El nuevo período de transformaciones que se está implementando en el contexto cubano, conocido como proceso de actualización del modelo económico y social, ha generado disímiles controversias respecto a su naturaleza o a los paradigmas de desarrollo que lo sustentan.
Con una concepción etapista, se acude inicialmente a fórmulas viejas, experimentadas en otros contextos como salida a la crisis económica, en cuanto a la sustentabilidad del proyecto social revolucionario; que aunque mantengan espacios de igualdad, generan brechas de equidad sociales y territoriales; para concebir etapas posteriores de redistribución donde mejorarán las condiciones de vida de todos los ciudadanos y ciudadanas.
Hay quienes opinan que son cambios pertinentes; otros que no son queridos, pero sí necesarios. Hay quienes consideran que sí existe la necesidad de cambiar; pero se puede hacer de otra manera, atendiendo a paradigmas de desarrollo más emancipadores como proponen algunas experiencias latinoamericanas. Uno de los temas centrales del debate es el análisis de la influencia de las transformaciones en la equidad social.
La revisión de estudios de casos y de una reseña bibliográfica de los impactos sociales de la reforma, así como la consulta a entrevistas realizadas a investigadores sobre esta temática en Cuba, permiten identificar algunos efectos del actual proceso de actualización en la equidad social; sin desconocer que es difícil determinar los límites del condicionamiento de este proceso en específico, cuando hubo reformas que lo precedieron y existen otras variables que también tienen un efecto en las tendencias relativas a las desigualdades.
Atendiendo a la definición de equidad que tiene en cuenta que las medidas que se implementen se enfoquen no solo en la garantía de derechos, sino también en la igualdad en el acceso a las oportunidades y la creación de opciones para un mejor aprovechamiento de los recursos económicos, sociales, culturales y políticos, sin discriminación, desproporcionalidad o inferiorización, las medidas tomadas en los últimos siete años han tenido varios saldos positivos.
Ello se argumenta con la diversificación de opciones de propiedad, empleo e ingresos; el mejoramiento de la calidad de oferta de empleo; la elevación de ingresos en algunos sectores estatales (salud, deporte, comunicaciones, industria pesada a partir del instrumento de pago por resultados). Súmese la mejora de la conexión empleo-ingreso en algunos espacios públicos y privados; las facilidades para la autogestión en respuesta a necesidades básicas como la construcción de viviendas; la diversificación de opciones de transporte, fundamentalmente en zonas urbanas, con la aparición de cooperativas y otras opciones estatales más baratas que el sector privado. También hay un mayor acceso a activos con la posibilidad de alquilar locales al Estado para el desarrollo de actividades privadas o cooperativas; el acceso, a través de la aprobación del pluriempleo, a la ocupación estatal y no estatal de jubilados, empleados estatales, estudiantes en edad laboral. Asimismo los cambios en regulaciones aduaneras favorecen la amplitud de acceso a recursos electrodomésticos y otros, y controlan las brechas de equidad por limitaciones en la cantidad de importaciones.
También se identifica la mejoría de trabajadores no estatales en el acceso a la seguridad social; la restitución de derechos con la nueva ley migratoria, el uso de telefonía móvil y otros; la ampliación de acceso a la información por amplitud de servicio de correo electrónico y acceso a internet de forma privada; y el incremento en las posibilidades de autogestión como recurso de empoderamiento. Desde el punto de vista territorial, la mayor autonomía de los gobiernos locales, los estímulos al financiamiento del desarrollo, las acciones dirigidas al autoabastecimiento municipal como el proceso de recaudación tributaria, han incrementado un poco las posibilidades de mayor correspondencia entre las acciones gubernamentales y las necesidades de las comunidades.
Pero ello también implica no desconocer que, como bien plantea la investigadora cubana Mayra Espina: “la posibilidad de aprovechar las nuevas oportunidades que se generen dependerá de los activos individuales y familiares: conocimientos y calificación, capital para invertir, bienes para generar actividades mercantiles (casa, autos, herramientas), información (sobre aspectos legales, oportunidades, mercados posibles) y conexiones que permitan acceder a los nuevos espacios económicos” (Espina: 2012, p.169).
De este punto de partida desigual, se desprenden efectos negativos como la reproducción, reconfiguración y/o acentuación de brechas. Ello se expresa en el aumento de la pobreza en familias afectadas por el proceso de idoneidad laboral, con insuficientes activos para generar iniciativas (con tendencia a la feminización y la racialidad de la pobreza). Se refleja en el desempleo por insuficiente cobertura en las iniciativas generadas para fomentar el empleo como el trabajo por cuenta propia y la entrega de tierras en usufructo; la precarización en empleos; la tendencia a la criminalización de la pobreza (práctica de actividades delictivas) y a la informalización por la falta de correspondencia entre ingresos, costo de la vida e impuestos para la legalización.
Otras evidencias son la disminución de los niveles de bienestar e incremento de la vulnerabilidad socio-económica en trabajadores de los sectores más deprimidos dentro del sector estatal y autoempleados; el crecimiento de empleos de baja complejidad tecnológica y poco uso intensivo del conocimiento. En el caso de los pluriempleados, la intensificación de la jornada laboral puede afectar la salud y el tiempo de autocuidado.
