La soberanía alimentaria es un principio, un derecho y un legado de las mujeres rurales, los campesinos, trabajadores rurales, Pueblos Indígenas y Pescadores, que fue adoptada por los movimientos sociales para la construcción de una nueva sociedad, de una nueva forma de comprender las relaciones políticas, el desarrollo, los derechos humanos, la democracia y la forma de producir y mantener los alimentos y los sistemas alimentarios, en un mundo que se desangra día a día por la vergüenza que significa 81 millones de personas en extrema pobreza, 52 millones de subnutridos y 854 millones en el mundo entero.
En Brasilia, Brasil, entre los días 10 y 13 de abril de 2008, el Comité Internacional para la Soberanía Alimentaria CIP (Coordinación Regional América Latina y El Caribe) facilitó la realización de la Conferencia Especial para la Soberanía Alimentaria, por los Derechos y por la Vida que antecedió a la 30ª Conferencia Regional de la FAO.
Provenientes de 20 países, nos reunimos representantes, hombres y mujeres, campesinos, trabajadores rurales, pescadores artesanales, Pueblos Indígenas, Redes y ONG´s, involucrados en la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación, para analizar aspectos tales como el desarrollo económico y social de América Latina, el modelo industrial de agricultura y pesca y sus efectos climáticos y sociales, y las alternativas basadas en la soberanía alimentaria. La Conferencia Especial también tuvo como objetivo dar seguimiento a la Cumbre Mundial de la Alimentación: 10 años después, al Foro Mundial de Soberanía Alimentaria de Nyéléni; a la Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR); elaborar recomendaciones para la 30ª Conferencia Regional de FAO; así como construir un plan de acción de la sociedad civil fortaleciendo y desarrollando alianzas estratégicas.
Afirmamos que la soberanía alimentaria es un principio, una visión y un legado construido por los Pueblos Indígenas, Campesinos, Pescadores, las mujeres, jóvenes y trabajadores rurales que se ha convertido en una plataforma aglutinadora de nuestras luchas y en una propuesta para la sociedad toda.
El hambre y la pobreza, no son producto de la casualidad, sino de un modelo que viola el derecho a la vida digna de las personas y de los pueblos, acrecentando la subordinación de la mujer, explotando su trabajo e invisibilizando su aporte social, económico y cultural. A pesar de la evidencia en todo el mundo de los nefastos efectos del modelo neoliberal, el sistema internacional, los gobiernos y las multinacionales insisten en someter al planeta a un desarrollo que agota las posibilidades mismas de la vida.
La liberalización económica, como único camino para el desarrollo, impulsado por la agenda corporativa neoliberal, es directamente proporcional al crecimiento de la pobreza y el hambre en la región. La debilidad de los gobiernos de la región para atacar frontalmente estos flagelos, para profundizar la democracia y la participación, para detener las tecnologías que atentan a la vida, ha reducido a las personas a meros agentes productivos, sin historia y sin rostro.
Mientras que las consecuencias del cambio climático confirman las responsabilidades de las corporaciones transnacionales y los países del Norte se benefician de las soluciones de mercado, establecidas en el marco de las negociaciones de la Convención de Cambio Climático y la complicidad de la mayoría de los gobiernos, el planeta, la tierra, los océanos y los ecosistemas que mantienen la vida, están en riesgo como nunca antes en la historia de la humanidad.
En el momento actual, nos encontramos ante la disyuntiva de promover un modelo basado en los agronegocios, en la pesca de gran escala, orientados a la exportación y para lucro de unos cuantos, o bien promover una agricultura campesina, indígena y familiar, con su diversidad de sistemas productivos basada en relaciones de género justas, en la enorme riqueza de conocimientos y prácticas acumuladas por generaciones de hombres y mujeres que busca la producción de alimentos y el bienestar sostenible de las personas.
De esta forma, la Conferencia Especial interpela a los gobiernos y a la FAO en su 30ª Conferencia Regional sobre el papel que les compete en la protección del derecho a la alimentación.
Causas reales de la pobreza y el hambre
La presión que ejercen las corporaciones y los consorcios industriales sobre las comunidades y pueblos, los gobiernos y el sistema de Naciones Unidas, es el resultado de la aplicación sistemática de un esquema económico a escala mundial, regional y nacional. Con ello pretenden asegurar el control global sobre la naturaleza, el conocimiento y los alimentos de los pueblos y garantizar así su hegemonía política, económica y militar.
Ante esta ideología y modo de explotación del planeta, las mujeres y los hombres representantes de los movimientos sociales:
– Afirmamos que los sistemas tradicionales de producción de alimentos constituyen un derecho de los pueblos y son patrimonio de la humanidad. No pueden ser gestionados bajo la lógica de la Organización Mundial del Comercio.
