“Estos funcionarios y sicarios se dieron a la cobarde acción de ametrallar a los campesinos, mujeres, niños, ancianos y a los estudiantes normalistas con asiento en Filadelfia”, señala el informe de APDHB que fue al lugar a constatar, recoger testimonios de y brindar ayuda humanitaria en las poblaciones donde se produjeron estos hechos sangrientos.
La APDHB constató que en la carretera entre el puente de Cachuelita y Filadelfia, la maquinaria pesada del Servicio Departamental de Caminos cavó una zanja de 2 metros de profundidad con el fin de obstaculizar el paso de los campesinos.
De acuerdo a las conclusiones, en el sector los campesinos fueron emboscados y frente a esa arremetida, a fin de salvaguardar sus vidas, huyeron al monte y otros se lanzaron al río Tahuamanu donde fueron acribillados.
Los campesinos en su desesperación por no morir se lanzaron al río pese a que existen caimanes, víboras venenosas y otros peligros.
Sin embargo, señala “los campesinos que no lograron adentrarse al monte, ni lanzarse al río fueron aprehendidos por los funcionarios prefecturales de Leopoldo Fernández y cruelmente golpeados con palos, chicotes. Este acto de violencia no discriminó a mujeres embarazadas, ancianos y niños. Los testimonios desgarradores dan cuenta de asesinatos públicos como muestra de escarmiento”.
Según la denuncia de Derechos Humanos, los campesinos se dirigían a participar en un ampliado para hacer el Análisis social de la problemática del departamento; combustible; defensa de los recursos naturales y medio ambiente; análisis y redistribución de tierras fiscales; análisis de la autonomía regional e indígena originario campesinas y Asuntos varios.
“La convocatoria expresamente solicita a los participantes llevar cuchara, plato y caneco (vaso). El temario y los testimonios dan cuenta que en ningún caso la temática de la convocatoria implicaba llevar consigo armamento de ninguna naturaleza por parte de los campesinos”, señala el informe que Derechos Humanos hace a nivel nacional e internacional.
La APDHB recomendó que después de haber constatado en diferentes poblaciones de Pando amedrentamientos y amenazas de parte de hacendados, de funcionarios prefecturales y de sicarios brasileños, peruanos y bolivianos hacia la población campesina, el Gobierno tiene el deber ineludible de prestar todas las garantías y seguridad a las familias del departamento de Pando.
“La APDHB exige a las autoridades pertinentes (fiscalía) y al Gobierno a continuar la investigación y esclarecimiento sobre esta masacre, donde perdieron la vida hermanos campesinos y estudiantes normalistas, para establecer la responsabilidad intelectual y material de los hechos del 11 y 12 de septiembre, y aplicar el castigo con todo el rigor de la ley a los culpables y lograr justicia para las víctimas”, señala una de las conclusiones.
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) informa que se hizo presente en la ciudad de Cobija, departamento de Pando, para establecer lo ocurrido el luctuoso 11 y 12 de septiembre del presente año.
1.- Que los campesinos organizados en la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando, afiliada a la CSUTCB y a la COB en uso a sus legítimas atribuciones, convocaron el 5 de septiembre del 2008 a un Ampliado Departamental de Emergencia para los días 13 y 14 a las 08.00 en la ciudad de Cobija.
“Como es de conocimiento público, a dichos ampliados suelen asistir el conjunto de grupos familiares pertenecientes a las organizaciones sindicales campesinas.
2.- Durante el traslado los dirigentes y bases fueron interceptados en Tres Barracas, a 3 Km de la localidad de Porvenir por funcionarios de la Prefectura del Servicio Nacional de Caminos (Sedcam) y del Comité Cívico, apoyados por sicarios brasileños, peruanos y bolivianos, que portaban armas de pesado calibre y metralletas.
Estos funcionarios y sicarios se dieron a la cobarde acción de ametrallar a los campesinos, mujeres, niños, ancianos y a los estudiantes normalistas con asiento en Filadelfia.
3.- Que después de haber constatado en diferentes poblaciones de Pando amedrentamientos y amenazas de parte de hacendados, de funcionarios prefecturales y de sicarios brasileños, peruanos y bolivianos hacia la población campesina, el Gobierno tiene el deber ineludible de prestar todas las garantías y seguridad a las familias del departamento de Pando.
La APDHB exige a las autoridades pertinentes (fiscalía) y al Gobierno a continuar la investigación y esclarecimiento sobre esta masacre, donde perdieron la vida hermanos campesinos y estudiantes normalistas, para establecer la responsabilidad intelectual y material de los hechos del 11 y 12 de septiembre, y aplicar el castigo con todo el rigor de la ley a los culpables y lograr justicia para las víctimas.
Exigimos al Gobierno, a los operadores de la justicia y de la policía a tomar todas las medidas preventivas aconsejables, a fin de evitar que sucesos tan dolorosos vuelvan a repetirse”, finaliza el informe firmado por Rolando Villena, presidente de la APDHB, y Verónica Sánchez, Secretaria General.
