembre de 2009, abre un nuevo escenario en el cual, como ya anticipó el mandatario, acelerará “el proceso de cambio”. En tal sentido, la legislación para dar cuerpo al reconocimiento constitucional del derecho a la comunicación e información, obviamente encontrará su curso en un período inmediato. Toda vez, lo anterior no ha impedido para que régimen impulse medidas para reforzar los medios públicos y fomentar medios comunitarios, como la red de radios indígenas, entre otras.
Tras un amplio debate a nivel nacional, el 10 de octubre de 2009 el Senado argentino aprobó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que pone término a la norma que había regido en esta materia desde la dictadura militar. Siendo que uno de los propósitos de la Ley apunta a la desmonopolización del sector, los grandes conglomerados, articulados por el poderoso grupo Clarín, no solo que ignoraron el debate que se realizó durante siete meses, sino que activó una campaña demoledora para bloquear tal iniciativa. En el recuadro adjunto se revisa este proceso con mayor profundidad.
Si bien al inicio del segundo mandato del presidente Lula da Silva en Brasil se proclamó que una de sus prioridades sería dar paso a una reforma en materia de medios de comunicación, no fue sino a fines de enero de 2009, en el marco del Foro Social Mundial realizado en la ciudad de Belem, que el mandatario anunció la realización de “una gran conferencia sobre comunicación”.
La iniciativa fue oficializada el 17 de abril como 1ª Conferencia Nacional de Comunicación (CONFECOM), que tendrá lugar del 14 al 17 de diciembre 2009 en Brasilia. Para el efecto se han establecido tres ejes temáticos: “producción de contenido”, “medios de distribución” y “ciudadanía: derechos y deberes”, los cuales abarcan 56 subtemas. Mientras que para su organización se conformó una Comisión integrada por representantes de tres sectores: movimientos sociales, organizaciones empresariales y gobierno. En la fase preparatoria, los grandes conglomerados empresariales optaron por retirarse de dicha Comisión para luego tratar de boicotearla y dar inicio a una campaña descalificadora de la Conferencia.
Tras la convocatoria, los diversos sectores han propiciado la realización de consultas, foros, intercambios para afinar posiciones comunes, que comenzaron a ser expuestas en las reuniones municipales y estaduales preparatorias para la plenaria. Estas reuniones arrancaron el 31 de octubre con la participación de millares de personas en todo el país, pero que la gran prensa no ha reportado.
Aunque la propia realización de la 1ª CONFECOM es considerada como una victoria de los sectores sociales, por ser un hito que establecerá un marco en la historia de la comunicación brasileña y por el carácter pedagógico que ha primado en la fase preparatoria, ni los más optimistas están seguros de los resultados, por lo intrincado de la correlación de fuerzas.
En Uruguay, entre tanto, el 26 de noviembre de 2009 el Ejecutivo remitió al Parlamento el proyecto de ley que regula contenidos en medios de comunicación, con el fin de promover la producción nacional y, así, dar una oportunidad a artistas y creadores. El proyecto parte de la existencia de “grandes monopolios transnacionales, con criterios esencialmente mercantiles y comerciales, que concentran la propiedad de empresas culturales y que disponen de poderosas redes que orientan y controlan la producción y distribución de contenidos a nivel global”, acotando que “el mercado por sí solo no garantiza la diversidad cultural”.
Elaborado por el Ministerio de Educación y Cultura, el proyecto plantea la estipulación de un 50% para la producción nacional y la creación de un Consejo de Mediación integrado por tres personas, una por tipo de medio, que contará con una alta independencia en la órbita del Parlamento. Más allá de esta iniciativa, hay quienes consideran que uno de los principales desafíos del presidente entrante, José Mujica, es la reforma de la comunicación. ¿Será?
En fin, estamos ante un escenario donde, por una parte, los grupos de poder mediático para sostener el statu-quo han desatado una sórdida campaña para demonizar cualquier medida que implique abrir el juego y espacios para nuevas voces y actores sociales, en términos tales que internacionalmente cuentan con la resonancia orquestada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Por otra parte, la causa de la democratización de la comunicación que cada vez más es asumida por una diversidad de movimientos sociales, y ya no únicamente por actores relacionados directamente con este campo, con ritmos y particularidades propias a los respectivos países.