– Rechazamos la concentración de la tierra, bosques y agua de los pueblos en manos de las multinacionales lo que conduce a una guerra por los alimentos y abre la posibilidad del control político sobre las naciones. La mercantilización de la tierra impulsada por el Banco Mundial, que ha dado como resultado una vez más la concentración y la extranjerización de la tierra, es una de las mayores causas de la expulsión de campesinos y Pueblos Indígenas de sus tierras y territorios. Asimismo, las comunidades de pescadores artesanales son expulsadas de la zona costera y ven sus derechos limitados sobre las zonas marítimas. La tierra y los océanos, además de ser medios de reproducción, son espacios y ambientes de vida, de culturas y emotividad, de identidad y espiritualidad. Por lo mismo, no son mercancías, sino componentes fundamentales para la vida, a los cuales se accede por derecho, de manera inalienable e imprescriptible.
– Rebatimos el argumento sobre la ineficiencia e incapacidad de los sistemas tradicionales de la agricultura familiar campesina, la pesca artesanal y de los modos de producción de los pueblos indígenas para responder a las necesidades crecientes de producción de alimentos. Este argumento pretende justificar una agricultura sin campesinos, una pesca sin pescadores y un territorio sin pueblos indígenas en América Latina.
– La crisis del modelo dominante de producción y distribución de alimentos se refleja hoy, en la especulación a gran escala de los mismos y en el alza injustificada de los precios. La violencia con que son reprimidos los pueblos, como los hechos suscitados recientemente en Haití y en otras partes del mundo, constituye un síntoma evidente de un problema estructural que, si no es encarado de manera inmediata por los gobiernos, a través de políticas públicas adecuadas, puede convertirse en una situación explosiva. Advertimos que esto no puede convertirse en excusa para el uso de transgénicos, plaguicidas y de tecnologías que reproducen este modelo de producción.
– Señalamos que el calentamiento global y el cambio climático son consecuencias del mismo modelo que hemos descrito. En junio de 2008, en Roma, la FAO ha convocado a una Conferencia de Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria y los Desafíos del Cambio Climático y la Bioenergía. Reclamamos la necesidad de contar con la presencia de las organizaciones y movimientos sociales, para que representantes de los/as pequeños/as productores/as de alimentos estén allí presentando directamente sus propuestas. Los/as agricultores/as campesinos/as, los pueblos indígenas y las comunidades de pescadores artesanales son actores clave para hallar soluciones al calentamiento global y el cambio climático. Urgimos a los gobiernos y a la FAO a asumir sus responsabilidades frente a las consecuencias de esta crisis.
Hacemos hincapié que la ausencia de derechos es directamente proporcional al aumento de la pobreza, el hambre y la exclusión. La falta de soberanía alimentaria compromete gravemente la soberanía de los propios estados.
La Conferencia Especial declara:
– La recuperación de la autonomía y la soberanía alimentaria, cultural y política para los pueblos requiere de políticas y programas que fomenten la producción de la agricultura campesina e indígena, la pesca artesanal y el trabajo de las recolectoras, como garantía para acceder a alimentos inocuos, nutritivos y suficientes, y como un aporte económico fundamental en el sostenimiento de las sociedades actuales.
– La Soberanía Alimentaria debe reconocerse como la forma de ejercer el Derecho Humano a la Alimentación y el Derecho de Libre-determinación de los Pueblos. Los gobiernos tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar estos derechos. Es inadmisible que la implementación del marco jurídico que garantiza el derecho humano a una alimentación adecuada sea impuesto sin la participación efectiva de los ciudadanos. Instamos a la FAO a que desarrolle consultas reales que establezcan consensos entre los gobiernos y la sociedad civil para la construcción de leyes de soberanía y seguridad alimentaria.
– Rendimos tributo a la hoja de coca que ha sido utilizada por milenios por los Pueblos Indígenas de los Andes y que forma parte de su patrimonio cultural. Rechazamos que la hoja de coca sea declarada como cultivo ilegal y que se criminalice por este motivo a las comunidades de campesinos e indígenas, en lugar de perseguir a los verdaderos responsables del tráfico de narcóticos que se esconden detrás del sistema financiero internacional, involucrando incluso altas esferas políticas y militares.
– Es imperativo que los gobiernos de la región den cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Llamamos a la FAO a promover su implementación en los diferentes países de la región.
