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MÉXICO, 20 oct (IPS) –
El conflicto cumplió 151 días. Los observadores sostienen que su continuación se debe a la debilidad política del gobierno y a los compromisos que tejen el gobernante y conservador Partido Acción Nacional (PAN) y el histórico Partido Revolucionario Institucional (PRI), con miras a la administración que iniciará en diciembre el presidente electo oficialista Felipe Calderón.
Aunque en gran parte de Oaxaca el gobierno estadual ya no despacha, los tribunales de justicia trabajan de forma irregular y la policía está ausente, el PRI y el PAN, los dos partidos mayoritarios en el Senado, decidieron el jueves no declarar la desaparición de los poderes públicos en ese estado y mantener como gobernador a Ulises Ruiz, del PRI.
La demanda central de la Asamblea de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que aglutina a la población movilizada de ese distrito, es precisamente la destitución o renuncia de Ruiz, a quien se acusa de corrupción, autoritarismo y de ejercer represión ilegal contra opositores y movimientos sociales del estado, uno de los más pobres de México.
“La decisión del Senado es una vergüenza, así que se mantiene el conflicto con el riesgo de acciones de violencia” y la exigencia de que Ruiz deje el cargo no será retirada, señaló a IPS Florentino López, portavoz de la APPO.
En el dictamen de los senadores, acordado tras una sesión de más de cuatro horas, se reconoce que Oaxaca vive una crisis de grandes dimensiones y que la permanencia de Ruiz no es conveniente. No obstante, y argumentando preceptos jurídicos, los legisladores se negaron a declarar la desaparición de poderes.
Convencidos de la debilidad de Ruiz y del descrédito social que acumula, legisladores del PAN y funcionarios del gobierno de Fox ejercen fuertes presiones sobre el gobernador, elegido en 2004, a través de emisarios, reuniones y llamadas telefónicas, para que renuncie o pida licencia, según pudo saber IPS.
“No queremos problemas con el PRI por este asunto de Oaxaca y sabemos que en ese partido tampoco quieren ya a Ruiz. Lo mejor es que el gobernador pida licencia y deje libre el camino”, dijo a IPS una fuente cercana al gobierno de Fox.
El mandatario ha prometido que no dejará en herencia el conflicto de Oaxaca a su correligionario Calderón, y advierte que incluso podría usar la fuerza policial contra la APPO.
Para el mandatario electo al que el izquierdista Partido de la Revolución Democrática —la segunda fuerza política legislativa— considera triunfador por un fraude electoral, es esencial mantener una alianza con el PRI.
Calderón se ha reunido en varias ocasiones con dirigentes de esa colectividad, y es posible que en su gabinete incluya a varios dirigentes del PRI, según él mismo ha declarado.
Pero el conflicto en Oaxaca se mantiene como una piedra en el zapato de esos planes, pues los gobernadores que pertenecen al PRI —17 de los 32 estados de México— exigen que Ruiz se mantenga en el cargo.
Si el cuestionado gobernador es destituido, se erigiría como precedente funesto para el resto de sus pares e incluso para Calderón, al que la izquierda amenaza con impedir que tome posesión, declaró el senador del PRI, Jesús Murillo.
El gobierno de Fox y los legisladores han demostrado una incapacidad absoluta para enfrentar la crisis de Oaxaca, ya sea por omisión o por tener acuerdos oscuros, opinó el columnista del diario Reforma y del semanario de izquierda Proceso, Miguel Granados.
El conflicto en ese estado, gobernado por el PRI desde inicios del siglo pasado sin interrupciones, se desató en mayo cuando el sindicato local de maestros paralizó sus actividades y realizó protestas, instalando un campamento en la capital de ese distrito, en demanda de mejoras salariales.
En junio, Ruiz intentó sin éxito disolver la protesta con una acción policial. Tras ese acto, en el que se usaron armas de alto poder, el descontento social se disparó y de forma espontánea surgió la APPO, a la que además del sindicato de maestros pertenecen ahora otras 350 organizaciones sociales.
Desde entonces, la crisis ha ido en ascenso. La APPO ocupó las oficinas públicas y algunas radiodifusoras comerciales y tomó las calles y plazas de Oaxaca para exigir la salida de Ruiz.
Mientras, el gobierno federal entabló negociaciones con esa organización y prometió al sindicato de maestros mejoras salariales. El segundo aspecto llegó a buen puerto, pero luego de que el conflicto escaló a sus niveles actuales.
El líder de la llamada Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Enrique Rueda, anunció el jueves que sus 70.000 afiliados decidirían este fin de semana en una asamblea la fecha de regreso a clases. La paralización mantiene en vacaciones obligadas a 1,3 millones de niños y niñas oaxaqueñas.
El anuncio de fin de la huelga, que podría revertirse en la asamblea, generó descontento en la APPO. El jueves y este viernes, la radiodifusora oaxaqueña La Ley, tomada por esa organización, difundió mensajes contra Rueda y exhortó a los maestros a mantenerse en lucha.
“Nosotros somos respetuosos de lo que decidan los maestros en su asamblea, pero advertimos que las protestas seguirán de forma indefinida hasta que Ruiz (el gobernador) se vaya”, señaló López, portavoz de la APPO.
“No vamos a dejar en la impunidad sus crímenes, represión y corrupción”, apuntó.
El miércoles fue baleado en Oaxaca el profesor Pánfilo Hernández, llevando a 10 las víctimas del conflicto, la mayoría de ellos miembros de la APPO. Los responsables de estos crímenes son al parecer soldados y policías vestidos de civil, además de sicarios contratados por autoridades de Oaxaca, según organizaciones de defensa de los derechos humanos.
Otras víctimas fueron Marcos García y Andrés Santiago, Pedro Martínez y Pablo Martínez, los tres últimos integrantes del Movimiento de Unificación Trique Independiente y de la APPO, y asesinados también con armas de fuego.
Además, fueron muertos el maestro Jaime René Calva, el mecánico José Jiménez, Lorenzo San Pablo, Arcadio Hernández y Alejandro García.
Habitantes de Oaxaca y simpatizantes de la APPO han detenido por su cuenta a presuntos delincuentes, policías y empleados de oficinas públicas y los han golpeado y exhibido en las plazas semidesnudos.
“A nadie escapa que Oaxaca atraviesa por una crisis política-jurídica de proporciones mayores, misma que ha afectado gravemente la vida institucional y el ejercicio pleno de los derechos y prerrogativas de los ciudadanos”, indicaron la mayoría de los senadores en su pronunciamiento del jueves.
Además, señalaron que la permanencia de Ruiz “no otorga las condiciones suficientes que coadyuven a la establecer la normalidad”.
Sin embargo y a pesar de ello, concluyeron que no cabía declarar la desaparición de los poderes públicos. Por tanto, el gobernador Ruiz sigue en el cargo.
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