Los acontecimientos de los últimos días en la región amazónica de Bagua nos volvieron a acercar a esta historia cuando, siguiendo una tradición de más de 500 años, los indígenas de las zonas intrincadas de Perú se unieron en una lucha por sus territorios y cosmovisiones.
En entrevista con IPS, Salomón Aguanash, líder de las protestas, explicó que para los pueblos que viven seducidos por la densidad de la selva, la defensa de sus comunidades y recursos significa salvar su vida. “No rechazamos el desarrollo, pero este no puede ser pensado solo desde los hombres de corbata del gabinete de ministros, sino considerando la Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos originarios, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Constitución”.
Sin embargo, a pesar de la existencia de estas leyes que reconocen
los derechos de los nativos, una vez más la “excursión” de América Latina al progreso deja una huella honda sobre la representatividad de estos grupos.
En octubre del 2007, el presidente Alan García equiparó boom económico con transnacionales. Su discurso ––publicado en diferentes medios como El perro del hortelano–– por un lado, fustigaba la entrega de tierras a “familias pobres que no tienen un centavo para invertir”; por otro, ponderaba la inversión extranjera en la Amazonia. De esa forma, daba luz verde a varios decretos, entre ellos el 1090 o Ley Forestal y de Fauna Silvestre y el 1064 sobre uso de la tierra en la selva, en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Estas medidas que afectaban a más del 60% de la población peruana, causaron las manifestaciones que fueron descendiendo desde las serranías y los bosques. En la localidad de Bagua, la represión policial originó el eco más fuerte de estas protestas. El 5 de junio, efectivos de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES), con vehículos blindados y helicópteros, abrieron fuego contra los indígenas.
El resultado de esta “guerra contra la Amazonia”, como alertó el periódico La Primera, fue la muerte de 24 agentes y un número indeterminado de nativos.
Las fotografías de indígenas torturados y las denuncias de desaparecidos, que recuerdan otros episodios de la historia peruana, han motivado la apertura de una investigación sobre esos sucesos a petición del relator especial de la ONU sobre derechos humanos y pueblos indígenas, James Anaya, y familiares de las víctimas.
Pensando en las declaraciones del mandatario boliviano, Evo Morales, durante su reciente visita a La Habana, lo ocurrido en Bagua deja varias lecciones. No solo muestra, como expresó el presidente, la reproducción en América Latina de viejos modelos de criminalización y su ineficacia, sino también, la actual crisis de participación pública de estos pueblos.
Además, revela que en la configuración de lo nacional persisten esas abruptas delimitaciones impuestas “desde arriba”, denunciadas años atrás por el intelectual peruano José Carlos Mariátegui (1894-1930). Grupos sociales como los indígenas continúan viviendo en el árido terreno de la exclusión.
Sin embargo, la lucha amazónica que finalmente posibilitó el freno de los decretos en el Congreso peruano, e incluso, hizo “rectificar” la posición del gobierno, forzado ahora a un diálogo con los pueblos originaros, también renueva las esperanzas. Creo que esa ha sido la más importante lección de Bagua.
Otros sectores populares hicieron suyas las voces de los indígenas. En una jornada nacional, las ciudades mostraron el lenguaje de las selvas. Las cartas de los intelectuales que viajaron desde dentro y las del movimiento social internacional ayudaron a despertar ese mito que surca los ensayos de Mariátegui, y que algunos en Perú creían agónico, el de las revoluciones.