– Los representantes expresan su más enérgico rechazo a la generación, desarrollo y uso de agrocombustibles y toda la generación de energía a través de la biomasa, tal como viene siendo promovida por gobiernos, corporaciones, agencias de ayuda, las Naciones Unidas, las instituciones financieras internacionales y demás agentes interesados en su producción a gran escala y en su comercio internacional. El desarrollo y uso de agrocombustibles no cambia, sino que perpetúa el modelo de producción y consumo de la civilización moderna, urbana e industrial. Resulta imperativo que se apruebe la moratoria sobre agrocombustibles. Del mismo modo, el desarrollo e imposición de organismos genéticamente modificados, que acompañados de un paquete tecnológico basado en plaguicidas han ido reemplazando sistemáticamente los cultivos tradicionales, volviendo cada vez más precaria y dependiente la vida de los pueblos. Cabe también responsabilidades a los medios masivos de comunicación y multimedia que manipulan, falsean, ocultan o tergiversan la información promoviendo este tipo de desarrollo.
– La necesidad de valorar y promover a la agroecología como único modo de producir alimentos de alta calidad, respetando a los ecosistemas y reconociendo los conocimientos de los agricultores familiares, campesinos e indígenas.
– Es urgente que los gobiernos garanticen que la FAO recupere su mandato original y facilite el mantenimiento y la recuperación de los modos tradicionales de producción de alimentos asegurando con ello el bien-estar de los pueblos. La FAO, no debe ser reducida a un órgano técnico intergubernamental, sino que puede y debe ser un agente activo en la lucha contra el hambre y la pobreza creando un entorno propicio para un diálogo eficaz de alto nivel entre los gobiernos y los movimientos y organizaciones sociales; y comprometiéndose de manera prioritaria con la realización del derecho a la alimentación en el marco de la soberanía alimentaria.
– Reiteramos que la FAO y los gobiernos deben dar seguimiento, en forma efectiva, comprometida y eficaz, a los compromisos adoptados en la Declaración de la Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, CIRADR. No es aceptable que el seguimiento se limite al financiamiento de una serie de estudios, monitoreos y consultas de orden técnico. La Reforma Agraria, comprendida en la Declaración final de la CIRADR, requiere de acciones concretas, del apoyo para la generación de políticas publicas, visión de estado y compromiso de los organismos internacionales. De este modo, resulta imperativo crear un mecanismo de alto nivel para que haya un diálogo político permanente con los movimientos y organizaciones sociales rurales en el seno de la Conferencia Regional y de los Comités de Seguridad Alimentaria y Agricultura, con el fin de definir las políticas publicas y acciones a tomar y para vigilar regularmente el estado de implementación de los compromisos adquiridos en la declaración final de la CIRADR. Con respecto a los dos TCP regionales, proponemos que la FAO convoque a una mesa de trabajo al CIP y a representantes de movimientos sociales campesinos, mujeres rurales, indígenas, trabajadores rurales, pescadores y jóvenes para concretar el diseño y la implementación de los TCP; y para analizar propuestas como la de las Directrices por el Derecho a la Tierra o la creación de un centro de reforma agraria.
– Los gobiernos deben asegurar que en el proceso de reforma de la FAO se mantenga una arquitectura de género permanente, con presupuesto suficiente y con los debidos mecanismos participativos, de consulta y toma de decisiones.
– Los y las representantes hacen público su reconocimiento al Ministerio de Desarrollo Agrario –MDA- y al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, por su apoyo para la realización de esta Conferencia Especial; y sin cuyo concurso no hubiera sido posible, perdiéndose un mecanismo político imprescindible para el diálogo entre los gobiernos y los movimientos y organizaciones sociales, cuestión que hubiera sido extremadamente grave considerando que en la 30ª Conferencia Regional de FAO se discutirán precisamente materias relacionadas con el desarrollo regional y con el seguimiento de la CIRADR.
Finalmente, la Conferencia Especial demanda a los gobiernos representados en la 30ª Conferencia Regional:
1.- Detener la criminalización de los movimientos sociales y terminar con la militarización de los territorios de los pueblos y comunidades. Esta Conferencia manifiesta su solidaridad con todos los hombres y mujeres del mundo, que por sus luchas se encuentran en las cárceles.
2.- Declarar inmediatamente una moratoria sobre todos los incentivos agrocombustibles.
3.- La concreción de una Reforma Agraria integral, radical, con la debida consulta y el consentimiento libre, previo e informado de los Pueblos y las comunidades.
4.- La inmediata ratificación por gobiernos del Convenio 184 de la OIT referente a la salud y seguridad de los trabajadores rurales por los derechos y por la vida.
5.- Instamos a que los gobiernos de la región y la FAO en particular adopten medidas urgentes en orden a restablecer los sistemas alimentarios nacionales de Haití que permitan al pueblo recuperar su autonomía.
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Minga Informativa de Movimientos Sociales
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