Ya son veinte las veces que se reúne la región Centro-Pacífico del Congreso Nacional Indígena (cni). Los delegados de pueblos, naciones y tribus de distintas regiones del norte, centro y sur se juntaron en las laderas de Awatsait+a (o Ciénega de los Caballos), convocados por las autoridades tradicionales de la comunidad wixárika de Tuapurie los días 8 y 9 de marzo. Fue a la intemperie, lo cual acentuó su carácter de sesión de trabajo según lo entienden los hombres y las mujeres del campo. Si bien la razón de este encuentro urgente fue la lucha de la comunidad wixárika contra una carretera abusiva e innecesaria que le quieren imponer la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Turismo y el gobierno panista de Jalisco, el CNI discutió las decenas de luchas y resistencias también urgentes en todo el país.
El Pronunciamiento de Tuapurie, producto de dos días de deliberaciones y conversaciones colectivas, denuncia los megaproyectos en regiones indígenas, como los corredores eólicos en el Istmo de Tehuantepec que afectan a pueblos ikoot, ayuuk, zoque y binizá en Oaxaca y el territorio kumiai en Baja California, los gasoductos y regasificadoras costeras, la explotación minera, turística y de la biodiversidad en la sierra de Manantlán y en todo el país “que destruyen la madre tierra y la cultura de nuestros pueblos”.
Se analizó la difícil situación de los pueblos por la represión y la criminalización de la lucha social, ligadas a las estrategias de seguridad del gobierno de Estados Unidos “para proteger sus intereses y los del capitalismo, asumidas incondicionalmente por el gobierno mexicano”.
Se ha intensificado la guerra de exterminio contra las comunidades zapatistas y el EZLN en Chiapas. Esa guerra incluye la ocupación violenta por parte del Ejército federal, los intentos de despojo mediante procedimientos agrarios amañados, supuestos proyectos de conservación ecológica en la Selva Lacandona y la reactivación de acciones paramilitares.
La solidaridad del CNI abarca las luchas del pueblo nahua en el occidente, como en Ayotitlán, Jalisco, para frenar el despojo y la depredación por la explotación minera del Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada, Los Juanes, La Gallina e Imán. También las comunidades nahuas de la Costa de Michoacán se oponen al despojo por transnacionales mineras como Ternium y las inmobiliarias hoteleras. La asamblea rechaza el desastre que en la Mesa de Palmira y La Tesorera, comunidades caxcanes, realizan mineras canadienses con participación del gobierno de Zacatecas.
“Exigimos del Tribunal Unitario Agrario una sentencia que reconozca los derechos históricos de la comunidad de Ostula en su litigio con la supuesta pequeña propiedad. Rechazamos los proyectos de Ruta Arqueológica y Tuxpan, Pueblo Mágico que mercantilizarán la cultura indígena. Manifestamos nuestro apoyo al pueblo coca de Mezcala en la defensa de su isla y el territorio invadido por el empresario Guillermo Ibarra”, añade el Pronunciamiento.
“Demandamos la liberación inmediata e incondicional de nuestros presos
políticos y el retiro del Ejército y los grupos paramilitares
de todas las regiones indígenas”
