El caso de la no prórroga de la licencia de RCTV no es sino la expresión más abierta y difundida de la confrontación política-comunicacional que protagonizan las viejas y deslegitimadas oligarquías y las fuerzas progresistas de América Latina.
Estas oligarquías, subordinadas a los imperios de turno, luchan por mantener sus privilegios gracias a casi 20 años de políticas neoliberales, corrupción y represión, ante el avance de los movimientos sociales y populares, vitales en las últimas dos décadas, que luego de complejos y duros procesos varios terminaron ubicando en los gobiernos de los Estados Capitalistas Latinoamericanos a una nueva dirigencia política que, en mayor o menor grado, responden a sus intereses. Hablamos de países como Bolivia, Nicaragua, Brasil, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Argentina, cada uno con sus particularidades políticas e históricas.
El objetivo de aquellas oligarquías, unas más violentas y deslegitimadas que otras, es la de detener el avance de los movimientos sociales y sus expresiones políticas, para que no desarrollen desde el Estado proyectos políticos contrarios a sus intereses. Luchan en el fondo por ese Estado que es de ellos y que lo manejaban discrecionalmente hasta hace poco.
Entre las varias formas de lucha está la mediática, la de los medios tecnológicos, también llamada la “gran prensa”, que es propiedad de los miembros de esas oligarquías. Esta es una lucha política más, pero tiene una dimensión estratégica para construir o destruir poder: la simbólica, la que se desarrolla a través de la comunicación, en este caso la que se da a través de la tecnología de alcance masivo y que es un espacio privilegiado para la batalla de las ideas. Aqui es donde una clase pierde o gana gran parte de sus posibilidades de hegemonía; es donde se imponen intereses concretos, formas de vida al adversario. Este campo de lo hegemónico es sutil, complejo y paradójico.
Así, las ásperas relaciones que hoy mantienen los gobiernos que salieron de los movimientos sociales clasistas y sus expresiones políticas con los medios masivos comerciales en los países arriba citados, esas que se leen o ven por los diversos medios todos los días, es la prueba de aquella confrontación.
El ataque mediático de las oligarquías
Desacreditados sus partidos oligárquicos por ser los responsables visibles de la exclusión de millones y millones de personas en Latinoamérica en los últimos 20 años, a las fuerzas reaccionarias de la región no les quedó otra que recurrir a la potencia de sus medios, al dinero de los consorcios de propietarios y a una de las principales ideas hegemónicas del Capitalismo: la libertad de expresión, tal como la entienden las oligarquías criollas y la burguesía mundial. Así, las derechas y los Estados imperios de occidente se embanderan y denuncian “los atentados a la libertad de expresión”, y ponen como ejemplo de esto la no prórroga de RCTV, las críticas declaraciones de Correa, Morales y Daniel Ortega contra los medios comerciales en Ecuador, Bolivia y Nicaragua…pero el ataque de fondo de los grandes medios comerciales va contra los mismos procesos de cambio que se viven en estos países y contra las políticas populares, antioligárquicas y anti imperiales de sus respectivos gobiernos, ya que esta políticas van desgastando, en mayor o menor grado o más o menor radicalmente, el poder de las derechas oligárquicas.
Señalemos solamente dos organizaciones que organizan los ataques mediáticos de la derecha continental: la Organización Reporteros sin Frontera y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)… a estas se suman las ongs directamente financiadas por las agencias de cooperación de los Estados Unidos y la Unión Europea. Se entienden así que la campaña es continental y bien planificada.
La respuesta de los gobiernos afines a los movimientos sociales clasistas
En el lado contrario de esta lucha se entiende que la democratización de la comunicación pasa por la reconstrucción del espacio público (privatizado y vaciado durante dos décadas). Espacio que reúnan a medios estatales, regionales, educativos, universitarios, legislativos y comunitarios, y a usuarios y productores independientes de la comunicación. Los siguientes ejemplos prueban que esta es la línea de combate de los gobiernos y expresiones políticas afines a los movimientos sociales.
En Uruguay. La nueva ley de radiodifusión que regula y reconoce la existencia de un tercer sector en la radiodifusión: la radio y TV comunitaria.
En Argentina. La reciente creación del canal educativo y cultural Encuentros.
En México. La decisión de la Suprema Corte de Justicia de México contra la obscena ley de radio y televisión aprobada durante el gobierno Fox que intentó eternizar la licencia de concesión a los propietarios de la gran prensa en este país.
En Brasil. La decisión del gobierno de Brasil de avanzar hacia la conformación de una televisión pública nacional.
En Ecuador. La redacción de una nueva Constitución que podría establecer límites más claros y severos a los medios comerciales y ampliar posibilidades a los medios comunitarios y alternativos.
En Nicaragua. La nueva ley de acceso a la información que podría poner límites más rigurosos al tratamiento responsable de la información por parte de los periodistas y los medios comerciales
En Bolivia. El Proyecto de habilitar licencias, equipar y hacer funcionar centenares de nuevas radios comunitarias impulsado por el gobierno de Morales.
En Venezuela. Nuevas leyes y reglamentaciones elaboradas con el propósito de “democratizar la información y la comunicación”, han dado lugar a la creación de 193 medios de comunicación alternativos, 167 de ellos emisoras radiales y 28 estaciones de televisión. Así, la TV alternativa ocupa un 35,89% del espacio total y las radio comunitarias el 27,07%.
Futuro incierto
Lo que en el fondo de este escenario de confrontación subyace entonces es quien ocupa más espacios comunicacionales, sean estos radioeléctricos, impresos o ciberespaciales… estos espacios que hoy hegemonizan los poderes locales e imperiales pero que están siendo amenazados por los gobiernos progresistas y por la presión de los movimientos sociales.
Veremos qué pasa más adelante; si la derecha latinoamericana y sus organizaciones frenan el avance político y comunicacional de los movimientos sociales clasistas… o si estos profundizan aún más la democratización de los espacios de poder simbólicos.
[1] Este artículo fue expuesto en el panel debate sobre Medios, poder y libertad de expresión, realizado el pasado 27 de junio en el marco de la última Cumbre de los Pueblos desarrollado en el municipio de Lambaré.