Cabe mencionar la reproducción de la disparidad de ingresos entre hombres y mujeres por los tipos de opciones generadas y la desventaja en la inserción en el mercado laboral por la doble y la triple jornada; inserción laboral desventajosa para los sancionados sin internamiento y egresados de establecimientos penitenciarios, discapacitados; desigual aprovechamiento de las oportunidades de obtener o reparar la vivienda por el incremento de precios a partir de la liberalización de este mercado, la falta de control sobre el mercado informal y el insuficiente abastecimiento regulado por el Estado.
Por otra parte están las desiguales oportunidades para la adquisición y uso de transporte (sobre todo los autogestionados, amigables con el medio ambiente y más económicos) y la persistencia de los problemas de conectividad en territorios más aislados; las pensiones y salarios insuficientes, sobre todo, en el sector público, respecto a las demandas de consumo de las familias; el engorroso proceso de definición de la cooperativa y su aprobación en relación con el de los autoempleados y microempresarios, colocando en desventaja a los cooperativistas.
A ello se adicionan el fortalecimiento de procesos de marginalización y exclusión en grupos sociales que pierden sus redes de amparo por las medidas de racionalización en subsidios y servicios públicos: difícil acceso a servicios de cuidado infantil, de ancianos o enfermos (déficit de instituciones públicas y elevados precios y no siempre buena calidad en recursos humanos en los privados); sustitución de los comedores obreros y disminución de matrícula de estudiantes internos, con una recarga en gastos de alimentación y otros en las familias.
Hay una serie de recursos relacionados con la calidad de la salud y la educación, que recaen en la autogestión familiar y que están abriendo brechas en el aprovechamiento de las facilidades del sistema por influir en la movilidad social ascendente, a lo que se unen también las brechas tecnológicas (celulares, acceso a internet, a correo electrónico, instrumentos para información en soporte digital…) que inciden directamente en el desigual acceso a la información y a conectarse con redes sociales relevantes en estas nuevas dinámicas. (Ver: Espina, 2013, 2014; Pañellas, D. D. Echavarría y T. Lara. (2014); Zabala (2013); Fundora 2012, 2014)
En cuanto al acceso a recursos políticos, a pesar de un incremento de mujeres, jóvenes, negros y mestizos en espacios de poder formal por esfuerzo y voluntad política del gobierno, ello no se traduce necesariamente en una participación protagónica en la toma de decisiones y en la presencia de un enfoque de equidad en las políticas y estrategias que se diseñan. Las nuevas regulaciones (como la Ley de Inversión Extranjera y el Código del Trabajo) no tienen un enfoque integral de equidad y no aparecen propuestas de instrumentos macroeconómicos que intencionen acciones priorizadas, ya sea por sistema de cuotas o por puntuaciones en propuestas de proyectos de inversiones.
En el sector privado, estudios de caso han levantado información sobre manifestaciones de explotación de los propietarios hacia los trabajadores contratados, fundamentalmente mujeres jóvenes, con manifestaciones que van desde la sobrecarga del horario laboral, poca remuneración y violación de otros derechos laborales. Por otra parte, en los espacios políticos y laborales, se mantienen estilos de participación verticales que inhiben el ejercicio de empoderamiento de toma de decisiones, depositando en otros actores las mayores posibilidades para la transformación.
En cuanto a las inequidades territoriales, se observa la tendencia a la reproducción de las asimetrías territoriales a partir de ventajas comparativas; la ausencia de un enfoque de heterogeneidad espacial para la gestión que atienda los asentamientos de franja de base, asentamientos dispersos, y territorios con situaciones especiales, relacionadas con riesgos vinculados al cambio climático o insalubridad, deterioro o precariedad, a partir de su carácter improvisado y/o ilegal. No se prevén con claridad procesos territoriales redistributivos. (Ver: Iñíguez: 2012, 2013)
Como apuntan diversas voces, se mantienen, se reconfiguran y se incrementan brechas de género, edad, color de piel, territoriales; pero existe una preocupación por la desigualdad socio-económica que, si bien no llega a los niveles de cualquier país de la región, sí se está convirtiendo en una brecha significativa respecto a su comportamiento histórico dentro de la Revolución Cubana, por los desiguales puntos de partida ante cambios que están más a la medida de aquellos que ya estaban en posición de ventaja.
Este es un escenario de cambios muy complejo y heterogéneo, donde la posibilidad de caminar hacia un proyecto social emancipador, que apueste por un desarrollo colectivo, inclusivo, armónico con la naturaleza y equitativo se está disputando, con el empuje de otros actores hacia un camino de reproducción de modelos de desarrollo que no han dejado el mejor saldo social en términos de equidad, en el acceso al buen vivir. Este es un debate en curso, donde, la crítica constructiva y los deseos de participar con un compromiso ético y político con la emancipación humana, son factores clave para los derroteros de la Revolución Cubana.
- Tags
- Article
