Una multitudinaria concentración popular urbana, dirigida por los sectores más reaccionarios y derechistas de la capital histórica de Bolivia, desconoció la autoridad del presidente Evo Morales y nombró en rebeldía y total desacato de la ley a su propio prefecto (gobernadora).
Agitando la bandera de la autonomía y las más sentidas reivindicaciones económicas y sociales de los pueblos pobres y postergados del sur de la República, el cabildo popular realizado la tarde de este jueves en Sucre echó del cargo de prefecto a Ariel Iriarte, elegido por Evo Morales, y colocó en su reemplazo de forma interina a la opositora Sabina Cuéllar.
Desde La Paz, el Gobierno central ratificó su rechazo a esta acción, calificándola de “ilegal” y “subversiva”.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, aseguró que el Gobierno de Morales no reconocerá la legalidad del nuevo prefecto, ya que su designación no está enmarcada en ningún precepto legal.
Quintana señaló que el Ejecutivo se enmarcó en la legalidad para ratificar a Ariel Iriarte como prefecto interino de Chuquisaca hasta que se seleccione a un nuevo prefecto en las elecciones del 29 de junio.
Una región dividida
En el Cabildo participaron masivamente las fuerzas y organizaciones cívicas, vecinales, sociales, estudiantiles y empresariales de la ciudad, y que se han convertido en acérrimos opositores al presidente Morales desde que el Gobierno impidiera que la Asamblea Constituyente considerara la posibilidad de trasladar la sede de los poderes públicos desde La Paz hacia Sucre.
En esta concentración no estuvieron presentes los campesinos e indígenas, que son la mayoría poblacional de Chuquisaca y que respaldan al presidente Morales.
Se fortalece la oposición
Con la elección de Cuéllar, ya son seis los prefectos (de los nueve que tiene el país) que están en contra de Morales y que trabajan en la preparación de referéndums regionales sobre la autonomía, en franco desacato a la ley.
A fines de febrero, el Parlamento nacional, controlado en mayoría por Morales, aprobó tres leyes, convocando a referéndum nacional sobre la nueva Constitución Política del Estado y dejando en la ilegalidad los referéndums regionales sobre autonomía convocados por los prefectos.
Esta ley señala que el Congreso Nacional es la única instancia democrática facultada para convocar a referéndum departamental sobre los estatutos autonómicos, con lo que ratificó la ilegalidad con la que están operando los prefectos y organizaciones empresariales y cívicas del oriente y los valles.
Pisando la ley
La norma establece que mientras no existan gobiernos departamentales conformados por órganos ejecutivos y deliberantes elegidos por voto popular, será el Congreso quien llame a consultas departamentales.
La ley interpretativa sancionada, que cuenta de un solo artículo, señala en su artículo 1.- ‘Se interpreta el artículo 6to. parágrafo 3ro. de la Ley No. 2769 en sentido de que en tanto no existan gobiernos departamentales, entendiéndose a estos como gobiernos conformados por órganos ejecutivos y órganos deliberantes elegidos ambos por voto popular, en el marco de la autonomía departamental, el referéndum departamental será convocado exclusivamente por el Congreso Nacional’.
Pero esto tiene sin cuidado a la oposición derechista, que está embarcada de lleno en un proceso sedicioso, que viola la ley y que no quiere conciliar con Morales, que intenta por todas las vías llegar a un acuerdo con la oligarquía.
Referéndum y autonomía
Por ello, en la concentración popular de Sucre también se aprobó que el 27 de abril se realizará el referéndum autonómico, a pesar de que éste ya es ilegal e inconstitucional, pero que cuenta con amplio respaldo popular, especialmente en las áreas urbanas de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca.
La autonomía es una legítima e histórica demanda de casi todos los pueblos del interior de Bolivia y que ha sido hábil y demagógicamente recogida por la oligarquía, que se ha fortalecido con ella y se bañado en multitudes con extraordinaria facilidad, dada la defección del Gobierno de Morales y de toda la izquierda que han abandonado esta bandera y, en general, toda la lucha regional para mejorar la condición de vida y de trabajo de los pueblos y regiones más pobres.
Por ahora, el presidente Morales controla todo el occidente boliviano (La Paz, Oruro y Potosí), además de las áreas rurales de los valles (Cochabamba y Chuquisaca), mientras que la oligarquía ya ejerce de facto el gobierno en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija y tiene predominio en las áreas urbanas de Chuquisaca y Cochabamba.
