En este momento en Paraguay, gremios de la comunicación comunitaria y educativa trabajan para presentar el recurso de inconstitucionalidad contra lo aprobado por el Parlamento paraguayo el martes pasado. Los legisladores de ambas cámaras, a iniciativa de los propietarios de radios comerciales, aprobaron modificaciones a la actual Ley de Telecomunicaciones, que apuntan a ahogar aún más el funcionamiento de las radios comunitarias.
En contravención con lo que dicen la Constitución Nacional y los convenios internacionales firmados, las modificaciones logradas por los empresarios, diputados y senadores delimitan ¡por ley¡ en 50 vatios la potencia de las radios de las comunidades, prohíben que reciban cualquier tipo de publicidad para su sostenimiento y pasan al ámbito penal los conflictos que puedan haber en torno al espectro, incluyendo la pena de cárcel. Para ellos es una gran oportunidad para limpiar el espectro y conquistar nuevos espacios comerciales.
Ahora el Poder Ejecutivo, que había vetado la ley hace unos meses, deberá encargarse de promulgarla. Así quedan completamente vulnerables las frecuencias de organizaciones campesinas, de cooperativas, de comunidades indígenas y de barrios populares. Y desde ya, cualquier fiscal, de oficio o a pedido de incluso el más inescrupuloso empresario de radio comercial, puede empezar a hostigar a las salas de transmisiones.
Se descuidó la conquista acumulada durante años
Ahora hablemos desde nuestros campamentos. Lo ganado hasta ahora para las radios comunitarias en Paraguay no fue un regalo de nadie, fueron conquistas que se le disputaron de las manos a los poderes fácticos durante años de lucha de las comunidades, como mínimo 20 años. Y una conquista, si se descuida, se va perdiendo. De hecho que en este país hay síntomas de un rearme de algunas prácticas políticas profundamente anti-populares y autoritarias.
Lejos estamos de aquellos tiempos en que gremios de radios populares y organizaciones se deslizaban a las calles ante la primera intención de que se les restrinja sus señales; o aún más, en acciones ofensivas para defender las ocupaciones del espectro radioeléctrico ante una ley injusta. Hoy se vive un presente distinto, con nuevos tipos de articulaciones y con el reumatismo de la desmovilización, que nos remite a una desmovilización mayor, principalmente de los sectores campesinos del país.
Desde la subida de Fernando Lugo y su equipo de gobierno, los actores de las radios comunitarias, en menor o mayor grado, han canalizado todas sus reivindicaciones a través de los órganos de este gobierno. Y esto resultó ser de doble filo: las comunitarias abandonaron la movilización confiando toda la tarea reivindicativa a las instituciones del “gobierno compañero”, y el “gobierno compañero” no pudo avanzar en sus buenas intenciones por no contar con una fuerza que empuje desde abajo.
Sumamos a este contexto un error fatal del ala progresista moderada del gobierno, que –a pesar de varias advertencias del gremio comunitario- pasó aportes a las radios de las comunidades cuando (aunque es totalmente legítimo) el reglamento vigente no lo permitía. Esto desencadenó una furiosa reacción de los empresarios de la comunicación y el despliegue de sus representantes en el Parlamento. Un proceso que hoy tiene un punto límite.
En frente se nos abren muchos escenarios. Además de estas modificaciones de la actual ley, otro legislador del partido del General autoritario Lino Oviedo, inició una serie de reuniones con empresarios para la reformulación total de una nueva ley de Telecomunicaciones. Las organizaciones populares, gremios, comunidades, cooperativas y actores afines a la democratización, que en muchos casos estaban un poco abandonadas, empiezan a estudiar estrategias y a vivir un reverdecimiento de la movilización social.
Este año 2011 será de definiciones, porque según anunciaron actores populares de la comunicación, se dispararán debates sobre una nueva ley de radiodifusión, una ley de medios y otra que prohíba al Estado dar publicidad a las empresas de comunicación que violan los derechos laborales de sus trabajadores. Fuera de lo legal, la gran tarea pendiente de los medios populares de comunicación es existir en el espectro y aportar a la democracia de la información generando contenido fresco y alternativo.
por: Jorge González Solís, Comunicador paraguayo
