Nueve aos despus de la promulgacin de la ltima ley de reforma agraria en Bolivia, slo se logr regularizar 17 por ciento de 107 millones de hectreas previstas, lo que representa una “bomba de tiempo” social y poltica, afirmaron investigadores consultados por Tierramrica.
Son “frustrantes” los resultados de la ley 1.715 de 1996, que cre el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) con el fin de regularizar la distribucin de tierras, otorgar ttulos de propiedad a predios comunitarios de pueblos indgenas y eliminar el latifundio improductivo, segn el director del Centro de Estudios e Investigacin Social (Cejis), Carlos Romero.
De un total de 107 millones de hectreas a regularizar, slo se culmin el procedimiento de 17 por ciento, est en proceso 29,4 por ciento y resta 53,3 por ciento.
“Todos los gobiernos fueron negligentes en la conduccin de la reforma agraria. Las dictaduras militares se destacaron por la distribucin gratuita y arbitraria de tierras, especialmente en el oriente, para pagar apoyos y lealtades polticas”, seala un documento de la Fundacin Tierra, cuyo director, Miguel Urioste, fue uno de los autores de la ley.
Bolivia tiene historia en materia de lucha por la tierra. La reforma de 1953, uno de los reclamos de la revolucin de 1952, se inspir en el proceso agrario mexicano iniciado 35 aos antes. Pero qued inconclusa y caus distorsiones, creando el minifundio en el altiplano y valles occidentales (con predios de menos de dos hectreas) y la instalacin de latifundios en las zonas tropicales del oriente (hasta de 50 mil hectreas).
Este pas andino tiene una superficie de 109,8 millones de hectreas, o algo ms de un milln de kilmetros cuadrados. Entre 1953 y 1992 se distribuyeron 60 millones hectreas, 88 por ciento de las cuales benefici a empresarios, la mayora en los llanos tropicales, y 10 por ciento a indgenas y campesinos de los valles y el altiplano occidentales, explic Romero.
De los nueve millones de bolivianos, tres millones habitan zonas rurales.
En 1992, el gobierno decidi intervenir los viejos mecanismos de reforma agraria, y en 1996 promulg la ley 1.715.
“La reforma est contrarrestada por polticas macroeconmicas y medidas de contra reforma, distorsin que constituye uno de los ejes centrales de los conflictos sociales y polticos que polarizan al pas”, dijo Romero.
Para Pablo Regalsky, del Centro de Comunicacin y Desarrollo Andino (Cenda), “el proceso de contra reforma y concentracin de la tierra empez en 1967 y se aceler y profundiz desde la implantacin del ajuste estructural (neoliberal), en 1985”.
Segn Regalsky, “los gobiernos, presionados por el Banco Mundial, pretenden disponer de la poca tierra fiscal (cuatro millones de hectreas) para empresas forestales y petroleras, que a la vez actan en el terreno de la biopiratera, usurpando recursos genticos, desplazando de esas regiones, a ttulo de reas protegidas, a la poblacin nativa y campesina”.
Segn un estudio al que tuvo acceso a Tierramrica, realizado por el investigador del Cenda Ren Orellana, existen concesiones a entidades privadas para aprovechar recursos de biodiversidad, para investigaciones genticas de la industria biotecnolgica, administracin de parques nacionales y hasta la venta de certificados de dixido de carbono.
Simultneamente, hay ms de 200 demandas de regularizacin de las tierras comunitarias indgenas (54 en el trpico y 160 en la zona andina) que suman 34 millones de hectreas. En los ltimos nueve aos, se titularon solo cinco millones.
“Al no efectivizarse la reversin de latifundios, la dotacin de tierras fiscales identificadas, ni la implementacin de programas de asentamientos humanos, como se pact en 1996, surgi la violencia por la tierra, crendose grupos de inconformes como el Movimiento Sin Tierra (MST), lo que ha suscitado casos paradigmticos de confrontacin violenta”, sostuvo Romero.
Orellana observa que “cada vez ms violentos y generalizados son los conflictos agrarios en Bolivia. Los campesinos e indgenas sin tierra han estado protagonizando tomas de tierras, poniendo en cuestin la legislacin y la institucionalidad vigente por la lentitud en la resolucin de un problema que se convirti en una bomba de tiempo”.
El MST boliviano se fund en 2000, inspirado en el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, que surgi en 1980. Cuenta con cinco mil afiliados y tiene en jaque al Estado invadiendo tierras privadas, particularmente en el trpico, y provocando la ira de los empresarios agropecuarios.
Los investigadores consultados por Tierramrica coinciden en que la Asamblea Constituyente, convocada para julio de 2006, ser el escenario donde la discusin sobre la tierra puede convertirse en el taln de Aquiles de la refundacin institucional del pas.
Los representantes indgenas y campesinos quieren que la demarcacin y distribucin de tierras se relacione con el concepto de territorio, una jurisdiccin poltico-administrativa autnoma indgena que no slo incluye la propiedad del suelo, sino del subsuelo, del aire y de todos sus recursos naturales.
El tema estar en el centro del debate de cara a las elecciones presidenciales del 18 de diciembre, donde uno de los candidatos favoritos es el lder indgena y cocalero Evo Morales, apoyado por amplios sectores de los campesinos sin tierra.
Regalsky advirti que los sectores ms conservadores, particularmente los latifundistas del trpico, se resistirn porque el triunfo de las tesis indgenas significara otra reforma agraria que afectara a grandes empresas ganaderas, agrcolas y forestales.
Para desactivar la “bomba de tiempo” debe retomarse el proceso agrario, acelerar el saneamiento de tierras, revertir los latifundios improductivos y dotar de tierras fiscales a los sectores excluidos, opinaron los expertos.
